La Constitución de 1991 implantó en la descentralización por servicios, el modo de otorgar facultades autónomas administrativas al sector privado en la prestación de servicios públicos. Desde el 2000 dispensó a Electricaribe —filial de la española FENOSA— la comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y la Guajira.
Electricaribe avizoró un panorama propicio para usar la regalada potestad y atropelló a los usuarios cumplidores, codiciando contrapesar el consumo ilegal de ciertas comunidades marginales, y rescatar para sí los inferidos valores de pérdida, urdiendo sanciones abusivas, onerosas y disfrazadas en la tiránica premisa acusatoria: “Energía consumida dejada de facturar” y otras, que fueron ingeniando al amparo de actos administrativos, bajo el chantaje de “paga ya, o se le corta el servicio”.
El suscrito escribió en junio 28 de 2015: “Las cosas en derecho como se hacen se deshacen, solo que para aniquilar el abuso de Electricaribe con los usuarios, el Estado colombiano debe acometer potestativamente imposiciones jurídicas y económicas trascendentales para romper el esquema operativo de aparente legalidad en que se amparan estos mañosos consignatarios de las necesidades ciudadanas”.
El 13 de julio 2015, el Dr.Evelio Daza, en campaña política, notificaba con marcada vehemencia “El primero de enero si soy alcalde de Valledupar profiero un decreto para acabar con los abusos de Electricaribe, el del cartel de los medidores, porque antes que alcalde soy un líder social y voy a encabezar los movimientos de protesta, para demostrarle a la ciudadanía que quien debe responder ante la comunidad por el acceso de servicios públicos es el alcalde y no la Superintendencia de Servicios Públicos”, ¡lástima que no lo pudo demostrar!
Por la misma época el exministro Amilkar Acosta, aseguró: "Electricaribe, está al borde de la quiebra con una deuda prácticamente impagable de 2 billones de pesos, sin embargo, pese a esos niveles de deuda ni siquiera insinúan desligarse del negocio".
El columnista regional, Luis Elkis Diaz en agosto 8 de 2016 recalcaba: “El clamor en la Región Caribe, invoca que el Gobierno Nacional intervenga a Electricaribe, en este momento seguiremos esperando, pues no dirían que es un acto soberano, sino la cuota inicial de procesos de expropiación, pero tarde o temprano es menester”.
Desde tiempo atrás, la comunidad venía requiriendo al gobierno una solución a la ambigua actuación de arbitrariedad. Ahora ha llegado la decisión de sacarla del contexto prestacional de servicios públicos. En marzo del 2017, después de la intervención administrativa, el timorato superintendente ordenó la liquidación, pues no podrían hacer las inversiones necesarias para mejorar la prestación del servicio y aseveró que “ya se tiene lista la valoración de la empresa y se entregará en subasta, al proponente con la oferta de mayor valor por Electricaribe”.
Lo acusado hoy, es que ni la intervención, ni el destape de la pésima situación financiera, ni el cobro coactivo a los fantasmagóricos deudores comerciales, ni la demanda de Fenosa por US$ mil millones ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas (UNCITRAL), ni los publicitados foros temáticos, han logrado dar un vuelco favorable al deficiente servicio que se sigue prestando, comparable con el peor que soporta África.
No se sabe si la enfermedad que se ensayó erradicar, resulta de menor calaña que el remedio aplicado, porque no se vislumbra un operador, capaz de asumir la transferencia técnica, administrativa, ni financiera y el Estado solo podrá exponer el atributo de manejar y controlar actuaciones, ineficazmente.
