Con el arranque del siglo comenzaron también los negocios millonarios para un puñado de empresarios españoles y colombianos con el agua, el alcantarillado y el aseo de Barranquilla. Fue en el año 2000 en la recta final a punta de concluir la segunda administración del Alcalde Bernardo Hoyos, a quien le acaban de dictar por tercera vez una orden de captura por delitos asociados a corrupción, cuando se dio el paso clave para el tránsito de la Triple A a Inassa, la filial de Canal Isabel II. Una movida que se concretó en noviembre del 2001 con el alcalde Caiffa y que abrió la compuerta para que también entraran a participar del jugoso negocio los empresarios barranquilleros que como Luis Nicolella de Caro, Enrique Miguel Gerlein Navas y Nelson Polo Carbonell terminaron con un 18.76% de Inassa y una fracción del 0.000018% de participación a título personal según el portal español El Confidencial.
A comienzos de 1991, el Comité Intergremial del Atlántico lideró un movimiento cívico que impulsó la creación de la empresa Triple A (Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo) como respuesta ciudadana a la crisis de las Empresas Públicas Municipales que vivía la ciudad. En octubre de 1993 nació la Triple A, una empresa mixta que suscribió un contrato de concesión por 20 años con la Alcaldía para administrar la infraestructura de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla S.A. En la composición inicial de la empresa el 85% quedó del Distrito (Acciones clase A) y el15% del sector privado (Acciones clase B).
Cinco años después, en 1996, en el Alcalde de Edgar George evaluó de manera negativa el desempeño de la Triple A y sin que mediara licitación pública alguna, tomó una avión y desembarcó en Barcelona a reunirse con la empresa Aguas de Barcelona para invitarla a ser la operadora. Fue así como en septiembre de ese año aterrizaron los catalanes en Barranquilla a asumir el manejo del acueducto, el alcantarillado y el aseo a través de Interamericana de Aguas y Servicios -Inassa-.
El alcalde Edgar George abrió la compuerta para que a dedo entraran los españoles a controlar la Triple A
La composición accionaria cambió y comenzó el reparto entre los españoles y el sector privado: 51 % Aguas de Barcelona y un 48,7 % de Fidugan, la Fiduciaria del Banco Ganadero que dos años después, en 1998, fue adquirida por el Banco Bilbao Vizcaya. Con la decisión de Edgar George la Alcaldía perdió su participación accionaria tal como quedó reflejado en la junta directiva que se instaló el 28 de Octubre de 1996 y quedó conformada de la siguiente manera: los barranquilleros Luis Nicolella de Caro, Luis Cardenas Gerlein y el catalán Juan Ras Sierera como miembros principales y como suplentes Julio Gómez Piqueras de Aguas de Barcelona y los colombianos Carolyn Mondragón persona de confianza de los Gerlein y presidente de Fidugan, y Ricardo Montoya vicepresidente de Corfigan (entidades del Banco Ganadero en el que el Grupo familiar Gerlein pesaba). Edgar George deberá explicarle a la Procuraduria y la Fiscalia está decisión en detrimento de los intereses de la Alcaldia y que definió la suerte futura de la Triple A.
El sector público quedó con el alcalde George como Presidente de la Junta, aunque dejó explicito que en su ausencia seria reemplazado por quien Inassa delegara; los otros dos miembros fueron Juan Martin Vega gerente de EMT y Ramses Vega –el tesorero- y actual rector de la Universidad Autónoma del Caribe nombrado en reemplazo de Silvia Gette. Las suplencias las ocupaban funcionarios de la alcaldía de George. Esa primera junta directiva nombró como gerente para esta nueva etapa de la Triple A al español Francisco Olmos quien venía de trabajar en las Islas Canarias.
Esta estructura se mantuvo solo dos años hasta la llegada nuevamente del Padre Bernardo Hoyos a la alcaldía en 1998 y quien en el último año de su mandato tomó una decisión que definiría el futuro de la Triple A. Faltaban siete años para terminar la concesión con Aguas de Barcelona cuando el cura Hoyos le solicitó al Concejo autorización para ampliar en veinte años la concesión, asegurando que esta fuera hasta el 2033, prórroga por la que los españoles le pagaron al distrito de Barranquilla $ 13.000 millones y por la que deberá responder el Cura Hoyos a la Procuraduría.
Con el favor del alcalde en el bolsillo, Aguas de Barcelona se retiró del negocio y le vendió su participación a Inassa, a través de Canal Extensia, una filial de Canal Isabel II creada para expandirse en América Latina. Mientras en España se armaba la nueva organización societaria en la que se le daría participación a capital colombiano, al otro lado del Atlántico, en Barranquilla tres amigos empresarios Luis Nicolella del Cano, Enrique Miguel Gerlein y Nelson Polo Carbonell se preparaban para ello: entrar a formar parte de Inassa que sería la cabeza de playa de la operación en Latinoamerica.
