Sin duda que este año evidenció el desajuste institucional acumulado en el planeta y en Colombia durante más de 30 años de aplicación del neoliberalismo depredador, que con la pandemia demostró que, si no lo revertimos, en décadas llevará a la extinción de los recursos naturales, de humanos y demás especies sobrevivientes.
Desde el 28 de abril, el desborde de la protesta social y la masacradora represión policial desnudaron la caducidad de un régimen político-económico, que desde el gobierno de Gaviria, abrió puertas a la privatización de todos los servicios públicos, incluida la salud, las pensiones, la pérdida de derechos de los trabajadores y el aumento de la concentración de la tierra, propiciado por el paramilitarismo al servicio de narco-hacendados-ganaderos- palmi y cañicultores, bananeros, mineros, etcétera, quienes apoyados en la parapolítica y cooptación de altos cargos del gobierno nacional, pusieron a su servicio y de los grandes grupos financieros, el grueso del presupuesto nacional, mediante la adjudicación de subsidios, como los de Agro Ingreso Seguro y a los biocombustibles, además de grandes exenciones de impuestos, mientras a la clase media y al pueblo lo engarzaban con el IVA cada vez más incrementado.
El triunfo de Boric en Chile (el país donde los ricos Mac Pato del mundo y Wall Street, amparados en la dictadura de Pinochet, ensayaron el neoliberalismo antes de extenderlo al resto del planeta y en especial a Colombia) augura que con las elecciones de 2022 vendrán urgentes cambios en la presidencia y en el Congreso.
En marzo de 2022 los senadores y representantes legislando para beneficio propio y sus financiadores de campaña deberán ser reemplazados por congresistas que legislando replanteen políticas económicas, sociales y ambientales más orientadas a fortalecer la educación, salud y pensiones como derechos y no como negocios de particulares; la menguada industria nacional afectada por las importaciones desbordadas y el contrabando para crear empleos productivos; la recuperación de la agricultura y seguridad alimentaria disminuidas por los TLC leoninos que nos condenaron hasta importar maíz, arroz, fríjol, trigo que antes producíamos en cantidad; la puesta en marcha de la Reforma Agraria Integral y de la restitución de tierras frenadas por este gobierno; el desarrollo de novedosos proyectos de sustitución del petróleo y carbón como fuentes energéticas y minería sostenible, respetando el acceso de las comunidades al agua y ambiente sano y los derechos de la mayoría de la población, entre otros puntos; sin olvidar las urgentes reformas a la justicia, al sistema electoral y político, indispensables para construir una democracia real y no formal, como la actual, donde el presidente se convierte en un dictador al controlar además la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y gracias a sus socios capitalistas, poderosos medios de comunicación.
Terminadas las fiestas de Navidad y Año Nuevo, entraremos de lleno a la campaña electoral, con los senadores gobiernistas canjeando votos gracias a los contratos que les facilitó el presidente Duque al pasarse por la faja la ley de garantías y con listas como las encabezadas por Humberto de la Calle, Gustavo Tobón, Gustavo Bolívar y Mabel Lara, propuestos como renovadores redoblando esfuerzos para motivar a los tradicionales votantes y abstencionistas; mientras para la presidencia de la república, con el comodín distractor del Trump criollo: Rodolfo Hernández, en la primera vuelta quitándole votos al favorito Petro y a la coalición Centro Esperanza; la alianza del Centro Democrático, el Partido Conservador, La U, Cambio Radical y el resto del Partido Liberal de César Gaviria, integrados en el Equipo Colombia, intentarán pasar a definir la segunda vuelta, que si no trae resurrección de las cédulas de los difuntos y abrumadora compra de votos, como los de la Ñeñe Política, a favor de Duque, significará el ascenso a la presidencia de Petro o Fajardo y el replanteamiento de 20 años de políticas autoritarias y a favor de los poderosos grupos económicos y de narco-hacendados del país.
