Estas notas tienen como finalidad proponer la hipótesis de que a partir de la negociación del conflicto armado con las Farc mediante el Acuerdo Final de Paz en 2016, pasando por las elecciones del 2018 y por las movilizaciones del 2019, 2020, y, sobre todo, por la “rebelión popular” del 28 de abril de 2021 y las elecciones del 2022, el marco de la situación política y la correlación de fuerzas en Colombia ha cambiado profundamente en favor del avance popular, de tal manera que la tendencia progresista y democrática se abre camino a pesar de los obstáculos que se han interpuesto por parte de la clase dominante y que seguirán presentándose durante el desarrollo del proceso democrático popular.
Los primeros cien días de gobierno del presidente Gustavo Petro han comprobado que, contra todas las predicciones negativas de las corrientes reaccionarias y conservadoras, y de las posiciones pesimistas de algunos sectores de la izquierda democrática, la realidad de los hechos está demostrando que el avance de la tendencia progresista y democrática es inobjetable.
Reforma tributaria, Ley de Paz Total, negociaciones de paz con el ELN, anuncio de la compra de 3 millones de hectáreas de tierra para los campesinos, apertura de la frontera con Venezuela, gira internacional promocionando la lucha contra el cambio climático y la contaminación ambiental con la propuesta de cambiar la deuda externa por la defensa y conservación de la amazonia, radicación del proyecto de ley del Ministerio de la Equidad y de la Igualdad, creación y activación de las brigadas de salud preventiva, depuración del Ejército y de la Policía, prohibición de los bombardeos a campamentos donde hayan niños y menores de edad, prohibición de la aspersión aérea de glifosato contra los cultivos de coca; nombramiento de Indígenas y afrocolombianos en la dirección nacional de recuperación de tierras, en la dirección de víctimas y desplazados, y con el nombramiento de la embajadora de Colombia en la ONU y del embajador en los EE. UU., realización de los diálogos vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, arancel del 40% para los textiles y confecciones del extranjero.
Todas estas acciones realizadas en medio de los desastres causados por el invierno; con una inflación del 10%; con los precios de la canasta familiar crecidos en un 20%; con un desempleo de un 12%; con la perspectiva de crecimiento de la economía para el 2023 en un 1.6%; con la tasa del dólar a 5 mil pesos; con la tasa de crédito a 12%; en fin… con un Presupuesto Nacional raspado para los programas sociales; con un fondo de estabilización de precios de la gasolina sin financiación.
Con estas realizaciones del Gobierno en medio de tantas dificultades tenemos que decir que apenas estamos comenzando la dura lucha por construcción de la democracia.
Vuelve y juega la revocatoria del alcalde de Medellín por parte de los grupos económicos más poderosos de Antioquia con el afán de recuperar la alcaldía, la Gobernación de Antioquia y a Hidroituango, como caja de caudales para implementar la campaña presidencial del 2026, desmontar las reformas democráticas, volver a la guerra, el autoritarismo, el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción, y seguir defendiendo sus privilegios con el modelo de producción del capitalismo financiero y terrateniente de la oligarquía dominante.
Al mismo tiempo la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) levanta la bandera de la rebelión contra la reforma tributaria mediante manifestaciones de la reacción política contra los cambios democráticos del Gobierno popular.
La reelección del Presidente de la ANDI hasta el 2025 es una clara señal de que los gremios económicos e industriales más poderosos del país van a mantener una guerra constante contra la política de industrialización democrática del Pacto Histórico, sobre todo contra la democratización del crédito, de la tierra, contra la diversificación del comercio exterior, contra el arancel del 40% para la importación de vestidos y textiles, contra la negociación democrática del salario mínimo, y con la reforma de las pensiones a favor del capital de los fondos privados que manejan el ahorro de los trabajadores y de un sistema de salud basado en los negocios de las EPS.
Todos estos síntomas de los grandes grupos económicos contra el proyecto democrático están señalando con claridad la necesidad urgente del movimiento popular de organizar, movilizar, concientizar y unificar a los trabajadores de la ciudad y del campo, a la clase obrera y a los campesinos, a los estudiantes, intelectuales y trabajadores del arte y la cultura, en torno al programa democrático, para poder enfrentar con éxito la ofensiva reaccionaria que se viene por parte del establecimiento oligárquico, para confrontarla con la movilización de masas, como lo vamos a comprobar con las marchas y movilizaciones programadas para el 15 de noviembre, donde vamos a medir la temperatura política y la correlación de fuerzas del campo popular, para entrar en la segunda etapa de la lucha en las calles después de la victoria presidencial en las elecciones del 2022.
Ya están puestas las cartas sobre la mesa del escenario político para dirimir el conflicto de la sociedad colombiana: paz, democracia, justicia social y soberanía, por un lado, y la salida fascista, militarista y paramilitar del gran capital financiero y de la gran oligarquía dominante, por el otro.
