Detrás de los 38,3 millones de dólares que les debe pagar la multinacional Chiquita Brands a los familiares de las víctimas del paramilitarismo en las zonas bananeras del Urabá antioqueño y el Magdalena, hay abogados de organizaciones nacionales como Gerardo Vega de Forjando Futuros; Agnieszka Fryszman, experta en Derechos Humanos de Cohen Milstein y Marco Simons, consejero de la ong Earth Rights International que han acompañado a los afectados.
Esta victoria legal, que será apelada por la multinacional y acaban de obtener este 10 de junio de 2024 cuando un jurado del Sur de La Florida en Estados Unidos encontró a Chiquita Brands responsable de la muerte por negligencia de ocho hombres asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), no ha sido fácil y mucho menos rápida en el terreno internacional. En Colombia, este mismo proceso está abierto y corre el riesgo de prescribir el próximo 17 de septiembre de 2025.
Qué pasó y quiénes actuaron Estados Unidos para hacer justicia
Desde comienzos del siglo 21, abogados de Earth Rights International, dirigida por Marco Simons; Agnieszka Fryszman, experta en Derechos Humanos de la firma Cohen Milstein se asentaron en Colombia para representar a los familiares de las víctimas del paramilitarismo en los tribunales en Estados Unidos, quienes señalaban alguna responsabilidad de la empresa bananera Chiquita Brands International.
Los hechos demandados habrían ocurrido en 1995, cuando Gloria Cuartas era alcaldesa de Apartadó; el expresidente Álvaro Uribe Vélez, era el gobernador de Antioquia y Rito Alejo del Río era comandante de la Brigada 17 de Urabá.
En 2008, Chiquita Brands admitió ante una Corte de Nueva York que había pagado 1,7 millones de dólares a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandadas entonces, entre otros, por Salvatore Mancuso.
Aunque algunos familiares, cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos armados ilegales presentaron demandas contra Chiquita, la empresa no los había indemnizado y en 2007 llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares, que no estaba destinada a las víctimas.
Durante estos 16 años, Cohen Milstein, EarthRights International y otros abogados adjuntos han representado a familiares de sindicalistas, trabajadores bananeros, organizadores políticos, activistas y otras personas asesinadas por las AUC, organización armada designada como grupo terrorista extranjero por Estados Unidos. En 2014, fueron retirados de esa lista.
Chiquita Brands se va de Colombia y Banacol compra la empresa
Chiquita Brands International cerró sus operaciones en Colombia en 2004 y la empresa fue comprada por la Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S. A. S. que actualmente, se encuentra en reorganización y reportó ingresos operacionales en 2023 por 637 mil millones de pesos.
Desde el 16 de junio de 2020, la Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S. A. S. es controlada por el grupo Greenland Investment S. A. S., dedicado al cultivo, exportación y comercialización de banano, aguacate y otras frutas.
El Grupo Greenland a través de Banacol, también controla a la Compañía de Aspersiones Aéreas Control B. S. A. S. Zomac y a Vergreen S. A. S.; Corrugados del Darién S. A. S.; Agrícola El Retiro en reorganización S. A. S., Banalogistic S. A. S.; Inmobiliaria Greenland S. A. S.; Entre Arroyos S. A. S.; Wakate S. A. S. en liquidación; Agriplast S. A. S. y Banacol International Investments Ltd. con sede en Islas Vírgenes Británicas, entre otras. Banacol sigue en Colombia diversificándose con otros negocios.
A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde el próximo 15 de julio de 2024, habrá un segundo juicio, en Colombia el mismo caso corre el riesgo de prescribir pese a los esfuerzos de organizaciones y abogados por luchar contra la impunidad.
Uno de los abogados más visibles es el hasta hace poco candidato a magistrado de la Corte Constitucional, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, actual abogado y consultor de la Fundación Forjando Futuros, organización fundada por él a través de la cual ha hecho acompañamiento a las víctimas en este largo proceso.
Como está el caso de Chiquitas Brands con la justicia colombiana
Forjando Futuros y el abogado Vega han advertido posible dilación en este caso, mediante prórrogas, repeticiones y la realización de 50 audiencias que irían hasta el 29 de noviembre de este año, pese a que el Tribunal Superior de Antioquia exigió darle prioridad a este proceso desde 2022.
Ante la justicia colombiana están en etapa de juicio oral por Concierto para delinquir agravado por financiación, promoción y organización de grupos al margen de la Ley, los siguientes empleados de Chiquita Brands International en Colombia:
Álvaro Acevedo González, gerente de Banadex (razón social de Chiquita en Colombia) entre 2001 y 2004.
Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, abogado y miembro de la Junta Directiva de Banadex entre 1995 y 1998.
Víctor Julio Buitrago Sandoval, jefe de Seguridad de Banadex para Santa Marta y Urabá entre 1999 y 2004.
John Paul Olivo, contralor de Chiquita para Norteamérica – Banadex de 1996 a 2001.
Fuad Alberto Giacoman Hasbún, hondureño y contralor de Chiquita entre 2002 y 2004.
José Luis Valverde Ramírez, costarricense, representante legal de Banadex entre 2000 y 2002.
Jorge Alberto Cadavid Marín, vicepresidente financiero de Banacol entre 1992 y 2008
Javier Ochoa Velásquez, gerente de Producción de Banacol hasta 2004
Víctor Manuel Henríquez Velásquez, miembro de Junta Directiva y presidente ejecutivo de Banacol.
Charles Dennis Keiser, gerente general de Banadex de 1990 al 2000.
Los argumentos de Chiquita en su defensa
En su defensa en el caso de la negligencia por el asesinato de los ocho trabajadores, Chiquita Brands argumentó que fue víctima de extorsión, entre 1997 y 2004 y que los pagos hechos a los grupos armados ilegales eran para así proteger a sus empleados.
Más de 7.000 personas han interpuesto acciones legales respecto de Chiquita y su relación con grupos paramilitares en la subregión del Urabá antioqueño y Magdalena, ha explicado Earth Rights Internacional a algunos medios.
Los familiares de las víctimas sostenían que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio y no a los trabajadores.
Esta vez, los demandantes alegaron que Chiquita pagó a las AUC casi 2 millones de dólares a pesar de saber que el grupo estaba implicado en un reino del terror. Según France 24, el jurado aceptó ese argumento probando que el dinero transferido a los paramilitares se utilizó para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.
Las AUC, ayudadas en ocasiones por miembros de las fuerzas armadas, sembraron el terror desde finales de la década de los noventa como parte de una encarnizada guerra contra las guerrillas colombianas de extrema izquierda. El grupo se desmovilizó entre 2003 y 2006, confesó sus crímenes y aceptó indemnizar a las víctimas.
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* Este texto se actualizó e incluye algunas modificaciones al publicado el 11 de junio de 2024
