La apuesta de desarrollo para Colombia de los dos últimos gobiernos, por casi dos décadas, se ha apalancado principalmente en lo que en la jerga político económica le llama “la locomotora minera”, encargada de impulsar y promover la explotación de hidrocarburos y el fomento de los proyectos minero-energéticos para el país.
El aporte del sector minero energético en el producto interno bruto es relevante; según el balance del gobierno Santos entre el 2010 al 2017 este alcanzó los $ 380 billones (Portafolio, “PIB minero-energético creció 48% en los últimos ocho años”).
Esta “locomotora minera” es herencia del actual presidente electo Iván Duque, el cual en sus discursos de campaña si bien hacía énfasis en su propuesta sobre la economía naranja, basada en bienes y servicios obtenidos desde lo cultural y en la transferencia de tecnologías y valor en la propiedad intelectual, igualmente empoderó el desarrollo minero energético, considerando incluso ambiguamente la implementación del fracking como alternativa para la explotación de hidrocarburos (petróleo), técnica que por los impactos negativos directos a las fuentes hídricas se ha prohibido en países como Francia y Alemania.
Las actuaciones de Iván Duque en su campaña presidencial y ahora como presidente electo le implican una suerte de dilemas ambientales y retos para definir la estrategia de desarrollo para el país. Las noticias al respecto sucumben:
Crecimiento y recuperación de la inversión minera en el primer trimestre del año: 389 millones de dólares. Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, sostiene en sus declaraciones en CM& que se espera al cierre del 2018 una inversión de 1500 millones de dólares.
Sophia Davis, embajadora de Australia en Colombia, en declaraciones para la revista Portafolio en el mes de junio, confirmó el interés de su país de continuar la inversión extractiva en Colombia desembolsando capitales en proyectos mineros.
Se reporta un aumento de la inversión desde la empresa canadiense Miranda Gold, ampliando su operación, por 11, 5 millones de dólares, para extracción de cobre y oro en el departamento del Cauca, sector de Almaguer (revista Portafolio, Minería canadiense amplía su operación en Colombia).
Otras noticias transitan en la denuncia y la movilización social en contra de la actividad minera en el país: cruzada ciudadana de ambientalistas y de autoridades locales en municipios de Boyacá y Cundinamarca en contra de posibles actividades mineras, como el fracking, ante exploraciones sísmicas para determinar la existencia de hidrocarburos (Caracol Noticias); revista Semana reportó en el mes de marzo denuncias ciudadanas por contaminación del agua en el proyecto piloto de implementación de fracking, en San Martín, Cesar; Procuraduría General de la Nación alerta sobre irregularidades en el manejo de títulos y licencias de explotación minera en el río Mogoticos en Santander, con posibles afectaciones ambientales (diario Vanguardia); la redefinición del polígono minero en el municipio de Tocancipá en el año 2016 por parte del Ministerio de Ambiente ha generado tensiones sociales por afectaciones a zonas de conservación ambiental, traslape de proyectos mineros con áreas habitables, pérdida de espacios sagrados a comunidades indígenas, entre otras problemáticas (Semana).
El presidente electo Iván Duque ha migrado lentamente a un discurso amigable con el medio ambiente, donde por ejemplo afirmó no estar de acuerdo con la minería en los páramos. Su ponencia a comienzos de julio en la cumbre sobre economía e innovación en Madrid, España, expuso los pilares de la economía naranja y al hacer unas consideraciones sobre el capital biodiverso de Colombia, indicó: “Nos invita a reconocer que lo ambiental no puede seguir siendo visto como un costo o un pasivo, es un activo; y lo ambiental lo tenemos que incorporar a nuestra agenda de desarrollo, porque cualquier desarrollo a costa de la destrucción del ecosistema y del medio ambiente no es desarrollo, si no la destrucción lenta del entorno colectivo”.
Colombia 2018 es entregada con una marcada vocación a la explotación de hidrocarburos y minería, donde los mayores beneficiarios son las multinacionales extranjeras y la empresa estatal Ecopetrol. En medio de este panorama, el entrante presidente Iván Duque podrá nivelar las presiones sociales frente a la locomotora minera, posicionar la economía naranja o quedarse en un segundo plano mientras las licencias y proyectos mineros hacen mella en los ecosistemas estratégicos. En departamentos como el Cesar, Guajira, Antioquia y Chocó, los ecosistemas son aporreados por la minería formal como ilegal; la Amazonia se le suma otro impacto negativo para sus bosques nativos, ya que el corredor biológico del Alto Putumayo se encuentra amenazado por unas antiguas licencias ambientales (2007 y 2009) para explotación de oro, platino, zinc, molibdeno, plata y otros metales (El Espectador, La amenaza minera en el Alto Putumayo).
El panorama es complejo, no es cuestión de una posición radical de minería cero, debe ser un proceso de transición hacia energías renovables, salir de la dependencia minera y diversificar la economía. Las actividades de explotación legal, artesanal e ilegal (asociada a grupos ilegales), necesitan procesos diferenciales de regulación. Iván Duque tendrá el reto de redefinir la estrategia de desarrollo para el país, sin que ello implique “la destrucción lenta del entorno colectivo”, algo que viene pasando con la incursión de la locomotora minera, donde se han incrementado sistemáticamente los impactos ambientales. La inversión extranjera ha mermado la capacidad de gobierno para el fortalecimiento de las economías regionales y los beneficios directos para las comunidades locales son cuestionables en términos de calidad de vida a largo plazo.
