Olmedo López, el investigado exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le entregó a la Corte Suprema de Justicia información sobre cómo supuestamente desde el Ministerio de Hacienda, en cabeza del Minhacienda Ricardo Bonilla, se habría orquestado una movida para asegurar los votos en el Congreso, declaración que fue reforzada por chats extraídos del celular de Sneyder Pinilla.
Específicamente, según Noticias Caracol, el ex director habló de ‘cónclaves’ en la Casa de Nariño en los que se le habrían dado órdenes para direccionar contratos hacia ciertas regiones del país con el objetivo de garantizar el voto de congresistas, reuniones en las que habrían estado presentes el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el exdirector del Dapre y hoy director de Inteligencia, Carlos Ramón González y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien también acusó de haberle dado luz verde a la adición de $700 mil millones al presupuesto a la UNGRD.
En particular, el antioqueño habló de contratos destinados al corregimiento del Salado en el municipio de Carmen de Bolívar por $11.700 millones y de otros destinados a Cotorra, en Córdoba por $46 mil millones, los cuales, según él, habrían sido direccionados para asegurar el voto de congresistas con el fin de buscar respaldos para las reformas del Gobierno.
Ante esto, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, conocido por sus denuncias sobre contratación estatal, encontró que efectivamente le fueron entregados dos contratos a cada municipio cuyos valores correspondían con los revelados por el exdirector de la UNGRD.
También dijo Olmedo López que se habían destinado 11.700 millones en contratos de la UNGRD para EL CÁRMEN DE BOLIVAR con el objetivo de comprar congresistas.
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 17, 2024
Revisamos y encontramos que Sneyder Pinilla ordenó 2 contratos por $11.695.767.000 para El Cármen de Bolivar.
👇🏻 pic.twitter.com/V47q6r0K0a
Olmedo López dice en su testimonio que la UNGRD entregó contratos por 46.000 millones de pesos en el municipio de Cotorra, Córdoba con el objetivo de comprar congresistas.
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 17, 2024
Revisamos y encontramos que efectivamente se entregaron 2 contratos por $46.748.855.246 en ese municipio. pic.twitter.com/BiIpw7wQIR
Por el momento se han mencionado 5 congresistas de los partidos Conservador, Liberal y de las curules de víctimas, quienes estaban en la mira del gobierno. Los ya mencionados por López como los que iban a ser favorecidos con los contratos fueron los conservadores Wadith Manzur –hijo del senador Julio Manzur condenado por parapolítica y Liliana Bitar; los liberales Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, de Arauca Karen Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz del Meta, quien se retiró del congreso por temas de salud. Ahora bien, las bancadas de las regiones en donde están las obras financiadas con recursos de la UNGRD, Córdoba y Bolívar, son grandes.
Son 22 los congresistas provenientes de las regiones que pertenecen a Partidos declarados en independencia, es decir, Conservador, Liberal y U
Por el lado de Bolívar hay seis representantes a la Cámara y cuatro senadores. En el primer grupo aparecen los conservadores cartageneros Ángela María Vergara González, Juliana Aray Franc, Andrés Guillermo Montes Celedón y Fernando David Niño Mendoza; el liberal de Turbaco, Silvio José Carrasquilla Torres y el santarroseño Juan Carlos Vargas Soler, quien llegó por las curules de Paz. En el segundo la conservadora cartagenera Nadia Georgette Blel Scaff, el cartagenero de la U, Antonio José Correa Jiménez y los liberales Laura Ester Fortich Sánchez y Lidio García Turbay, siendo este un caso especial al ser oriundo de El Carmen de Bolívar.
En Córdoba la cantidad es todavía mayor, ya que hay trece congresistas de Partidos independientes, seis representantes y seis senadores. Entre los primeros destacan principalmente los nombres del liberal Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara oriundo de Montelíbano, quien ya había sido acusado de recibir $1.000 millones para impulsar las reformas y del conservador Wadith Alberto Manzur Imbett, expresidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Montería, quien también está en la lista de los congresistas que podrían ser investigados por la Corte Suprema de Justicia a petición de la Fiscalía y entre los mencionados directamente por Olmedo López.
Los otros representantes son el conservador monteriano Nicolás Antonio Barguil Cubillos; la tierraltense Leonor María Palencia Vega, quien representa las curules de Paz; la monteriana Saray Elena Robayo Bechara de la U y la planetarricense Ana Paola García Soto, también de la U.
Entre los senadores cordobeses hay otros dos que formaron parte de la lista de nueve de la Fiscalía. Por un lado, está la conservadora Liliana Esther Bitar Castilla, mencionada por López en la Corte y por el otro el de la U, Julio Elías Chagüi Flórez, ambos de Cereté. La lista la completan entonces el liberal loriquero Fabio Raúl Amín Saleme; el conservador monteriano Marcos Daniel Pineda García y otros dos de la U como los sahagunenses John Moisés Besaile Fayad, hermano de Musa Besaile y Julio Alberto Elias Vidal, hermano del ‘Ñoño’ Elías.
La congresista araucana que estuvo en boca de Olmedo López en la Corte Suprema
Una parlamentaria que sí terminó salpicada directamente por el exdirector de la UNGRD fue la tameña Karen Manrique Olarte, representante por las curules de Paz. Ella, quien también fue mencionada por la Fiscalía en su lista, fue acusada de haber intermediado en un contrato para favorecer a al ELN en su Departamento con el objetivo de que detuvieran los secuestros y se sentaran en la mesa de dialogo con el gobierno. Algo que va de la mano con las declaraciones de esta guerrilla diciendo que el gobierno no les aseguraba su manutención.
También le puede interesar: El alcalde de Girón, Santander no pudo quedarse con 180 mil millones que le había entregado Olmedo López
