El grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que hizo presencia en Yarumal entre 1992 y 1995, habría cometido, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que hizo el rastreo, un total de 533 homicidios, que se habrían efectuado en los municipios de Angostura, Campamento, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Valdivia y Yarumal.
El primer vestigio de la aparición del grupo, que operaba en la zona urbana y rural de Yarumal, como epicentro de la subregión Norte, son las Autodefensas del Norte Lechero, que anunciaron su arribo a Yarumal el 15 de febrero de 1992 a través de un panfleto que fue distribuido bajo las rendijas de las puertas. En este se anunciaba el exterminio, mediante la modalidad de limpieza social, de quince o veinte personas que, según sus amenazas, estarían acabando con la región, entre ellos ladrones, extorsionistas, cuatreros, marihuaneros y presuntos integrantes de grupos armados y auxiliadores de la guerrilla. Estas personas integrarían una lista negra que incluso se conoció en Campamento.
Las Autodefensas del Norte Lechero estuvieron al mando de Jorge Alberto Osorio Rojas, alias Rodrigo —o el mono de los Llanos—, y el frente urbano, llamado Los Doce Apóstoles, por Hernán Darío Zapata, Pelo de Chonta.
De pertenecer a Los Doce Apóstoles y ser su promotor y financiador de sindica a Santiago Uribe Vélez, alias El Abuelo, ganadero reconocido en la región y hermano de Álvaro Uribe Vélez, quien fue Gobernador de Antioquia (1995-1996), Presidente de la República (2002-2006 / 2006-2010) y actual senador y presidente vitalicio del Centro Democrático. El ganadero Álvaro Vásquez Arroyave, exalcalde de Santa Rosa de Osos, propietario del restaurante San Felipe, en Yarumal, sería otro de los financiadores.
Los Doce se habrían creado con integrantes del extinto grupo de seguridad legal, adscrito a la Alcaldía de Yarumal, llamado Sección de Orden Ciudadano (SOC), creado en 1988 y suprimido en 1990, que tenía por función prestar seguridad a funcionarios, jueces y personal de la rama judicial. Uno de sus integrantes sería Leonidas Pemberty Zapata, quien estaría vinculado años después a las investigaciones de la Personería y la Fiscalía.
El principal líder de Los Doce Apóstoles, que haría contacto con los comerciantes, quienes a través de la Asociación de Comerciantes de Yarumal (Ascoya) apoyaron al grupo, sería el sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio, párroco de la iglesia de La Merced, que entabló una buena relación con el Ejército —compañía Albán del Batallón Pedro Nel Ospina—, y la Policía —con los tenientes Pedro Manuel Benavides Rivera, primero, y Juan Carlos Meneses Quintero, después, a cargo del Distrito de Policía de Yarumal—, que le prestaban todo el apoyo logístico y de inteligencia al grupo, presuntamente, manejado por Santiago Uribe Vélez, quien residía en la hacienda La Carolina, ubicaba en el corregimiento de Llanos de Cuivá.
La compañía Albán tenía ubicada una base militar en la parte alta de Yarumal, conocida como La Marconi, en donde acantonaban y prestaban seguridad a las antenas de comunicaciones. Desde allí el capitán Rafael Herney González Pérez, alias Capitán Represa, dirigiría una serie de masacres, como la cometida en Entrerríos, en febrero de 1992, en la que fueron asesinados cinco jóvenes procedentes de Tarazá y Yarumal, a quienes hicieron pasar por subversivos del Ejército Popular de Liberación (EPL), que rondaba el municipio de Belmira. La justicia penal militar, en un consejo verbal de guerra, vincularía al capitán González Pérez y a otros diecisiete soldados como responsables de la masacre.
Años antes, el 18 de abril de 1990, en la finca La Esperanza, jurisdicción del corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia, incursionaron hombres del Batallón de Infantería n.° 10, adscrito a la Cuarta Brigada, y asesinaron a Horacio Graciano, Ramón Rúa, Fabio N., María García y Luz Duque, señalados de pertenecer al Frente 18 de las FARC.
Otra masacre, vinculada directamente con Los Doce Apóstoles, ocurrió el 5 de junio de 1990 en la vereda La Solita, en Campamento. Allí fueron asesinados Marta María López Gaviria, Luis Gildardo López Gaviria, Elvia Rosa Velásquez Espinoza, Hernán Quintero y las dos niñas, Ana Yoli Duque López (12 años) y Marta Milena López (7 años); y resultaron heridos los niños Darwin Cristóbal López (8 años) y Renso Antonio Duque Velásquez (2 meses de edad). Francisco Luis Duque logró huir de la casa disparando contra los asaltantes. Los adultos eran militantes de la Unión Patriótica (UP), partido legal afín a las FARC, que fue exterminado por los paramilitares de las autodefensas al mando de Carlos Castaño.
¿De dónde salen los 533 asesinatos? El rastreo realizado por la Fiscalía da cuenta de hechos cometidos por el capitán Represa, las Autodefensas del Norte Lechero, Los Doce Apóstoles y la incursión, a principios de 1997, de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, que hizo parte de la Convivir Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento (Deyavanc), que llenó el vacío de los sicarios vinculados al grupo dirigido presuntamente por Santiago Uribe Vélez y el padre Gonzalo Palacio, capturado en diciembre de 1995 y dejado en libertad días después por falta de pruebas.
La Fiscalía categorizó los 533 asesinatos en 7 sectores, de acuerdo con la actividad y el modus operandi de los perpetradores de los hechos:
Sector 1 (246 casos): agricultores, mineros, forasteros, personas en estado de embriaguez, presuntos expendedores de drogas o adictos, estudiantes, amas de cada y personas dedicadas a oficios varios.
Sector 2 (136 casos): comerciantes, carniceros, ganaderos y transportadores, así como habitantes rurales, líderes o militantes políticos y personas señaladas de ser presuntos integrantes o auxiliadores de la guerrilla.
Sector 3 (81 casos): personas señaladas de ser delincuentes, extorsionistas, secuestradores o integrantes de bandas.
Sector 4 (51 casos): personas sobre las que no se conoce profesión, oficio u ocupación.
Sector 5 (11 casos): inspectores de policía y miembros activos o retirados de la Fuerza Pública.
Sector 6 (5 casos): personas cuya ocupacuón no esá definida y fallecieron en extrañas circunstancias.
Sector 7 (3 casos): personas presuntamente integrantes de Los Doce Apóstoles.
El viernes pasado, 14 de octubre de 2017, se realizó en el Juzgado Primero Especializado de Antioquia la audiencia de preparación de juicio contra Santiago Uribe Vélez, vinculado al homicidio de Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus escalera, además de pertenecer presuntamente a grupos paramilitares. La defensa de Uribe Vélez, los abogados Jaime Granados Peña y Juan Felipe Amaya Mejía, argumentan que todo obedece a una persecución contra Álvaro Uribe Vélez y a un complot de narcotraficantes, en el que estaría vinculado el Cartel del Norte del Valle. [Leer también: 9 de 86 pruebas en favor de Santiago Uribe fueron aceptadas]
En la misma audiencia el abogado Granados Peña, al ser consultado sobre la disposición del acusado de acudir ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada en el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las FARC, fue enfático en decir que «nosotros no hemos pedido ni esperamos jamás nada de esa mal llamada Justicia Especial para la Paz».
Publicado el 21 de octubre en analisisurbano.org
