El día que se posesionó como presidente, Iván Duque prometió gobernar sin espejo retrovisor. Él estaba mirando para delante, “construir sobre los construido”, repitió más de una vez para dejar claro que su objetivo era embarcar al país en una revolucionara transformación que le daría bienestar al pueblo colombiano. Y cumplió su palabra. En el primer mes hizo grandes anuncios sobre las reformas que presentaría ante un Congreso en donde no tenía mayorías, pero esperaba cautivarlas con unos ministros técnicos y no políticos, que defendieran sus propuestas con argumentos irrefutables en el papel. Sin embargo, rápidamente el cascarón del cambió comenzó a desmoronarse.
Los primeros cien días fueron largos y tortuosos. La imagen del presidente no levantaba, y la única encuesta que le dio un empujón quedó en entredicho cuando se descubrió que el fundador de la firma era un asesor suyo. El 17 de noviembre Duque le dio un giro de 180 grados a su discurso y se fue lanza en ristre contra el gobierno de su antecesor Juan Manuel Santos. En un balance y corte de cuentas con sus ministros, le pidió a cada uno que explicara qué fue lo que encontró. Ninguno de los balances podía ser bueno, y el espejo retrovisor se aplicó con severidad.
Un mes antes el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla había radicado en el Congreso la reforma tributaria, o ley de financiamiento como la llamó Duque. Sin embargo, al mismo tiempo estalló el escándalo de los Bonos Carrasquilla, una política que impulsó cuando fue ministro de Álvaro Uribe y ahora le recordaban porque cientos de municipios del país andaban endeudados con impagables créditos para construir acueductos, principalmente. Con el escándalo, Carrasquilla no volvió al Congreso y silenció su voz ante los medios de comunicación, que lo buscaron intensamente para que esclareciera las dudas que había sobre la reforma. En cambio, mandó a Luis Alberto Rodríguez, su joven viceministro técnico que a los 30 años asumió la defensa del polémico proyecto, pensado para recaudar cerca de 14 billones de pesos que le hacía falta al gobierno para cumplir con los compromisos heredados y financiar sus propias propuestas. Sin embargo, a Rodríguez se lo comieron en el Congreso, pues casi ningún congresista, incluso el propio expresidente Álvaro Uribe, estaba de acuerdo con ponerle IVA al 80 % de la canasta familiar.
La reforma tributaria retrasó el resto de la agenda legislativa. Incluso estuvo a punto de hundirse, pero en sesiones extraordinarias el Congreso, después de hacer y deshacer el proyecto, lo aprobó el 19 de diciembre. El presidente Duque se conformó con los 7.1 billones de pesos que recogerá con la nueva reforma, pero quedó demostrado que podía ser fácilmente derrotado en el Congreso.
El ministro Alberto Carrasquilla y su viceministro técnico Luis Alberto Rodríguez, quien terminó defendiendo la reforma tributaria ante el congreso y los medios.
Después del atentado del ELN a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía el presidente Duque decidió romper los diálogos con la guerrilla que estaban suspendidos desde el día uno de su gobierno. La mayoría del país lo apoyó y eso se vio reflejado en las encuestas. Su imagen subió 10 puntos según la encuesta Yan Hass del 31 de enero. La mano dura gustó y el mensaje de unidad que envió el presidente alrededor del atentado lo mostró con mayor liderazgo. Sin embargo, en el plano internacional Duque cazó una nueva batalla, pues le exigió al gobierno cubano, donde estaba la mesa de negociación instalada, que le entregara a los negociadores para meterlos presos. Por un lado, decenas de países —incluidos Cuba y Noruega como países garantes— le pidieron respetar los protocolos de seguridad pactados para que los comandantes guerrilleros pudieran volver a la clandestinidad; por el otro, los partidos de gobierno respaldaron su discurso fuerte ante el ELN y recibió el espaldarazo de Chile y Brasil, que también eran garantes en el diálogo de paz. Duque se defendió asegurando que esos protocolos eran un pacto con el gobierno Santos y él no tenía por qué respetarlos, y le pidió a la comunidad internacional y las autoridades competentes capturar a los guerrilleros encabezados por Pablo Beltrán.
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Pero esa batalla también la perdió. Al no dar garantías para que los negociadores regresaran al país, el gobierno cubano se negó a entregarlos y el presidente se quedó esperando. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el atentado, y le pidió buscar un nuevo camino para llegar a la paz con la guerrilla, dándole a entender que era importante respetar el protocolo.
