La clase política predominante tiene un delirio colectivo: se le metió en la cabeza que fortalecer la democracia es dejar las listas cerradas y bloqueadas, como único mecanismo de elección para Congreso, Asambleas y Concejos, sepultando de una vez y para siempre la “lista abierta” o “voto preferente”, en donde el ciudadano puede votar por cualquiera de los candidatos de una lista.
Es tanto el afán del Gobierno Nacional, que logró que la Comisión Primera del Senado la semana antepasada aprobara sin mayores contratiempos la reforma política, y que desde el martes se discuta en la Plenaria del Senado.
Es decir: dos debates aprobados en tan solo tres semanas, restándole la discusión en Comisión Primera y Plenaria de la Cámara, que al ritmo que vamos va a quedar aprobada antes de diciembre en primera vuelta.
El solo término “cerradas y bloqueadas” es excluyente, desconoce la individualidad, cercena la aspiración personal, despersonaliza el sufragio, anula la figura de los candidatos y reduce la elección a elegir partidos, como si fuéramos hormigas, entregando en bandeja de plata la democracia a gamonales corruptos, que con el bolígrafo van a fijar su lista para cuerpos colegiados, no sin antes cobrar suntuosas sumas de dinero no solo por el aval, sino por la posición en la lista, convirtiéndose en una “nomenklatura” soviética, o miembros seleccionados a dedo y con precisas instrucciones para favorecer a los poderosos.
La exposición de motivos enfatiza en la transparente conformación de estas listas, pero en el articulado se reduce a un estéril enunciado: “los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar procesos de democratización interna”, por lo que éstos requieren el seguimiento y control de las autoridades electorales –como lo señala una de la proposiciones del Senador José Vicente Carreño– estableciendo además la obligatoriedad al Gobierno Nacional para que radique un proyecto de ley orgánico, que establezca términos y condiciones a estos mecanismos de elección.
Ante “la paridad e identidad de género diversas” de las listas “cerradas y bloqueadas”, es necesario advertir que el Artículo 40 de la Constitución Política no fija como obligación la equidad de género, sino que al contrario es universal al señalar que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, lo que abre los espacios de participación a todos los ciudadanos, no necesariamente “mitad hombre, mitad mujeres”, delegando la conformación de una lista a la dinámica diferencial y específica de cada escenario nacional y territorial, que incluso puede tener mas mujeres que hombres o viceversa, pero evaluando conocimiento, capacidad y experiencia.
Otro aspecto preocupante de la reforma política, es que no fija un derrotero claro ni imperativo para la implementación del voto electrónico en Colombia, sino que lo deja inexplicablemente a juicio del Estado, al señalar que “podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en las elecciones”, cuando se debe sentar la obligatoriedad de implementar el mismo, sin importar que sea de manera gradual y selectiva –en un plazo máximo de 10 años– como lo establece otra proposición del senador Carreño.
Un aspecto para reconocer a la reforma política es la gratuidad del transporte en el día de elecciones, contando con la financiación total del Gobierno Nacional, lo que vendría a debilitar el poder de las grandes maquinarias, que encuentran en la movilización de los ciudadanos, una forma efectiva para incidir a última hora en el ejercicio del sufragio, pero esta financiación también debe ser asumida por las gobernaciones y alcaldías, que permita garantizar una cobertura total del mencionado servicio, sobre todo en aquellos sitios rurales de difícil acceso, que su integral acceso solo puede ser garantizado por el ente local.
Coletilla:
Una de las novedades de la reforma política es la creación del Fondo de Financiación de Campañas y Partidos Políticos, que se financiaría con aportes estatales y privados, pero lo ideal es que esos recursos se distribuyan de manera equitativa entre las campañas, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, y no lo que sucede actualmente que es un aporte a dedo a determinado nombre o campaña, que posteriormente genera utilidades millonarias a los aportantes.
