Una de las apuestas estratégicas en política internacional del gobierno Santos es ingresar a la OCDE, organización multilateral, popularmente llamado el “club de los ricos” o “de las buenas prácticas”, que se creó en 1960 y actualmente cuenta con 34 países miembros. Además de Colombia, otros tres países se encuentran en proceso de adhesión (Letonia, Costa Rica y Lituania).
Desde que el Consejo de dicha organización invitó a Colombia a iniciar las conversaciones para el proceso de adhesión, en mayo de 2013, varias misiones de trabajo han visitado el país para analizar diversos temas y así determinar si el país cumple con los estándares políticos, económicos y sociales establecidos por la OCDE.
El pasado 20 de enero se presentó oficialmente la evaluación sobre las políticas laborales y sociales de Colombia. Hasta ahora el impacto de dicho informe en los medios locales se ha centrado en dos temas específicos. El primero de ellos es el salario mínimo, el cual, de acuerdo a la OCDE, es demasiado alto, convirtiéndose en un mecanismo que no ayuda a disminuir ni la desigualdad salarial ni el índice de pobreza, y no cumple con lo que debería ser su marco operativo, ser un piso salarial.
El segundo asunto que visibilizan los medios es el tema pensional, el cual, a través de su estructura dual, competitiva y muy discriminatoria en términos de la distribución de pensiones, no impulsa la afiliación de los trabajadores, dejando 65% de ellos, en edad de pensionarse, sin acceso a ese derecho fundamental.
Pero mientras las discusiones en el país han girado alrededor de los pros y contras de lo que sugiere la OCDE en estas dos materias, poco se ha dicho sobre las muchas recomendaciones y propuestas hechas en otros temas tan importantes para las relaciones de trabajo en el país. Sobre todo sí enfocamos la discusión en cómo se pueden mejorar las protecciones y garantías de los derechos laborales de los más de 21 millones de trabajadores colombianos.
Algunas de las sugerencias hechas al gobierno colombiano mejorarían positivamente las condiciones laborales del 64% de trabajadores que carece de trabajo decente en el país, cambiando además las condiciones de pobreza y la desigualdad. La OCDE critica el uso flagrante y masivo de diferentes contratos atípicos en el mundo laboral colombiano, que frecuentemente promueven la informalidad y abusan de los derechos de los trabajadores. Alrededor del 10% de todos los trabajadores son enganchados a través de contratos civiles, que los deja por fuera de las protecciones establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. Para 2013, apenas el 34% de todos los empleados del país contaban con un contrato laboral a término fijo — una tasa más baja que la de cualquiera de los países miembros de la OCDE — que genera inestabilidad laboral y poca posibilidad para ejercer derechos consagrados en la Constitución como sindicalizarse o negociar colectivamente. Además la tasa de trabajadores contratados a través empresas temporales en Colombia es aproximadamente tres veces más alta que el promedio de países de esta organización, otro factor que tiende a afectar negativamente las condiciones y derechos de los trabajadores.
Frente a este panorama poco alentador, la OCDE sugiere que el Gobierno colombiano fortalezca el sistema de inspección de trabajo, con más inspectores, más recursos para que estos puedan hacer su trabajo de acuerdo a lo estipulado en los convenios respectivos de la OIT, con más capacitación con más inspecciones de tipo preventivo, un cambio significativo en el ineficaz proceso administrativo de recaudo de las multas impuestas por violaciones de las leyes laborales, y más atención al comportamiento de las Empresas de Servicios Temporales - EST, las Sociedades por Acciones Simplificadas – SAS y los contratos sindicales que, en muchos casos, encubren relaciones laborales ilegales.
El tema de los derechos sindicales — sobre todo la libertad de asociación y la negociación colectiva — es otro enfoque de crítica y propuestas del informe. La tasa sindical de Colombia (4,5% por toda la fuerza laboral) está muy por debajo de las tasas encontradas en los países de la OCDE y es agravada por la fragmentación sindical, que se expresa en el hecho de que el 80% de todos los sindicatos del país agrupan menos de 100 afiliados en promedio y por sindicato; la notable expansión de los contratos sindicales — la mayoría de los cuales se usan para atacar los derechos laborales en vez de protegerlos —; y el uso antisindical de los pactos colectivos — sobre todo en el sector industrial —, pintan un escenario de acción sindical muy precario, especialmente en el sector privado.
