Antes de que saliera a la luz el entramado de corrupción entre la Unión Temporal Centros Poblados y el ministerio de las TIC, que le costó el puesto a la ministra Karen Abudinen, y envió, de nuevo, a la cárcel La Picota a Emilio Tapia, pocos conocían el rostro de Juan Carlos Cáceres que se camuflaba como un respetado megacontratista oriundo de Bucaramanga. En 2019 su nombre salió a relucir en los titulares de prensa cuando estuvo vinculado en un contrato de bilingüismo en La Guajira en el que terminó también enredada Oneida Pinto, la destituida gobernadora, símbolo de la corrupción en La Guajira y quien se fugó de las autoridades durante la audiencia en la que se imputaban cargos de corrupción.
Juan Carlos Cáceres se graduó en 2011 de técnico en sistemas y rápidamente comenzó a cosechar éxitos profesionales. Tras un año de haber obtenido su diploma, Cáceres creó la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información (Funtics). Cáceres se presentaba como el salvador de la educación en Colombia con cuantiosos contratos para dotar a escuelas rurales de internet garantizando a los niños una educación digna.
Para 2018, un Cáceres triunfante firmaba 11 contratos con Funtics, la mayoría de ellos en la Costa Atlántica y que ascendían a los 35 mil millones de pesos (35.311.752.265).
Dos contratos pertenecían a La Guajira: uno pretendía llevar internet a los colegios públicos de Riohacha y otro desarrollar un corredor digital en La Guajira. En 2018, el antropólogo Weildler Guerra, gerente en ese entonces del Banco de la República de Riohacha, era designado por Juan Manuel Santos como gobernador encargado debido a que los últimos tres gobernadores de La Guajira habían sido inhabilitados por corrupción. Weidler Guerra llegó al cargo en medio de una crisis institucional y económica, se desconoce si el contrato con Cáceres se firmó durante su mandato o en el de antecesor, Wilmer David González Brito, condenado a 10 años de cárcel por corrupción electoral y falsedad en documento privado. Los dos contratos tuvieron un valor por más de tres mil millones de pesos (3.014.274.117).
Al sur de La Guajira, en el departamento del Cesar, Cáceres también consiguió dos contratos. Conectaría a 132 colegios públicos del Cesar a internet, pero con otro contrato se alejaba del sector educativo -su zona de confort- para instalar un circuito cerrado de televisión (CCTV) en pro de la seguridad de los municipios de Aguachica, Agustín, Codazzi, Bosconia, Curumani, La Paz y Pelaya. Los contratos estaban avaluados en más de 9 mil millones de pesos (9.484.657.698) y se firmaron durante la gobernación de Francisco ‘Franco’ Ovalle Angarita, ficha del clan Gnecco que lo llevó a la gobernación cuando Luis Alberto Monsalvo Gnecco dejó el cargo.
En el departamento de Córdoba, Juan Carlos Cáceres tampoco pasó desapercibido. Sin embargo, los tres contratos que obtuvo no fueron con la gobernación del departamento sino con la alcaldía de Santa Cruz de Lorica, la capital del Bajo Sinú para conectar a internet a más de cien colegios del municipio por un valor de $357.487.673. En el 2018, Nancy Sofía ‘Choffy’ Jattin Martínez era la alcaldesa del municipio. Jattin es miembro del clan Jattin y es prima de Zulema Jattin, exsenadora con nexos con parapolítica y el exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso.
El departamento del Bolívar tampoco se salvó de los tentáculos de Cáceres. Durante la gobernación de Dumek Turbay, primo del senador liberal Lidio García Turbay; ambos del clan Turbay de Bolívar, Cáceres salió con un contrato de más de dos mil millones de pesos para ampliar la cobertura y conectar a 222 instituciones educativas del departamento.
Lejos de la Costa Atlántica, Cáceres regresó al Norte de Santander en donde en el pasado se había adjudicado dos contratos (2013 y 2016) en la gobernación de Edgar Jesús Díaz Contreras. En el 2018, también logró dos contratos en el Norte de Santander por más de 19 mil millones de pesos (19.245.228.523), sus contratos más jugosos durante ese año con lo que garantizaría conexión a internet a 182 colegios mediante los lineamientos del programa de conexión establecido por el Ministerio de Educación. En este periodo, William Villamizar Laguado era el gobernador.
Antes de dejar el cargo, Villamizar fue suspendido durante tres meses, pero no por los contratos obtenidos en el 2018 con Cáceres, si no en el 2019. En esta fecha hizo otro contrato de bilingüismo por doce mil millones de pesos con Cáceres pero no por Funtics si no por Niu Telco –el nombre que Cáceres le cambió a Funtcis- y una de las empresas que estaría involucrada en la Unión Temporal de Centros Poblados. La Procuraduría le abrió investigación disciplinaria a Villamizar por presuntas irregularidades al celebrar el contrato.
En la gobernación del Chocó, el contrato de Cáceres también fue llevar internet a 22 colegios bajo el velo del ministerio. La licitación fue de 398.813.030 en la gobernación de Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, investigado por la Procuraduría por irregularidades en una licitación de $24.5000 millones, dirigida a pescadores artesanales de la zona.
Aunque Cáceres deberá responder por su responsabilidad dentro de la contratación en Centros Poblados en donde se emboltaron 70 mil millones de pesos que el ministerio de las TIC dio en adelante, la Contraloría puso la lupa a 77 contratos -en los que se destacan los mencionados con anterioridad- que Cáceres licitó con Funtics y que suman 181 mil millones de pesos.
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