Muchas definiciones se han dado a través de los siglos sobre la guerra. Mientras que para Clausewitz era un instrumento de la política, su continuación por otros medios, Jomini la consideraba un conflicto personal amplificado. Sin embargo, lo único en lo que todos concuerdan es en que la guerra es destrucción, desolación y muerte.
En esta época en que se debe emplear un lenguaje políticamente correcto se ha buscado humanizar, no la guerra, lo que es imposible, sino los términos para referirse a ella. Es así como ya no se habla de muertos en combate sino de neutralizaciones, interrogatorio sino entrevista y efectos colaterales en vez de civiles muertos en operaciones militares.
Los cambios en el uso del lenguaje son poderosos, no pueden en muchos casos transformar la realidad, pero sí la percepción que tenemos de ella. Los ejércitos están hechos para la guerra y durante la paz su función es entrenarse para la guerra. No obstante, hay quienes piensan, y lo preocupante es que incluso al interior de las fuerzas militares, en ejércitos para la paz, cuya función sería hacer carreteras, puentes y jornadas de salud, llevar circos y orquestas a lugares remotos, actividades que resultan mucho más eficiente con particulares y que distraen a las fuerzas militares de su misión.
En las negociaciones de paz del pasado gobierno, el único estamento que tenía casi que la obligación de ser escéptico con el proceso era el estamento castrense, pero para sorpresa de todos, bajo el mando del general Mejía, las fuerzas militares se mostraron como las más entusiasmadas con las negociaciones y al parecer consideraban la paz como un hecho inminente, en contra de lo que pensaban muchos colombianos. Como consecuencia de esto, en vez de prepararse para la guerra, es decir para la posibilidad del fracaso de las negociaciones y el consecuente recrudecimiento de la violencia, o en el mejor de los escenarios para ocupar los espacios dejados por la insurgencia desmovilizada y enfrentar el incremento de la criminalidad que sigue a cualquier tratado de paz, optaron por conformar un ejército para la paz, embarcándose en ese momento álgido en un cambio de doctrina, una reorganización militar e incluso llegando a plantear la participación en fuerzas multinacionales.
Algunos analistas dicen que el principal daño que el Caguán le hizo a las Farc fue que las aburguesaron, las acostumbraron a no combatir, algo similar sucedió en el Ejército. Durante los años de las negociaciones, y con el fin de no afectarlas, se redujeron las operaciones militares al mínimo y se volvió normal que muchas unidades pasaran meses sin enfrentar las amenazas que seguían vigentes, muchos comandantes se acostumbraron a esto.
En todas las organizaciones se miden resultados, y estos por norma se atan a los procesos misionales, nadie mide resultados basándose en procesos de apoyo. Esta medición sirve para tomar decisiones referentes a la vinculación, promoción y retiro de sus miembros. El quid del asunto es cómo evaluar a los militares, como medir los resultados en la guerra. En las guerras regulares era relativamente fácil, por norma general se tasaba el terreno conquistado y la destrucción de la voluntad de lucha de los ejércitos enemigos. En las guerras modernas, conflictos generalmente irregulares y asimétricos, se ha vuelto más difícil la tarea, es evidente que el body count no funciona, Estados Unidos le causó al Viet-Cong y sus aliados un millón cien mil bajas (combatientes, sin contar civiles) y sufrió 58.220 bajas propias, una relación de 17 a 1 y terminó perdiendo la guerra por razones que por lo extensas serían tema de otra columna.
Las cifras de los combatientes muertos en Colombia a lo largo del conflicto no son consistentes. Según el Centro de Memoria Histórica, en acciones bélicas entre 1958 y 2012 murieron 40.787 combatientes. Otras fuentes citan que la guerrilla entre 1960 y 2017 tuvo 28.500 muertos en combate y 34.000 desmovilizados. Con referencia al caso de los falsos positivos las cifras van entre 3.000 y 5.000 civiles ajusticiados fuera de combate. Lo datos no cuadran por ningún lado, pero es evidente que, sin importar la fuente, el número de desmovilizados, es decir combatientes que se entregan, superan con creces a los muertos en combate y su relación es bastante superior a la de conflictos irregulares a lo largo de la historia. Esto indicaría que no ha existido en Colombia una política de tierra arrasada o de exterminio por parte de ninguno de los bandos en liza. Obviamente ha habido excesos y asesinatos de personas protegidas por la ley de la guerra, pero en medio de la violencia inherente a la misma, estos casos no han superado tampoco los registros históricos de conflictos armados.