Frente a tantos obstáculos para que nuestros sindicatos actúen para velar por mejores condiciones de trabajo, se debe agregar al hecho que en Colombia la legislación no contempla la negociación colectiva sectorial, una grave limitación que no existe en ninguno de los países miembros de la OCDE (con la excepción de Japón), y que la extensión a los beneficios de una Convención Colectiva de Trabajo – CCT, para todos los trabajadores de una empresa, sólo ocurre en los pocos casos donde el sindicato tiene más de una tercera parte de los trabajadores afiliados.
Para permitir la actividad sindical real y poner al país más cerca de los estándares de la OCDE, se propone que el gobierno colombiano acoja varias medidas: primero, que se elimine el uso de los pactos colectivos sin importar sí hay o no presencia sindical; segundo, que se implemente un sistema de negociación complementaria de dos niveles: uno sectorial, donde los sindicatos pueden negociar los niveles salariales y de condiciones de trabajo básicos; y otro a nivel de empresa dónde se puede negociar los temas específicos, de acuerdo al panorama económico y laboral de cada empresa; tercero, que el gobierno reglamente la aplicación del decreto 089 de enero de 2014 para que éste obligue a los sindicatos a convocar mesas únicas de negociación, y así superar muchas de las limitaciones que causa la fragmentación sindical existente.
El tema del derecho a la huelga es otro de los asuntos donde la OCDE propone cambios. En Colombia, a pesar de los compromisos asumidos en el Plan de Acción Laboral, firmado entre los presidentes Obama y Santos en abril de 2011, no se ha hecho ningún cambio al manejo legislativo y político relacionado con la huelga, el derecho que estructura el poder sindical al momento de entrar en un proceso de negociación. Es así que, a diferencia de la mayoría de los países OCDE, después de 60 días de huelga el conflicto laboral tiene que entrar en un proceso obligatorio de arbitramento, disolviendo el poder legítimo de los sindicatos de manejar un conflicto de acuerdo a los deseos de la mayoría de sus afiliados. Adicionalmente, el derecho laboral colombiano y las decisiones de las altas cortes sobre los servicios públicos en los que no puede haber huelga son más restrictivas que en la mayoría de los demás países miembros de esta asociación de naciones.
Aquí la legislación efectivamente prohíbe la huelga en muchos de los sectores donde la representación sindical es más fuerte, quitándole así el uso de ese derecho clave para presionar a los empresarios a negociar temas tan importantes para sus empleados. La OCDE, propone que el gobierno derogue la cláusula de arbitramento obligatorio después de 60 días de huelga y sugiere que se establezca un requerimiento donde los trabajadores, de sectores considerados como de servicio esencial, involucrados en una huelga, operen con un nivel mínimo de servicio para poder así atender emergencias aun en tiempos de huelga.
Estas propuestas y sugerencias de los expertos de esta organización no son, en su mayoría, nuevas ni mucho menos radicales. Son propuestas mínimas que ayudarían a que Colombia salga de la caverna en la cual ha estado durante décadas con respecto a la regulación de las relaciones laborales. Más aún, son propuestas que, al ser acogidas por el Gobierno e implementadas a cabalidad, abrirían nuevos espacios para que los trabajadores del país, a través de sus sindicatos, puedan levantar sus cabezas, contentos porque no sólo tengan derechos en la ley sino que éstos sean protegidos por el Estado colombiano.
De acogerse estas propuestas se dará un paso importante para acercarnos al escenario donde el Acuerdo de Paz en negociación en La Habana tenga más posibilidad de volverse una realidad, porque sin lugar a dudas, ¿Sí el gobierno no piensa en proteger a los derechos fundamentales de los más de 21 millones de colombianos cómo puede atreverse a pensar en un país en post conflicto?
