En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo se quiere generar un Estado de opinión en Colombia. Al parecer se pretenden adecuar las decisiones judiciales y legislativas de acuerdo al pensamiento e ideario de ciertas vertientes políticas o personas. Los medios de comunicación han coadyuvado a ello, toda vez que hacen tendencia noticiosa algunas decisiones sin profundizar en su análisis y contexto.
Hemos evidenciado el despliegue que se le ha brindado a las decisiones de la Corte Constitucional respecto a las demandas que atacan varias disposiciones del Código de Policía por considerarlas inconstitucionales. Ejemplo de ello es la decisión que tumba la facultad a la autoridad de ingresar a las viviendas sin orden judicial para desconectar cualquier aparato o dispositivo que genere ruido y que perturbe a los vecinos. Pues bien, los medios han enfocado la noticia en ese hecho, mas no en que existe otra medida como los comparendos para combatir esta perturbación y que la decisión fue tomada para garantizar que el derecho a la intimidad personal, a la familia o a la inviolabilidad del domicilio de las personas no sean transgredidos.
De la misma manera, hemos analizado cómo se pretende realizar una reforma constitucional encaminada a instaurar la doble instancia en Colombia, aunque este derecho procesal ya se encuentra establecido desde el 2018 con la aprobación del Acto Legislativo No. 01, por medio del cual se implementó el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, demostrando con ello que esta nueva iniciativa solo pretende y desea legislar en beneficio particular y de manera específica para favorecer a cierta personalidad, creando un antecedente nefasto y un caos jurídico que beneficiaría a condenados por el proceso 8.000, parapolítica, yidispolítica, entre otros, lo que violaría el principio de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.
Así mismo, somos testigos del despliegue publicitario, político y noticioso para que la cadena perpetua para violadores de niños y niñas sea instituida, medida que como padre de familia todos apoyaríamos, más con el incremento de abusos, violaciones y muertes contra nuestros niños. Sin embargo, a pesar del calvario que están padeciendo nuestros infantes, debemos analizar que medidas como estas contrarían los tratados internacionales sobre derechos humanos, como el pacto de derechos civiles y políticos, además de reconocer la impotencia, incapacidad e ineficiencia del Estado en la protección de nuestros niños. Por consiguiente, se debería imponer cadena perpetua a todos las personas que cometan delitos que imposibiliten y nieguen el derecho de nuestros niños a la salud, educación y alimentación, puesto que atentan también contra su integridad y vida.
Es valedero legislar y realizar reformas en pro de la defensa de los intereses de nuestros niños, donde se combata la criminalidad y la corrupción, se garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos y sobre todo, el Estado social de derecho. Es de vital importancia asegurar que estas reformas y leyes no vayan en contravía de la constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Hay que buscar la progresividad, mas no la regresividad de nuestra legislación y que prevalezca el interés general sobre el particular. Solo así podremos edificar las bases sólidas para la construcción de un mejor país, en paz, justo y equitativo.