Contrataron al bufete panameño De Obaldia & García para constituir en ese país la sociedad a través de la cual entrarían a participar en Inassa: Slasa (Sociedad Latinoamericana del Agua S.A.). En abril de 2001 estuvo lista en Panamá y en noviembre de ese mismo año se firmó el contrato con la Alcaldía de Humberto Caiffa, quien también es investigado por la Procuraduría. Españoles y colombianos tenían un futuro económico promisorio por delante.
Con el nuevo acuerdo en la mano aterrizó en Barranquilla, investido de poder, el español Edmundo Rodríguez Sobrino. Llegaba en representación de Canal Isabel II y el gobierno la Comunidad de Madrid en donde su mentor Ignacio González ascendía de a la sombra de Alberto Ruiz Gallardón y posteriormente de Esperanza Aguirre, a quien terminaría sucediendo como Presidente de la Comunidad. Tanto Rodríguez como González están detenidos en España y son pieza clave en el escándalo de corrupción conocido como Operación Lezo, en una de cuyas grabaciones Ignacio Gonzalez afirmó que la compra de la firma colombiana en 2001 fue un “pelotazo” (negocio de dudosa legalidad con el que se gana dinero de manera rápida). Su complicada situación jurídica tuvo eco entre los directivos de la Triple A de Barranquilla. El español Diego Garcia Arias fue detenido con solicitud de extradición y el gerente de la Triple A desde el 2008, Ramón Navarro Pereira, se vio obligado a dejar el cargo. Tanto su jefe Edmundo Rodriguez Sobrino como él aparecieron en los Panama Papers con lo cual la Presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, solicitó la remoción de sus cargos.
Edumundo Rodríguez, el mandamás en la Triple A y Metroagua fue detenido en Madrid, igual que su representante en Barranquilla Diego Garcia Arias
Si bien Barranquilla ha ido solucionando el pésimo servicio de agua del pasado, el negocio de la Triple A resultó redondo para los inversionistas tal como los españoles lo reportaron en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
La sociedad Slasa creada en Panamá en abril 2001 y controlada por los tres colombianos según el portal El Confidencial.com tiene el 18.7% de Inassa una empresa que factura $ 650.000 millones y es propietaria del 37 % de Metroagua y de Asaa de Riohacha. Luis Nicolella y Nelson Polo tienen asiento en la Junta directiva de Inassa, derecho que no tendrían si su participación estuviera limitada a la que aparece a título personal que no llega al 1% de las acciones de la Triple A.
Los debates en la Asamblea de la Comunidad de Madrid citados por Podemos, Ciudadanos y PSOE que empezaron el año pasado se han profundizado. En estos se cuestiona cómo una empresa pública como es Canal de Isabel II, con más de cien años de existencia, terminó creando, al otro lado del océano, un grupo empresarial que se manejaba como si fuera privado y que terminó enriqueciendo a sus directivos que están detenidos y comenzaran a colaborar con la justicia.
Rodríguez Sobrino tiene las claves para explicar cómo, a través de unas cuestionadas operaciones de disminución de capital, revalorización del patrimonio o emisión de nuevas acciones de la Triple A, Inassa fue aumentando su participación en detrimento de Barranquilla, que terminó reducida significativamente, a pesar de ser la dueña original de la infraestructura. En 2002, Inassa pasó de tener un capital de $ 20.000 millones a $ 100.000 millones de pesos, a través de un incremento del valor de las acciones, pero en el acta registrada en la notaría no se demostró cómo ocurrió ese aumento. Y después, en operaciones similares, como la ocurrida en 2006 en la que Guillermo Hoenigsberg, también investigado por la Procuraduría, autorizó un aumento de capital de $ 65 mil millones, Inassa incrementó su participación a un 82 %,al parecer sin poner un solo peso.
El Procurador Fernando Carrillo y el Fiscal Nestor Humberto Martínez están empeñados además de entender las maniobras que terminaron perjudicando a Barranquilla, poder identificar responsabilidades no solo de funcionarios públicos sino de miembros de la junta directiva, posibles beneficiarios individuales –españoles y colombianos- y descubrir si mediaron sobornos por parte de directivos del Canal de Isabel II o nacionales para presionar los cambios accionarios que le permitieron a Inassa quedarse con los contratos en condiciones ventajosas en los distintos municipios del Caribe.
El resultado final del escándalo de corrupción es la decisión que recién ha tomado el Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid de retirarse de sus inversionsiones en America Latina y poner a la venta sus participaciones en servicios públicos en 20 empresas, empezando por la Triple A de Barranquilla. Comienza asi un nuevo capítulo: ¿Quién se quedará con las acciones de Inassa y que va a pasar con los socios empresarios colombianos? El alcalde de Barranquilla Alex Char ya levantó la mano.
