Tres años después de que estallara el famoso escándalo de Centros Poblados, en el cual se evidenciaron graves irregularidades en la contratación de tecnologías para llevarle internet a zonas rurales y de que el controvertido contratista Emilio Tapia fuera recapturado, se conocieron nuevas sanciones, esta vez por cuenta de la Contraloría General del República que está a cargo de Carlos Hernán Rodríguez.
La entidad determinó que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna en el proceso y emitió un fallo en el que le ordena a la Unión Temporal Centros Poblados pagarle $87.027 millones al Estado. Allí, declararon responsables fiscales en primera instancia a los miembros de la Unión Temporal, pero también a los del consorcio interventor y a Juan Carlos Ángel, el representante de la empresa proveedora de equipos.
Sin embargo, llamó la atención la determinación que tomaron con tres funcionarios que por entonces trabajaban en el Ministerio de las TIC y que han sido vinculados con el caso. Se trata de Adriana Vanessa Meza Consuegra, quien era la secretaria General; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien era director de Infraestructura y Sandra Orjuela Méndez, quien era subdirectora de Gestión Contractual.
Los tres fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación en mayo del año pasado. En el caso de Meza, fue suspendida por cinco meses por haber incluido una clausula en el pliego de licitaciones; a Jiménez lo suspendieron nueve meses por permitir que se modificaran las condiciones de un consultor y a Orjuela, la más castigada, la destituyeron e inhabilitaron por nueve años y un mes por no verificar las garantías de cumplimiento del contrato.
No obstante, la Contraloría siguió un camino diferente
Esta entidad consideró que Meza no tuvo conocimiento sobre el incumplimiento del contratista, que Orjuela fue inducida a error y que Jiménez no intervino de ninguna forma en las órdenes de pago, por lo cual los exoneró de toda responsabilidad fiscal.
Esto se da apenas un mes después de que la Procuraduría decidiera archivar la investigación disciplinaria que se adelantaba contra Karen Abudinen, la exministra de las TIC, quien recientemente sacó un libro contando su versión sobre el caso al que tituló “¿Dónde están los 70 mil millones?”.
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