El atentado con un carro bomba dejó 23 muertos y 87 heridos. Todos eran menores de 25 años y apenas estaban formándose como policías. El rechazo contra la guerrilla fue unánime.
Al mismo tiempo que el presidente sorteaba la situación con el ELN, encabezó un bloque regional para sacar a Nicolás Maduro del poder. Se puso al frente del Grupo de Lima y fue uno de los primeros gobernantes que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A los pocos días, organizó y lideró la operación con que pretendían entrar miles de toneladas de ayuda al país vecino un día después del megaconcierto en la frontera en el que estuvieron, entre otros, Miguel Bosé y Juanes.
Pero los camiones con víveres nunca pasaron la frontera. Duque madrugó para hacer el anuncio junto a Guaidó, el canciller Carlos Holmes Trujillo y varios miembros del Centro Democrático. La frontera y el puente Internacional Simón Bolívar se convirtieron en un campo de batalla entre las autoridades colombianas, la guardia bolivariana y las barricadas que respaldan a Maduro. Aunque en un principio se dijo que la gente del presidente venezolano le había prendido fuego a los camiones, a los pocos días esa información quedó en entredicha por videos y versiones que demostraron que el fuego inició del lado colombiano del puente, varios metros antes de donde se encontraban las autoridades venezolanas. El espectáculo se quedó en eso, en un fracasado intento de Duque y Guaidó de desestabilizar el poder de Maduro.
Incluso el purasangre José Obdulio Gaviria estuvo en la frontera defendiendo la causa del presidente Duque y Juan Guaidó.
El presidente Duque siguió adelante con su agenda y puso al gobierno a trabajar a toda máquina. El objetivo era sacar las otras reformas y proyectos legislativos adelante, como la reforma política. Sin embargo, el domingo 10 de marzo, el último día que el presidente tenía como plazo para firmar la Ley Estatutaria de la JEP, presentó 6 boejciones que metieron al país en un nuevo debate político. Al principio nadie tenía claridad sobre lo que se venía: algunos aseguraron que estaba contradiciendo a la Corte Constitucional que había entregado la ley para sanción, otros en cambio defendieron la tesis que defendía las objeciones porque eran de conveniencia y no una pelea jurídica.
El caso es que las objeciones frenaron de un solo golpe la agenda del Congreso. Todavía quedaban pendientes la reforma a la justicia, la reforma política y la Ley TIC. Durante 80 días la JEP se convirtió en el centro de atención y debate, además de la presión y expectativa que había alrededor de la decisión que tomaría en las próximas semanas. Como las objeciones regresaron al Congreso, la Cámara de Representantes despachó de manera ágil las objeciones y las hundió, pero el Senado, donde los pesos pesados de la política se enfrentan cada semana, las objeciones se demoraron una eternidad. El Centro Democrático se puso al frente de la discusión, y la oposición hizo lo suyo para defender el acuerdo de paz alrededor de las objeciones. Con la vocería de Juanita Goebertus, replicaron al presidente y estrenaron el derecho que les daba el recién estatuto de oposición.
Como no podía ser más dramático el asunto, la votación final en el Senado, donde incluso Gustavo Petro y Uribe se trataron de paracos y sicarios, quedó en suspenso porque no se pusieron de acuerdo sobre las mayorías alrededor del resultado final: 47-34 en favor de hundirlas. Todo el Estado parecía estrenándose con el asunto, y cada entidad parecía revisar sobre el manual para poder proceder ante la novedad.
Y como la Corte Constitucional es el rector mayor, volvió a tomar la batuta del asunto: entró a definir si 47 era suficiente o no. Mientras se pronunciaba, la JEP ordenó la libertad de Jesús Santrich, el fiscal Martínez renunció rasgándose las vestiduras por la decisión del tribunal de paz y durante la salida de la cárcel del exjefe guerrillero, que parecía salvado de la extradición, volvió a ser recapturado. El país iba frenéticamente intentando entender qué sucedía y algunos aseguraron que era la crisis institucional del siglo. Nada pasó, porque todo volvió a su principio. Ayer la Corte Suprema volvió a ordenar la libertad de Santrich que ahora se encontraba en el Búnker de la Fiscalía y tras 24 horas llegó a la sede de su partido, mientras la Corte Constitucional le dio la estocada final a las objeciones: Duque tiene que firmar la Ley Estatutaria como la recibió por primera vez. Así dijo que lo haría. Dos meses y medio transcurrieron entre los debates y avatares de la política nacional para seguir como veníamos.