No va quedando espacio para las posiciones acomodaticias, vacilantes e indefinidas; solo va quedando la trinchera y la tribuna de las posiciones democráticas de la clase obrera, campesina y popular, desde donde podemos aportar al avance popular; llegó la hora de combinar la lucha parlamentaria desde arriba con la organización de la lucha de masas desde abajo, desde las calles y plazas de Colombia para defender el gobierno popular.
En estas condiciones las posibilidades reales de cambio democrático dentro del marco de hierro de las limitaciones burguesas, tanto jurídicas como institucionales y políticas, van a depender de la unidad, organización y movilización de los sectores democráticos y populares para cambiar la correlación fuerzas rompiendo el equilibrio a favor del campo popular y contando además con los avances de los gobiernos progresistas de América Latina; hoy en día la lucha de clases es muy diferente a como se libraba antes de los Acuerdos de La Habana en 2016, no solo en Colombia sino también en el continente latinoamericano y en el mundo entro.
El programa de transición del gobierno popular contiene los elementos fundamentales de lo que podría denominarse una revolución democrática, dentro de las condiciones particulares de la realidad económica, política, social y cultural de la sociedad colombiana actual, cuyas características principales se expresan en un capitalismo deformado, liderado por el capital financiero con grandes rezagos feudales en el campo, y con una cultura machista y patriarcal de amplios sectores de la sociedad colombiana; con una competencia y un comercio desigual con los centros del imperialismo; dependiente de la tecnología extranjera y sujeta a los dictámenes financieros de los organismos de crédito; con un sometimiento financiero, militar, económico, político y cultural a la metrópoli del imperialismo, y con una deuda pública impagable que consume el 50% del PIB.
Así las cosas, tenemos, además, un movimiento político y social disperso, atomizado, parcelado, gremialista al por menor, individualista y ampliamente desorganizado, tanto en términos gremiales y sindicales como civiles y políticos; con una economía de un 60% de trabajadores informales que se reflejan en la informalidad política y en el abstencionismo estructural del 50% de la participación electoral.
Sin una clase obrera organizada en una sola central unitaria por ramas industriales, concentrada y centralizada, sin conciencia política de su misión histórica, golpeada por la división sindical, por el paramilitarismo, por el desempleo y por la informalidad.
Con un campesinado arruinado, pobre, sin representación gremial, desplazado y despojado por el paramilitarismo de los terratenientes ganaderos y del gran capital de los narcotraficantes ahora del exterior (México); con partidos democráticos de izquierda sin influencia de masas que le sirvan de caja de resonancia política en los espacios de poder nacional y regional.
Con un movimiento estudiantil combativo pero sin la consistencia organizativa y sin la persistencia en la participación democrática en los grandes problemas nacionales del momento político, cuyos integrantes están remitidos a la conquista de un título universitario personal e individual, para poder salir a la guerra del mercado laboral neoliberal a tratar de conseguir un empleo en el Estado o las empresas capitalistas con un salario paupérrimo e inestable, en medio de la inflación, de la recesión, de la carestía de la vida, del desempleo galopante y de la informalidad que crece como crece la crisis del modelo de producción capitalista neoliberal, sin futuro para la realización personal y sin motivación para la participación política democrática.
En estas condiciones políticas, con un mercado laboral que está acabando con la clase media que se proletariza a ritmos vertiginosos sin perspectiva inmediata de organización política ni gremial, con la filosofía neoliberal de “sálvese quien pueda”; con el emprendimiento personal y los valores individuales como garantía para asumir la competencia despiadada con el Dios del mercado; en estas condiciones concretas el planteamiento socialista, válido teóricamente para resolver la crisis económica y social de las mayorías populares, es inaplicable políticamente en el escenario de la actual correlación de fuerzas, tal cual se está reflejando en las reformas del Gobierno en el Congreso de la República.
Por eso el programa de transición democrática se ha venido desarrollando con los altibajos y vicisitudes de la correlación de fuerzas de partidos y movimientos de izquierda que no tienen una amplia organización ni influencia de masas, con una opinión pública de trabajadores asalariados y por cuenta propia, de los cuales votaron un 50% las propuestas de cambio del Presidente Petro, quedando el congreso en manos de los grandes empresarios del gran capital y del monopolio de los medios de comunicación, por lo cual tiene que supeditarse a los marcos jurídicos e institucionales de la clase dominante para poder sostenerse en el gobierno contra la conspiración permanente desde el comienzo de la campaña electoral obstruyendo, obstaculizando, y echar atrás las reformas que afectan los privilegios de la clase dirigente.
No es sino ver como se mueve el comportamiento del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) con la revocatoria del alcalde de Medellín, como si estuvieran anunciando la apertura de la campaña electoral para la alcaldía, la gobernación y para la retoma de Hidroituango en las próximas elecciones del 2023.
O mirar las encuestas de los cien días del nuevo gobierno donde da la impresión de que continuamos con la misma polarización, con la misma correlación de fuerzas de las elecciones presidenciales, dando la sensación de que las grandes tendencias que definen el futuro de Colombia se encuentran estancadas, dejando ver que el grueso de la opinión publica abstencionista y apática no ha sido tocada por el mensaje de los cambios que ha realizado el Presidente, y que la correlación de fuerzas no ha variado sustancialmente en comparación con las elecciones pasadas.
