Señoras y señores magistrados de la JEP Reciban nuestro saludo cordial. Pregunta la Jurisdicción Especial para la Paz qué hemos hecho por la reincorporación política, económica y social de los guerrilleros y por la implementación en general de los Acuerdos de La Habana. Nuestra respuesta es TODO; todo lo que ha estado al alcance de nuestras manos. Podemos asegurar que desde la firma misma del Acuerdo en la Sala de Protocolo del Palacio de Convenciones hemos exigido día y noche sin cesar, el cumplimiento de lo pactado de buena fe y sellado con la entrega de las armas rebeldes a la Primera Misión de Naciones Unidas.
Las actas de la CSIVI consignan las huellas de este esfuerzo permanente. No abusamos si colocamos como testigos a los Altos Comisionados Sergio Jaramillo y Rodrigo Rivera, a los exministros de Gobierno Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, al exministro de justicia Botero Gil, al doctor Rafael Pardo de la oficina del post conflicto, a la ex ministra de comercio y turismo María Lorena Gutiérrez, a la ex canciller María Ángela Holguín, al ex vicepresidente General Oscar Naranjo, y al propio ex presidente de la República Juan Manuel Santos. Por otra parte, los señores embajadores de Cuba y de Noruega que oficiaron en esas reuniones como garantes del proceso, así como los representantes de la Segunda Misión de la ONU que verifica el cumplimiento por parte del Estado de la reincorporación, también pueden dar fe de estos hechos.
Directamente, al menos en dos oportunidades, le propusimos al Presidente Santos la recuperación por guerrilleros de territorios degradados por la minería a través de la siembra de vetiver, el cual actúa como descontaminante y al mismo tiempo como fertilizante de suelos. Esto permite el rescate de la tierra para la agricultura y la siembra de bosques. Como complemento de esta idea le sugerimos una alianza para ayudar a saldar la deuda de 70 millones de toneladas de carbono, contraída por Colombia en Paris como aporte al esfuerzo mundial para contrarrestar el cambio climático. Posteriormente, con un grupo de empresarios europeos le propusimos, aprovechando el acuerdo de transferencia de tecnología recientemente firmado entre Colombia y Austria, la generación de energía a través de biomasa en los Espacios Territoriales. La biomasa procesada por pirólisis o quemado en seco emite CO2 neutro a la atmósfera, y como resultado del calor, produce electricidad y frío, así como biocarbón y fertilizantes. Todo ello genera empresa y recursos para financiar reincorporación y reparación de territorios afectados por el conflicto porque involucra a la población al configurar una economía circular para beneficio de todos. Nada de esto obtuvo luz verde a pesar de que alcanzamos a intercambiar sobre estructuración financiera. En este caso el Gobierno “ni rajó ni prestó el hacha”. No efectuó ningún desembolso para los proyectos productivos de la reincorporación ni facilitó que estos se autofinanciaran con trabajo y dinámicas propias.
Pensando en cómo echar a andar la reincorporación, en varias ocasiones planteamos a representantes del Gobierno la adjudicación de un globo de tierra en Ciudad Yarí, municipio de San Vicente del Caguán, para levantar en ese lugar una “Ciudadela de Paz” que congregara a ex combatientes de Caquetá, Nariño, Putumayo, Meta y Guaviare, a sus familias y a comunidades campesinas y étnicas de la región, rodeadas estas ciudadelas de diversos proyectos productivos; sin duda, también una buena manera de reparar a la población de las áreas afectadas por el conflicto y de tener a la gente trabajando honradamente y en paz. Pero al gobierno le faltó compromiso y decisión, si se tiene en cuenta que solo tenía que intervenir terrenos baldíos y predios que habían sido objeto de extinción de dominio.
Por distintas vías le hicimos llegar al Presidente Santos la idea de que antes de concluir su gobierno y como una señal fuerte de cumplimiento y de fortaleza del proceso, pusiera en marcha un piloto de titulación de tierras a campesinos en los términos consignados en el Acuerdo de Paz. Y para ello le sugerimos la región de El Pato, región histórica de la resistencia armada. Hubiese resultado muy fácil instalar allí una oficina de titulación, tal como lo habían ofrecido el ministro de agricultura Aurelio Iragorri y el doctor Miguel Samper de la Agencia Nacional de Tierras. Todo indica que los engorrosos trámites legales y burocráticos y el desgano del Estado dejaron pasar esta oportunidad de oro para el desarrollo de esa obligación.