Es evidente que los falsos positivos se presentaron, lo que no es tan claro es la cantidad de estos, ya que existe un marcado interés en cobijar muertes legítimas en combate bajo esta figura, ya sea por interés económico, como sucedió con la masacre de Mapiripán, o por sesgo ideológico. Hay quienes están convencidos de que se busca llevar generales ante la JEP para que, con el fin de obtener prebendas en sus procesos, testifiquen que las órdenes de perpetuar estos crímenes fueron emitidas desde la Presidencia y el Ministerio de Defensa, es decir, que no fueron un crimen de lesa humanidad resultado de unas erradas políticas de dirección y evaluación, sino un crimen de Estado.
Manifiesta el New York Times en reciente publicación que en Colombia ascendieron a generales 9 oficiales vinculados a los falsos positivos y que el general Nicasio Martínez era el Jefe de Estado Mayor de la Décima Brigada, unidad vinculada también a estos crímenes. Olvida el escritor mencionar que ninguno de estos generales tiene un proceso penal o disciplinario por este particular, que ninguno está vinculado en los miles de procesos abiertos y también que el cargo de Jefe de Estado Mayor de una Brigada en Colombia es un cargo netamente administrativo que no tiene ninguna injerencia en la planeación y conducción de operaciones. Que el periodista no sepa esto es entendible, pero que los generales y coroneles que le brindaron la información, según él mismo manifiesta, no hagan la correspondiente salvedad deja un mal sabor de boca. También olvidaron mencionar los altos oficiales que entregaron la información al New York Times que en la misma reunión se distribuyeron otros dos documentos (Lineamientos de comando en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Operacional Bicentenario y otro similar).
Un punto que llama igualmente la atención es que, según quienes filtraron la información, se emitió una orden en el sentido de que no “exijan perfección al momento de ejecutar ataques letales”. Los procesos de toma de decisiones en el mundo empresarial se basan en modelos militares, allí nacieron y es universalmente aceptado que cuando se cuenta con un 70% de la información se debe tomar una decisión, por ejemplo, la decisión de realizar la operación que culminó con la muerte de Osama Bin Laden la tomó el presidente Obama con una probabilidad del 55% de que la persona ubicada en la casa que se iba a atacar fuera el objetivo que llevaban años persiguiendo. Pretender contar con el 100% de certeza para lanzar una operación militar es condenar al ejército a la total inacción.
El presidente Iván Duque designó una Comisión de Excelencia Operacional para que evalúe y analice los procedimientos y lineamientos al interior de la fuerza pública. Dicha comisión está integrada por los exmagistrados Mauricio González y Hernando Yepes y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Llama la atención que una comisión para evaluar procedimientos militares esté conformada por altos dignatarios con un desconocimiento absoluto de las fuerzas armadas, de la guerra y que no han estado jamás en combate. Esto es como mandar un abogado a verificar si los procedimientos que se realizan en un hospital son correctos, aunque en este país estamos acostumbrados a que el diploma de abogado da para todo.
Es fundamental que el Ejército defina de forma autónoma y profesional la forma de evaluar a sus hombres y medir los resultados operacionales. Dejar esto en manos de particulares sin ningún tipo de formación castrense sería catastrófico. No es fácil hacer esto en un conflicto como el colombiano, no se pueden medir litros de sangre, es verdad, pero tampoco podemos medir, por ejemplo y como proponen muchas voces, la tranquilidad de las diferentes jurisdicciones, ya que entonces llegarán a generales solo aquellos oficiales que nunca salen de Bogotá, ciudades capitales y comisiones en el exterior. No es acertado implementar al interior del Ejército un sistema de evaluación que privilegie a quienes no combaten. Uno se pregunta si quienes plantean esto lo hacen por desconocimiento o con el fin de debilitar la capacidad operacional de las fuerzas militares.
No se pueden desconocer las alarmas que genera el artículo del New York Times. No obstante, se debe analizar con cabeza fría si las órdenes emitidas pueden degenerar en casos de ejecuciones extrajudiciales y tomar los correctivos necesarios de forma rápida y decidida. Tampoco podemos desconocer que lo sucedido con la información filtrada al New York Times y al senador Gustavo Petro recientemente devela una profunda fractura al interior del Ejército que no puede ser ignorada.
Para terminar, quisiera recordar una frase de Jacques Guibert en su libro General Essay on Tactics de 1775: “ningún cambio importante se puede hacer en un ejército si no ocurre primero un cambio fundamental en la sociedad”.
