Por ejercer presión para que los militares a su cargo presentaran “muertes en combate” como indicador de éxito para obtener incentivos, murieron 130 inocentes en los llamados ‘falsos positivos’ que la Justicia Especial para la Paz (JEP) les acaba de probar al entonces comandante de la Brigada IV en Medellín, general ( r ) Mario Montoya y a ocho militares que ejecutaron sus órdenes en los municipios de San Carlos, Cocorná y otros del oriente antioqueño durante los años 2002 y 2003.
Por las muertes de estas personas inocentes caracterizadas como desempleados, trabajadores informales, entre ellas la JEP encontró: 113 hombres, 11 niños, 5 mujeres, 4 niñas y 3 en condición de discapacidad, quienes según lo documentado por la JEP para imputar al general Mario Montoya estos asesinatos como crímenes de guerra y lesa humanidad, fueron víctimas de agentes del Estado en servicio que fueron sacadas de sus casas, interceptadas en transportes y vías públicas luego de ser señalados como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla.
Mediante engaños que incluían ofrecimiento de empleo, los militares llevaban a sus víctimas a los lugares donde fueron asesinados y presentados como bajas en combate ante el entonces brigadier general y comandante de la Brigada IV de Medellín, general ( r ) Mario Montoya.
Como era de esperarse, el general Montoya recibió muchas felicitaciones por su efectividad y posteriormente, el presidente Álvaro Uribe Vélez lo ascendió a Comandante General del Ejército.
Los 9 imputados por las JEP tienen 30 días para reconocer los hechos, y su responsabilidad o rechazarlos. Se trata del caso más acabado de la Justicia Especial para la Paz.
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