También propusimos la creación de granjas que tenían como centro a pequeñas ciudadelas, todas ellas rodeadas de proyectos productivos de explotación piscícola, avícola, porcina, caprina, bovina, cultivos de pancoger y bosques de paulownia. Hubiese sido una opción práctica de reincorporación. Les entregamos proyectos de estas granjas para Espacios Territoriales, técnicamente bien diseñados, pero al señor Fiscal General, que ha actuado de muy mala fe contra la paz de Colombia se le ocurrió, con la DEA, en el marco de sus montajes judiciales extravagantes, que cuando Jesús Santrich habla de granjas se está refiriendo a “toneladas de coca para exportar a los Estados Unidos”. El Fiscal no puede presentar pruebas contra el negociador de las FARC porque no las tiene. Su actitud absurda e irresponsable es la que tiene al proceso de paz -el logro más trascendental de Colombia en los últimos tiempos- en penosa y triste agonía. Ojalá Dios lo perdone por sabotear la paz y por esa maldad dañina que destila su alma. Cuánto deseamos tener una justicia soberana que no se arrodille ni se quiebre ante potencias extranjeras.
Señoras y señores magistrados: varios proyectos productivos que hoy se desarrollan en algunos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, lo son gracias al contacto que hicimos con embajadores de la Unión Europea, que muy preocupados por el paquidérmico o nulo avance de la reincorporación aportaron generosamente los recursos financieros que requería su concreción. Así surgen grandes plantaciones de cultivos de maíz, girasol, pimentón maracuyá, tomate, piña, sábila, se ponen en funcionamiento estanques piscícolas, invernaderos y viveros, y se dan los primeros pasos para incursionar en ecoturismo. Con recursos cooperativos montamos talleres de fabricación de calzado, de muebles de hogar y prendas de vestir, panaderías y restaurantes. No nos hemos quedado con los brazos cruzados. El gran problema, como bien lo conoce la opinión nacional, ha sido el mercadeo de los productos.
Por otra parte, siempre intentamos sin mucho éxito llegar a acuerdos de asesoría y producción con empresarios nacionales de fedecacao, fedepanela y otros para desarrollar proyectos con participación de la antigua guerrilla y las comunidades. En Cambio, y gracias a su acertada valoración de la paz regional, algunos gobernadores facilitaron maquinaria pesada con la que hemos abierto y reparado un sinnúmero de vías, lo que ha favorecido a amplios núcleos de población campesina afectada por el conflicto. Hemos logrado construir puentes, refaccionar escuelas. No hemos dejado ni un instante de solicitar a las gobernaciones y municipios la extensión de redes que lleven la energía eléctrica al campo, de pedir el mejoramiento de las vías terciarias, instalación de puestos de salud. Incluso, expusimos ante altos representantes del Gobierno el proyecto de llevar conectividad a las regiones olvidadas y alejadas del corazón del poder central.
Paralelamente, como organización trabajamos con buenos resultados en Desminado Humanitario, y en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, esto último en coordinación con el CICR. Por otra parte y en otro plano, nunca hemos dejado de persuadir a la gente, como siempre lo hicimos, de la bondad de la preservación de los bosques y la protección de la fauna. Sinceramente nos duele la deforestación de la Amazonía y la conversión por el Gobierno de departamentos claramente amazónicos, como Putumayo, Caquetá y Guaviare, en distritos mineros. Esto es francamente desconcertante. Ojalá corrijan esa mala decisión.
Dedicamos muchas horas a la Pedagogía de Paz tanto en los ETCR como en todos los escenarios de la vida nacional donde tuvimos esa oportunidad. Pero ante el manifiesto incumplimiento por parte del Estado es muy difícil convencer a la gente de sus bondades. Ante las bases, por ejemplo, nos lamentamos de no haber podido lograr un sistema de salud más eficiente para los excombatientes. Queríamos para ellos un régimen especial como el que se aplica a las Fuerzas Armadas, porque las enfermedades de los excombatientes no son las comunes, sino que en gran parte tienen que ver con mutilaciones y lesiones de guerra que no son de fácil tratamiento. Claro, la lucha debemos hacerla por un sistema más humano de salud para todos los colombianos. A pesar de haber desplegado esfuerzos no pudimos acceder a la titulación de tierras en los Espacios Territoriales como garantía del normal desenvolvimiento de los proyectos productivos en los mismos.
