El viernes 16 de febrero de 2018 José Luis Barceló, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, presentó una ponencia que exoneró a Iván Cepeda tras la denuncia que puso en su contra el expresidente Álvaro Uribe en 2012 por la supuesta creación de una red de falsos testigos cuyo propósito final era vincularlo con el origen del Bloque Metro de las AUC en la hacienda Guacharacas, de la familia Uribe Vélez a finales de los años 90, cuando el expresidente era Gobernador de Antioquia. Pero Barceló además compulsó copias para abrirle investigación al expresidente, dándole un giro radical al escenario judicial: pasaba de acusador a acusado.
La ponencia presentada por Barceló tomó por sorpresa a la defensa de Uribe que decidió salirle al paso y presentar un recurso ante la Corte. Tenían una semana para hacerlo, hasta el 23 de febrero. El trabajo por delante era de filigrana.
Pusieron el foco en Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar del Bloque Metro que se convirtió en el testigo clave contra Álvaro Uribe Vélez a raíz de la declaración que le había dado al representante Cepeda en 2011, entonces integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la corporación. El testigo señalaba a Uribe de haber creado junto a su hermano Santiago, los hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao, y los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe el Bloque Metro. Monsalve tenía además la particularidad de ser el hijo de Óscar Monsalve, el administrador de la hacienda Guacharacas, y de haber formado parte del Bloque de las AUC en cuestión. Cepeda le dio valor a lo escuchado, que además grabó y decidió judicializar la declaración y entregársela a la Fiscalía, entonces en cabeza de Viviane Morales.
La estrategia legal era intentar convencer a Monsalve de retractarse de las declaraciones. Estaban contra el tiempo. El miércoles 21 de febrero habrían empezado las presiones contra el testigo Monsalve. Lo que no sabían era que, con autorización de la Corte, portaba un reloj habilitado para grabar y filmar todas las reuniones.
El primero en comunicarse con él habría sido Carlos López, alias Caliche, un viejo amigo suyo en Neiva. Lo habría contactado por solicitud del representante a la Cámara del Centro Democrático por Huila, Álvaro Hernán Prada –vinculado al proceso de la Corte junto con Álvaro Uribe—. Las comunicaciones habrían sido a través de mensajes de voz de WhatsApp que la Corte tiene como pruebas en su poder. Buscaban la retractación de Monsalve, pero también señalar a Iván Cepeda por ejercer presión para conseguir el testimonio al que el Magistrado José Luis Barceló le había creído. La contraprestación era valiosa: la libertad de Monsalve y el viaje al exterior donde estaría protegido.
La presión también llegó desde Bogotá. El abogado Diego Cadena con poder de Álvaro Uribe llegó a La Picota para buscar a Monsalve. Se trataba de un litigante conocido en los bajos fondos quien había defendido a los narcotraficantes Diego Rastrojo y Diego Montoya, alias Don Diego. Monsalve grabó la reunión que tuvo con Cadena y en la que también estuvo su compañero de celda Enrique Pardo Hasche, condenado por el secuestro de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana y vinculado a círculos sociales bogotanos con lo cual mantenía relaciones con abogados de alto nivel. Los dos, Pardo Hasche y Cadena, fueron insistentes y claros con Monsalve al pedirle lo que estaban buscando desesperadamente: su retractación.
El abogado Diego Cadena tenía afán. Le quedaban 24 horas para presentar el recurso ante la Corte que tenía plazo hasta el 23 de febrero. Después de varios intentos, Cadena le ofreció a Monsalve traerle al día siguiente temprano en la mañana el testimonio redactado para su firma.
Todas las grabaciones que hizo Juan Guillermo Monsalve hacen parte del proceso que luego pasó a manos de la magistrada Cristina Lombana tras la creación de la Sala Especial de Instrucción y la salida de Barceló de la Corte. Sin embargo, a Lombana la recusó la defensa de Iván Cepeda por ser mayor del Ejército cuando Uribe era presidente y por ende máximo comandante de las Fuerzas Armadas, lo que era un impedimento para conocer el proceso.
Ahora es el magistrado César Augusto Reyes quien tiene las riendas de la investigación, y un año después decidió citar a Uribe para el próximo 8 de octubre a indagatoria para escuchar su versión por los delitos de los que se le acusa: fraude procesal y soborno.
*Este artículo fue publicado originalmente el 25 de julio de 2018 y actualizado el 16 de agosto de 2019.
