Es el lote situado en la esquina más estratégica de la franja turística de Santa Marta, que pasó de ser una legendaria mina de sal, a escenario de invasiones, dudosos títulos de propiedad y violencia. Varios particulares reclamaban propiedad en el terreno en una franja costera que se convirtió desde 1990 en un mar de sangre, intimidaciones, corrupción oficial, reclamaciones de la Dimar por invasiones de playas de uso público y todo un rosario de litigios que hasta el sol de hoy no acaban.
Todo empezó en una sola noche, el 2 de agosto de 1990, cuando José Benito Cerra Torres, un campesino de la región celebró lo que sería la fiesta de su muerte. Había vendido a cuatro particulares parte de su propiedad en las playas de Pozos Colorados; su alegría solo duró unas horas, pues amaneció envenenado.
A Cerra le fue adjudicado por el Incora, el 10 de mayo de 1990, un lote de 38 hectáreas en jurisdicción del corregimiento de Gaira, cerca del aeropuerto. Para ese fin, bautizaron el predio con el nombre de Aeromar, de acuerdo con documentos oficiales. Según los mismos documentos, menos de tres meses después, Cerra vendió a Miguel Sereno (9 hectáreas); Samuel Bacca Ospino (9 hectáreas), Antonio Rafael Paternina Oviedo (9 hectáreas) y William López Prieto (8 hectáreas). Distintas fuentes señalaron que Sereno era empleado de Jorge Gnecco, dirigente político del Cesar asesinado. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta para la época indicó que por los predios vendidos, supuestamente Cerra había recibido 5.7 millones de pesos, negociación que le costó la muerte. El seis de diciembre de 1990, la adjudicación fue demandada por la familia Rodríguez Aguilar y la sociedad Inversiones Roma, que lo habían adquirido tres años antes, de acuerdo con la misma oficina. Durante el proceso de nulidad de la adjudicación del Incora, en enero de 1992, once personas más, incluidos varios médicos y un ex magistrado, dijeron haberle comprado a Cerra y a Sereno, según una publicación de la época del diario El Tiempo. Desde ese momento Pozos Colorados se convirtió en una cadena de hechos trágicos a lo largo de esos terrenos que se extienden hasta el municipio de Ciénaga.
Fue tan solo hasta 1995 que el Gobierno Nacional volteó sus ojos hacia lo que en ese momento se conocería como el polo de desarrollo turístico de la ciudad de Santa Marta, con una declaración dada por la entonces Corporación Nacional de Turismo (CNT), que declara que es propietaria del bien e irrumpe con una propuesta de una Zona Franca Turística, que costaría 250.000 millones de pesos y que generaría 20.000 millones para solucionar la escasez de agua en la ciudad que padecía para ese entonces. Ese anuncio multiplicó los precios de la tierra y los conflictos en la zona; lo que originó que la llamada Zona Franca Turística de Pozos Colorados en Santa Marta, en cabeza del entonces alcalde Edgardo Vives Campo, iniciara el proceso de extinción de dominio. El predio, finalmente de 65 hectáreas, de las cuales por lo menos 15 estaban ocupadas y en donde en menos de cinco años le aparecieron 15 dueños, entre caciques costeños y particulares, llevó a la Presidencia de la República a decretar que los bienes de la Nación no podían ser expropiados.
La Nación lo reclamaba como suyo, ya que lo vendió por 150.600 pesos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según escritura 717 del 26 de febrero de 1971. Ocho años después, la Corporación Nacional de Turismo lo compró por 45 millones de pesos.
En 1984, la Richmond Petroleum Company de Colombia decidió dar servidumbre a Ecopetrol y un ducto atraviesa actualmente el predio.
Con una cédula real de 1842, la familia Campo Diazgranados sostiene que no solo el lote de Pozos Colorados es de su propiedad, sino toda la franja que se extiende por el norte desde la parroquia de Gaira hasta Toribío, al sur, y desde el mar Caribe en el oeste, hasta tierras baldías del este. Un asunto que para 1995 todavía se discutía.
En la misma época del anuncio de la Zona Franca Turística en 1995 el Hotel Irotama, vecino a Pozos Colorados, reclamaba 1,2 hectáreas en el lote. Los abogados del gobierno decían que en este caso, la cerca fue corrida.
Pero lo que desbordó el problema fue un decreto firmado para los años de 1992 y 1993 por el entonces alcalde Hugo Gnecco Arregocés, sobrino de Jorge Gnecco quien era patrón de Sereno , donde decidió extender el perímetro urbano hasta Pozos Colorados, asunto que originó la compra y venta de predios invadidos que llevaron a enredar el futuro turístico de la capital del Magdalena. De la noche a la mañana se enriquecieron los más ricos y la zona se convirtió en un torbellino de bonanzas delincuenciales bajo la vista ensombrecida de la administración municipal.
Fue entonces que para el 2001 se suscribe un documento conciliatorio entre la Nación y el Distrito para el desarrollo de la Zona Franca Turística de Pozos Colorados. Esa firma se efectuó en el auditorio del Hotel Irotama, que contó además con la asistencia de los ministros del Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado; del Interior, Armando Estrada Villa; de Hacienda, Juan Manuel Santos y el entonces alcalde Hugo Gnecco.
El asunto quedó en mero actos de formalismos.
En tiempos recientes.
