La ausencia de una socialización que le ofrezca claridad al país sobre las implicaciones que tendría el proyecto denominado Zidres -Zonas Especiales de Interés y Desarrollo Agropecuario Económico y Social- con el que el gobierno busca rediseñar las reglas para el uso, la tenencia y la acumulación de las tierras en la zona de la Orinoquia y la altillanura, son el espejo de la premura con la que a través de un puñado de senadores de la Unidad Nacional y con el apoyo del Centro Democrático, el presidente Santos a través de su ministro Juan Fernando Cristo y del Superintendente de Notariado Jorge Enrique Vélez, en reemplazo del ministro de agricultura quien debió hacerse a un lado y declararse impedido por tener intereses en el sector, el gobierno sigue empeñado en sacar adelante esta ley.
Diversas ONG, entre las que se incluye Oxfam Internacional, y los congresistas del Polo Jorge Robledo; Alberto Castilla; Inti Asprilla y Alirio Uribe; como una voces solitarias desde el Congreso, han calificado el proyecto como engañoso, lesivo para el campo y para los pequeños y medianos propietarios de tierras registradas como baldíos desde la expedición de la Ley 160 de 1991, con José Antonio Ocampo como ministro de agricultura en el gobierno de César Gaviria, la cual buscaba regular la tenencia de la tierra en Unidades agrícolas familiares para darle seguridad a la propiedad campesina.
Las evidencias de que el proyecto buscaría modificar justamente esta Ley 160 y en efecto alterar las reglas y abrir la compuerta para acumular terrenos baldíos a favor de grandes multinacionales y empresarios que tienen negocios en la zona, generaron un debate del Senador Jorge Robledo en la Comisión Quinta del Congreso que terminó con la renuncia forzosa del embajador Carlos Urrutia en Washington. El bufete Brigard & Urrutia, al cual embajador estaba vinculado societariamente había asesorado a la empresa Riopaila en su consolidación de grandes propiedades sobre la base de la acumulación de Unidad agrícolas familiares que resultaba a todas luces una práctica cuestionable, para algunos incluso ilegal.
Acosado por la opinión pública, las presiones de organizaciones vinculadas al sector agrícola y las movilizaciones campesinas, el gobierno se vio forzado a retirar en dos ocasiones el proyecto, entonces conocido como Ley de Baldíos o Ley Urrutia, impulsado en su momento por el ministro de agricultura Rubén Darío Lizarralde, y defendido desde la presidencia por el súper ministro Néstor Humberto Martínez quien como asesor de la SAC había contribuido a su formulación inicial.
El gobierno nunca dio el brazo a torcer. Su propósito de hacerle una reingeniería los criterios para tener y utilizar estas tierras, aplicable principalmente en la altillanura y posteriormente en otras zonas del país, en busca de garantizar la mayor productividad agrícola, tendría otro nuevo intento, esta vez, con el nombre de Ley de Zonas Especiales de Interés y Desarrollo agropecuario económico y social -ZIDRES- pero, a juicio de sus críticos, su propósito sigue siendo similar a la primera ´´Ley Urrutia´´.
Una de las criticas adicionales al proyecto es que va en contravía a lo pactado en el primer punto sobre el tema rural en los acuerdos con las Farc en La Habana.
El Ministro del interior Juan Fernando Cristo lo ha desmentido y ha descrito el proyecto como ´´una ley concordante con lo pactado en Cuba en materia de inversión en el campo; la cual abre la posibilidad de crear Zonas Especiales de Interés y Desarrollo Agropecuario Económico y Social, donde el gobierno generara planes para aprovechar tierras que hasta el momento han sido inexploradas en Colombia, es decir: esquemas de asociatividad entre pequeños y medianos productores con los grandes propietarios de la tierra en la zona´´.
Cristo, también ha rebatido los argumentos según los cuales, el proyecto pondría en peligro las tierras de los colonos y de campesinos con baldíos que les han sido adjudicados. ´´Los terrenos baldíos siguen siendo propiedad el Estado y la ley Zidres no autoriza la adjudicación a ningún gran empresario. Los baldíos serán entregados en concesión o en arrendamiento con la condición de que sean explotadas en asociación con campesinos y pequeños y medianos propietarios´´.
Un grupo compacto de organizaciones de derechos humanos, campesinas y ONG Internacionales le han hecho seguimiento al proyecto e insisten en que se está frente a un rencauche de la ley de baldíos que ya fue retirada por el presidente Santos. Resulta sorprendente la manera como la oposición a este proyecto de ley ha terminado uniendo a organizaciones representativas como la Comisión colombiana de juristas, los colectivos como Codhes, Cinep, Planeta Paz, Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas; la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y Dignidad Agropecuaria , que piden a una sola voz que el proyecto sea archivado ya que ´´favorece la acumulación de tierras, pretende evadir las restricciones legales a la concentración baldíos y representa una amenaza para el campesinado y el desarrollo rural´´.
El debate en la Comisión Quinta y en las audiencias públicas no ha permitido despejar las dudas que siguen rondando sobre el proyecto Zidres. ¿Va en contravía de los pactado en La Habana? ¿Modifica le ley de baldíos? ¿Autoriza la tenencia de tierras baldías a multinacionales? ¿Modifica la ley 160? ¿Sería aplicable solo en la Altillanura o también en otras zonas del país? ¿Perderían los entes territoriales funciones ante estos esquemas Asociativos?
El gobierno sigue empeñado en sacarla adelante. Las votaciones han sido unánimes, ya superó la etapa en la Cámara y ahora pasa a la plenaria del Senado donde la lideran el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, del partido conservador Nora García y Luis Emiro Sierra; Daira Galvis de Cambio Radical; Milton Rodríguez e Iván Name del Partido de la U y el liberal Guillermo García. La senadora llanera Maritza Martínez se marginó del debate por tener intereses personales en la zona a través de las propiedades de su familia. La aplanadora de la Unidad Nacional con el ministro Juan Fernando Cristo con la batuta principal esperan que la Ley Zidres vea la luz en la legislatura de este año y que incluso el Presidente Santos la deje firmada para estrenarla en el 2016, que coincidiría con la firma de los acuerdos de paz de La Habana cuya materialización iría en contradicción a lo estipulado por la Ley Zidres.
