Este 15 de abril, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) presentó unilateralmente algunos datos y conceptos derivados del Registro Nacional de Reincorporación, realizado para actualizar la caracterización del colectivo de exintegrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación. Es necesario puntualizar algunos aspectos frente a estas afirmaciones, pues luego de dos años de iniciado el proceso, no se ha logrado concretar una política de reincorporación integral que garantice sus planes, programas y proyectos. Dos años que impactan en la estabilidad de las personas, al no contar con la certeza de una hoja de ruta clara en materia de reincorporación.
El optimismo que reflejan los datos (76.6% de la población encuestada) no es producto de la política y el compromiso gubernamental, sino más bien la muestra fehaciente del compromiso que adquirimos en su momento como FARC-EP con la salida negociada al conflicto y la construcción de paz con justicia social y reconciliación. No se puede afirmar que una política como la de “Paz con legalidad”, que retoma elementos de la mal llamada seguridad democrática, no armoniza con el documento Conpes 3931 ni con el Plan Marco de Implementación.
La política “Paz con legalidad”, en su documento base, no reconoce explícitamente las instancias creadas por el Acuerdo de Paz en materia de reincorporación. Así que no genera optimismo, máxime si en el Plan Nacional de Desarrollo no existe un capitulo especifico de implementación, como lo establece el Conpes, ni cuenta con un Plan Plurianual de Inversiones para la Paz claramente definido. Esto se suma a las siguientes circunstancias:
- La aprobación de 23 proyectos productivos no significa la implementación de los mismos, pues hasta el momento sólo se cuenta con desembolso para 11 de ellos, llegando a 797 personas. Es decir, sólo cobija al 6% de la población en proceso de reincorporación, estando a la espera de que aquellos proyectos en trámite de desembolso impulsen a llegar al 9%.
- El continuo desconocimiento y apoyo claro por parte del gobierno a Economías Sociales del Común (Ecomún), entidad que agrupa a más de cien cooperativas de los territorios y las cuales son articuladores de la mayoría de aspiraciones de ejecución de los proyectos productivos.
- La reincorporación económica, dada la vocación agropecuaria de los proyectos productivos, necesita de tierras, tema que no tiene avances significativos de parte del Gobierno Nacional, a pesar de las visitas técnicas que se han realizado a 181 predios para explorar soluciones al tema. Sin embargo, y a pesar de contar con una identificación de 149 predios susceptibles de compra, no ha sido posible avanzar ni siquiera en la adquisición de 6 predios para el desarrollo de proyectos productivos ya aprobados. Adicionalmente, la Agencia Nacional de Tierras, luego de 7 meses de posesionado el actual gobierno, presenta retrocesos en este parte del proceso, ya que, de un lado, manifiesta no tener claro el tema en materia presupuestal y, de otro, la pérdida de los expedientes de los predios visitados.
- Es necesario aclarar que el componente FARC no tiene injerencia alguna en los proyectos productivos individuales y su hoja de ruta, ya que esto no es un tema concertado en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). De manera que su trámite ha sido tratado unilateralmente por el Gobierno Nacional.
- La continuidad de la renta básica se ha venido discutiendo teniendo en cuenta no solo la ruta educativa, sino el alistamiento y ejecución de los proyectos productivos, empleabilidad, discapacidad y población adulto mayor, por lo cual no está definida bajo un solo parámetro.
En este sentido, es necesario dejar claro que el Acuerdo de Paz estableció unas instancias acordadas para la implementación y seguimiento que no pueden ser desconocidas por ninguna de las partes. En el caso puntual de la reincorporación, el Consejo Nacional de Reincorporación es el órgano, con sus dos componentes (Gobierno y FARC), que debe allanar conjuntamente las mejores rutas para este proceso.