25 años no son nada y menos para un sector como el de Pozos Colorados que se ha valorizado para el negocio inmobiliario, aunque hoy no se discute por tenencia, los litigios son por el uso de playas catalogadas como públicas que el samario del común ya no tiene acceso, son en la práctica de los grandes complejos hoteleros que violan las leyes con complicidad de las autoridades civiles, curadurías y de jueces.
En el 2012 mientras la Capitanía de Puerto aseguraba que la edificación Cabo Tortuga sería levantada en una zona de playa considerada bien de uso público, la Curaduría Urbana No. 1, encargada de otorgar la licencia, decía lo contrario. El capitán de puerto de Santa Marta, Jorge Enrique Sarmiento, aseguró que la Curaduría incumplió el artículo 9o. de la Ley 810 del 2003 mientras que el curador Alberto De Luque, curador urbano No. 1 de ese entonces, argumentó que el Plan de Ordenamiento Territorial, expedido en el 2000, determinó que el terreno donde está localizado Cabo Tortuga no es jurisdicción de la Dirección General Marítima (Dimar) y, por lo tanto, no es necesario su concepto previo.
Al final, todo se dio a favor de la constructora.
Cabo Tortuga, proyecto de Promotora Caribbean International S. A., contemplaba la construcción de dos torres de 13 pisos cada una, de 129 apartamentos, y atracciones marinas. La inversión es cercana a los 120.000 millones de pesos. Una discusión similar sobre este tipo de proyectos no es nueva en la ciudad, las diferencias radican en que la Dimar, tras la realización del estudio Lidar, modificó en el 2008 la condición de los terrenos al decir que los bienes de uso público en el sector turístico de Santa Marta se extienden hasta la troncal del Caribe.
En el 2008, la construcción del condominio Sierra Laguna, en el mismo sector de Cabo Tortuga, generó una polémica similar. La Capitanía de Puerto insistió en que el terreno era del Estado, por lo que ningún particular podía apropiarse de él, mientras que las autoridades locales negaron que fuera zona de playa. El entonces alcalde, Juan Pablo Díaz Granados, no aceptó los argumentos de la Capitanía, puesto que otros edificios y hoteles, según él, como el Irotama y el Zuana, están construidos en circunstancias similares, y le dio luz verde a Sierra Laguna.
En estos momentos la Dimar adelanta 15 investigaciones por ocupación indebida en playa, según el decreto 234 de 1984 que en su artículo 167 define el concepto de playa marítima como “zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente…”. De acuerdo con la deducción de la Dimar, la playa marítima en Santa Marta se extiende en la zona de Pozos Colorados hasta los cerros, por tanto decenas de edificios tendrían que ser demolidos.
El capitán de la Dimar, Óscar Mantilla, hace un par de meses aseguró que el área de Pozos Colorados es una zona que cumple con las características de playa marítima, y es una zona frágil e inundable.
Afirmó que “las construcciones en esta zona atentan contra el medio ambiente y recordó que la Dimar ha enviado más de 2.500 solicitudes de restitución, de las cuales solo se han cumplido 143”.
El pasado 2 de marzo el Juez Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta emitió una medida cautelar suspendiendo las obras en el proyecto inmobiliario Cabo Tortuga, en la zona de Pozos Colorados, a pocos meses de terminarse el proyecto. La medida se expidió como parte del estudio de una acción popular impulsada por la Dimar.
En los primeros días del mes de julio del presente año se llevó la transmisión del mando en la Dimar donde asumió el capitán de fragata José Manuel Plazas. ¿Será que el antiguo capitán era una piedra en el zapato para estas construcciones y políticos que se han beneficiado con toda la controversia que se ha generado por estos 25 años en que Pozos Colorados al final no se convirtió en la Zona Franca Turística que muchos anunciaban, sino en una zona privada?, donde los últimos 125 metros de playa que quedaban para el disfrute de los colombianos sin plata, en el sector de Punta Gloria; le fueron adjudicados mediante licencia de construcción a la sociedad Promotora Caribbean International S.A. para el proyecto de vivienda multifamiliar.
El apartamento de James y la contaminación
James Rodríguez , el 10 de la selección colombiana de fútbol y del Real Madrid, compró un inmueble cuyo valor es de 3.400 millones de pesos en el proyecto inmobiliario Two 2 Towers, que se le entregará en el primer semestre del 2016, que aunque está en la franja de Bello Horizonte es una zona que podría llamarse gemela con Pozos Colorados por su índice de valorización predial; ya que es una zona inmobiliaria que se ha mantenido constante como punta de desarrollo. Pero ambos sectores turísticos, que manejan el valor del metro cuadrado más caro de la ciudad, se jactan de mostrar en sus catálogos virtuales sus grandes proyectos de construcción con la hermosa vista al mar. No le dicen toda la verdad a sus futuros compradores: que el sector no tiene alcantarillado, que la construcción del colector principal que se había proyectado para tenerlo listo en 20 meses desde la fecha de suscripción: abril del 2013, hasta el momento la administración distrital no lo ha comenzado. No se entiende cómo una curaduría urbana otorga licencia de construcción sin que el sector cuente con el servicio básico de alcantarillado. Nuevos proyectos con licencia involucran la construcción de 1200 apartamento; cada proyecto maneja sus aguas residuales en el sistema de fozas sépticas y cuando se rebozan terminan al mar en una situación que se suma a las verdades de Pozos Colorados: una zona privada, de pleitos; muerte y contaminación donde los samarios cada día han perdido su derecho a las playas, sin que ninguna autoridad los ampare.