De modo que aunque teniendo razón la fórmula socialista para resolver la crisis del capitalismo en términos teóricos, aún no tiene espacio político para su realización práctica en el momento de la coyuntura actual, por lo cual tenemos que impulsar con fuerza el gobierno popular del Pacto Histórico.
La cuestión del socialismo en estos momentos no está en el orden del día, aunque tampoco está en contraposición con el proyecto democrático popular, sino que se complementan y desarrollan dialécticamente, entendiendo que sin la más amplia democracia real para la mayoría de la clase obrera y campesina, es imposible la construcción de una sociedad socialista y democrática; en otras palabras, sin pasar por la escuela política de la democracia popular, a los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, y demás trabajadores asalariados y por cuenta propia les queda muy difícil graduarse como luchadores de vanguardia por la construcción del socialismo.
De modo que esta etapa que estamos viviendo de las reformas democráticas se constituye en la antesala indispensable para la revolución socialista, donde la dirección política, económica, social y cultural tiene que estar en manos de la clase obrera a través de sus organizaciones políticas, culturales y sociales; precisamente aquí radica la importancia de la unidad del Bloque Popular Alternativo dentro del Pacto Histórico, para poder jalonar el proceso hacia delante, hacia un socialismo humanista, científico, democrático y popular.
Ahora empiezan las movilizaciones de masas en defensa del gobierno, que esperamos sean numerosas para poder romper el equilibrio de las pasadas elecciones y que ahora se reflejan en las encuestas sobre la imagen del Presidente en los cien días de su mandato: Invamer: 49.7% aprobación; 42,7% desaprobación; Centro Nacional de Consultoría: 61% positiva; 23% negativa (El Colombiano 13-11-2022).
Para terminar estas notas presentamos algunas consideraciones sobre las posibles tendencias que se pueden presentar en las elecciones locales y regionales del 2023; apreciaciones sobre los métodos y principios que deben regir las alianzas y coaliciones electorales de la izquierda dentro del Pacto Histórico y con los sectores aliados del Frente Amplio; y la caracterización, importancia y trascendencia de las elecciones del año entrante, para la permanencia, consolidación y desarrollo del proyecto político del Pacto Histórico.
Lo primero sería definir el enemigo principal, los aliados fundamentales, el objetivo programático y las formas de la lucha de masas. En este sentido consideramos que el enemigo principal no es otro que el imperialismo norteamericano en alianza con los que agencian sus intereses en Colombia, es decir, el capital financiero internacional y nacional, los terratenientes y la gran burguesía comercial, ligados al narcotráfico y a las mafias paramilitares, con sus expresiones políticas en los partidos tradicionales.
De conformidad con los resultados de los primeros cien días del gobierno popular, positivos para las mayorías populares no obstante los obstáculos presentados por la clase dominante, se puede avizorar la perspectiva de cualificación, organización y desarrollo del movimiento democrático y revolucionario, tanto a nivel de la clase obrera y campesina como a nivel de las capas medias proletarizadas, de los demás trabajadores asalariados y por cuenta propia, de los estudiantes, intelectuales, y trabajadores del arte y la cultura.
Se impone por lo tanto, en esta etapa del cambio, la articulación y la unidad en primer término de los sectores que conforman el Bloque Popular Alternativo, como polo de atracción para poder jalonar a los demás sectores democráticos en la lucha por la conformación de un Frente Amplio que galvanice y unifique la conciencia política, la organización y la movilización popular en torno al programa para la paz la democracia avanzada, la justicia social y la soberanía nacional.
Obviamente el programa regional y local tiene que ser elaborado colectivamente entre todos los integrantes del Pacto y del Frente Amplio, de abajo hacia arriba, para lo cual pueden servir de insumos las propuestas elaboradas por las comunidades de base en los Diálogos vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que se están llevando a cabo en todo el territorio nacional.
Es inevitable proponer desde ahora la conformación de las listas cerradas del Pacto, con las famosas listas “cremallera”, y con el método de las consultas populares para la selección de los candidatos a ocupar los renglones de la lista unitaria para los concejos en todos los municipios de Colombia, además de las posibles alianzas o coaliciones democráticas para la alcaldía en aquellos municipios donde existan las condiciones para ello.
No sobra terminar estas notas con la valoración de la importancia y trascendencia de las próximas elecciones locales y regionales, sobre todo en esta etapa del comienzo del gobierno popular, donde se van a definir las tendencias políticas y la correlación de fuerzas del Proyecto Político y de la gran oligarquía dominante.
Sin una clara caracterización de las elecciones locales y regionales, del momento político que estamos viviendo, de la correlación de fuerzas y de la naturaleza del Pacto Histórico, es imposible orientar correctamente el movimiento desde una posición de clase democrática y popular en la campaña electoral.
La victoria de las elecciones no es sino es el comienzo de la gran marcha histórica por paz con democracia, justicia y soberanía. A celebrar la fiesta del gobierno popular. Unidad y movilización para el nuevo poder.
