Cada paso que han dado y cada palabra de los excomandantes de las Farc que hoy conforman la dirección del Partido están calculadas y medidas jurídicamente. Detrás de ellos hay un equipo de abogados compuesto por un panel de 51 penalistas liderados por: Diego Martínez, Miguel González y Camilo Fagua. A excepción de Diego Martínez, el grupo opera gracias a un reciente convenio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cuyo propósito es asegurar la oportunidad de defensa jurídica de los 13 mil exguerrilleros.
El abogado de la Universidad Libre Diego Martínez es el tambor mayor, con la ventaja de haber sido asesor junto al español Enrique Santiago de las Farc durante los cinco años de la negociación en La Habana. Martínez ya era conocido como defensor por formar parte del Comité Permanente por los Derechos Humanos (CPDH) de los campesinos del Putumayo, Cauca y Caquetá judicializados por señalamientos, con frecuencia infundados, de ser colaboradores de la extinta guerrilla. Trabajó también en temas de reclamos de restitución de tierras en representación de campesinos despojados de sus parcelas.
Martínez nació en Girardot pero creció como adolescente en un barrio popular de Cúcuta hasta que en 2004 recibió amenazas de paramilitares por su activismo como representante estudiantil, forzado a buscar refugio en Noruega. Regresó pronto a Bogotá para terminar los estudios de Derecho que ya había iniciado en la Universidad Libre en Norte de Santander. Una vez se graduó intercaló su trabajo en el CPDH con una especialización en Derecho Administrativo y la maestría en Derecho Público del Externado
Además de acompañar a los comparecientes de las extintas Farc en Colombia, Diego Martínez es el abogado del exjefe guerrillero Simón Trinidad desde que fue extraditado a los Estados Unidos en el 2004. Fue en manos de Martínez que Trinidad le envió al último secretariado de la guerrilla el espaldarazo a la firma del acuerdo de paz, así él no hubiera salido de la cárcel.
Durante sus años en la Universidad Libre de Bogotá, Diego Martínez conoció a Camilo Fagua, quien es otro de los coordinadores de la defensa de los exguerrilleros. Fagua nació en Boyacá pero el sueño de estudiar sociología lo trajo a la capital de la República, donde intentó ingresar sin éxito a la Universidad Nacional. Mientras estudio Derecho en la Libre comenzó a empaparse como penalista en el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, acompañando a campesinos del Sumapaz y el Tequendama que eran víctimas del violaciones al derecho internacional humanitario.
Su experiencia como abogado la hizo dentro de organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Reiniciar y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), donde litigó ante la Sala de Justicia y Paz. Una vez tomó mayor experiencia con casos clave como el asesinato de siete funcionarios del CTI de la Fiscalía a manos del Bloque Norte en Codazzi, Cesar, decidió fundar con otros colegas la Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombiano (DHOC), que recibió la mención de honor del premio Franco-Alemán de Derechos Humanos "Antonio Nariño" en 2017.
Su práctica en la defensa de los campesinos en Arauca, Guaviare y Meta por violaciones a los derechos humanos, llegó a espacios de participación de la mesa de negociación de La Habana. Allí se hizo conocer de Mauricio Jaramillo, conocido como el “médico” de las Farc, y María Buendía, ambos representantes de la extinta guerrilla ante la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
El abogado con más experiencia como litigante entre los defensores de las Farc es Miguel González. Un penalista de 67 años, con cincuenta años de experiencia. Inició a sus 17 años como representante estudiantil y juvenil en distintas organizaciones como la Federación de Estudiantes de Bogotá y durante los años 80 se vinculó a la Unión Patriótica, donde hizo parte de la dirección y trabajó como defensor con José Antequera y el excandidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa.
Miguel González es abogado de la Universidad Autónoma, tiene una especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Ha sido además de litigante y defensor de derechos humanos desde organizaciones como el Comité Permanente de los Derechos Humanos y la Asociación de Juristas Demócratas. Como abogado ha acompañado a organizaciones de desplazados y ha defendido a presos políticos de las Farc y otros grupos guerrilleros en Colombia; así como a dirigentes estudiantiles presos. Antes de ingresas al convenio JEP- OEI fue defensor público en la Defensoría del Pueblo.
El nombre de Miguel González llegó a las primeras planas de los periódicos en Colombia como abogado de Rodrigo Granda, cuando fue, según él, secuestrado en Venezuela por el primer gobierno de Álvaro Uribe. Ambos se conocían desde la militancia en la Unión Patriótica y entonces se reencontraron en los juzgados. El juicio le valió varias amenazas por las que recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y buscó refugio en Asturias y el gobierno de Hugo Chávez.
Aún no está claro el tratamiento que recibirán los exjefes guerrilleros tras aceptar el homicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, pues su reconocimiento no tiene cabida en los sietes macrocasos ya abiertos en el tribunal de paz: ejecuciones extrajudiciales, secuestro, reclutamiento, afectaciones contra integrantes de la Unión Patriótica y tres territoriales del Urabá, Nariño y Valle del Cauca. Sin embargo, como equipo de defensa del partido Farc tienen la tarea de que aporten la mayor cantidad de verdad sin perder la seguridad jurídica. Lo que implica que la JEP se aplique tal cual como fue pensada y que otros actores asuman su responsabilidad.
El trabajo de estos tres abogados es mayúsculo si se piensa que además la jurisprudencia alrededor de la JEP, así como el funcionamiento del sistema de justicia transicional en Colombia es nuevo y todo se está apenas escribiendo, a la luz de episodios tan sorprendentes como la última aceptación de responsabilidad por el asesinato de Álvaro Gomez, Jesús Antonio Bejarano y otros cuatro asesinatos.