Para no fatigarlos con la enumeración de todos nuestros emprendimientos en pos de la implementación, baste recordar las numerosas reuniones en el salón “La Giralda” del Ministerio del Interior en la que dimos todo para convenir con el gobierno los términos del desarrollo normativo de los acuerdos. Pero se aprobaron textos que al cruzar la estrecha calle que separa a dicho Ministerio del Palacio de Nariño, misteriosamente cambiaron su contenido. Los ponentes de las normas en el Congreso y parlamentarios que nunca fueron plenipotenciarios las distorsionaron con sus caprichos. Hundieron la reforma política y siguen ignorando la urgente reforma electoral para no tocar el fraude y la corrupción cuando Colombia pide a gritos un sistema político electoral honrado que devuelva la confianza a la gente. Sentimos que en ese escenario del desarrollo normativo de los acuerdos no pudimos evitar la perfidia de la desfiguración de la JEP que favorece la impunidad. Con la convicción del deber cumplido queremos dejar como constancia nuestros argumentos en los conclaves realizados entre el gobierno y las FARC en Cartagena y Bogotá; las reclamaciones insurgentes por los incumplimientos de la contraparte ante los expresidentes Pepe Mujica y Felipe Gonzalez en Cali y en La Heroica; la prédica o pedagogía de la sustitución de cultivos de uso ilícito, que además la quieren los campesinos sin engaños. Si no se aprueba un tratamiento penal diferencial para ellos, la sustitución será un fracaso y peor si se utiliza la vía de la erradicación forzada mediante la aspersión de tóxicos.
Seguimos esperando que el gobierno abandone las reticencias y cumpla sus compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Es que estos son para cumplirlos. Pacta Sunt Servanda. Debe siempre tenerse en cuenta que el Acuerdo de La Habana tiene la categoría de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de NNUU y al mismo tiempo la de Acuerdo Especial del artículo 3 de los Convenios de Ginebra. Es de sentido común que si se le exige a la insurgencia como contraparte, es válido que la JEP llame también al Gobierno o a los poderes del Estado a rendir cuentas sobre la implementación.
El general Alberto José Mejía en representación de una de las partes contendientes presentó hace poco ante la JEP un dossier contra las FARC muy parecido al trabajado por la Fiscalía anterior, pero sería bueno, que, como acto de equilibrio también presentara el de las Fuerzas Armadas. Naciones Unidas atribuye al Estado y a los paramilitares el 80% de la victimizaciones en Colombia. Memoria Histórica responsabiliza a los paramilitares del asesinato de 100 mil personas. Jefes paramilitares como Salvatore Mancuso han denunciado cómo ejecutaron ese trabajo sucio en connivencia con el Estado y sus Fuerzas Armadas. Es necesario que hagan también análisis de contexto de los falsos positivos. Todos sabemos que aquí hay unos determinadores. Que los militares no se hubiesen metido en semejante lío de no haber existido esa absurda directiva 029 del Ministro de Defensa de Uribe, señor Camilo Ospina, que muy agazapado desde entonces, no dice ni mú. Pedimos que no se hiera la verdad pura y limpia, porque ella contiene el bálsamo bendito que sana las desgarraduras más profundas del alma causadas por el conflicto.
Finalmente, y más que todo para el país nacional: el Acuerdo de Paz de la Habana fue firmado por el gobierno Santos a nombre del Estado, lo cual implica un traslado de obligaciones al gobierno Duque quien ha asumido una posición de indiferencia frente al acuerdo y su cumplimiento, dando la sensación que ha tomado la decisión de esperar que este se difumine definitivamente en los vientos del olvido. La JEP que acordamos privilegiaba la justicia restaurativa sobre la punitiva; no contemplaba la impunidad; era para todos los involucrados en el conflicto, en especial para los determinadores que profirieron las órdenes desde la cúpula política, terceros involucrados, terratenientes, sectores empresariales, las partes contendientes… y no solo para estos últimos. No tiene presentación que el actual Presidente intente forzar las decisiones de la Justicia Especial, ni mucho menos que el Fiscal en descarado abuso de poder allane sus oficinas para raponearle a la Jurisdicción de Paz sus papeles de trabajo. El santanderismo hirsuto está transformando la guerra con las armas en guerra jurídica sustentada en montajes judiciales, como forma de justificar el incumplimiento y de empujar definitivamente al Estado a los terrenos deleznables de la perfidia, de la traición al Acuerdo de La Habana.
Seguimos esperando la libertad, según lo acordado, de decenas de guerrilleros que aun permanecen en las cárceles. Al comprometerse ellos a atender los requerimientos de la JEP, el Alto Comisionado anterior debió certificarlos para que los jueces procedieran a su excarcelación.
De ustedes, atentamente, IVÁN MÁRQUEZ, OSCAR MONTERO, ALDINEVER MORANTES, EDINSON ROMAÑA, ALBEIRO CÓRDOBA, IVÁN ALÍ, ENRIQUE MARULANDA, IVÁN MERCHÁN, RUSBEL RAMÍREZ Y OTROS.
