El Gobierno nacional ha anunciado la presentación de una nueva reforma pensional ante el Congreso de la República, lo cual obliga a hacer algunas reflexiones a fin de que se tome conciencia sobre la inconveniencia de esta para los colombianos y se exija la presentación de su borrador en audiencia pública, antes de ser presentado al Congreso, a fin de que los colombianos podamos decidir sobre la misma como corresponde a una democracia enmarcada dentro de un estado social de derecho.
Sin desconocer la necesidad de la reforma, es conveniente recordarle al Gobierno que el tema de una protección social digna para los ciudadanos tiene una gran importancia no sólo en la Constitución de 1991 sino, en importantes pronunciamientos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 22), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 9), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 16), en el Protocolo sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (art. 9) y, en la Conferencia 89/2001 de la Organización Internacional del Trabajo.
Uno de los argumentos con los cuales ha sido justificada esta reforma es la insostenibilidad del Régimen de Prima Media, lo cual es discutible. Dicha insostenibilidad no se origina en la carencia de recursos públicos para cancelar el pasivo pensional; el problema es la existencia de un Estado históricamente ineficiente no sólo en el cumplimiento de las funciones constitucionales que le han sido asignadas sino, en el pago de sus obligaciones, el recaudo y manejo de sus ingresos, el control racional de sus gastos y el respeto por los derechos de terceros.
Esta ineficiencia, se manifiesta en la incapacidad que el Estado ha demostrado en el control de la evasión que, históricamente, ha sobrepasado los $20 billones anuales. También en su incapacidad de controlar el lavado de activos (en Colombia lavan activos equivalentes al 3% del PIB anual). Nuestro país ha perdido multibillonarios recursos por la ineficiencia del Estado en el cobro de sus deudas por multas y sanciones el Estado (basta consultar el Boletín de Deudores Morosos del Estado para observar la astronómica suma que personas jurídicas y naturales le adeudan al Estado).
Para lograr un Estado eficiente es importante la existencia de un Congreso, unas Asambleas y unos Concejos que abandonen su detestable costumbre de actuar de acuerdo con el tamaño de la mermelada que el Ejecutive les suministre y, ejerzan un control político permanente a las políticas de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, con el objeto de verificar que los recursos públicos sean orientados a los fines establecidos por la Constitución y la ley y no se conviertan en fuente de ingresos para el derroche en banalidades, lujos, viajes y toda clase de gastos innecesarios como actualmente se está viendo en los altos funcionarios del actual gobierno.
Así pues, además de tratar de lograr un Estado eficiente, el debate debe orientarse a la búsqueda de políticas orientadas a lograr la ampliación de la base de aportantes y la restitución de la sostenibilidad del régimen pensional, sin tener que sacrificar los beneficios pensionales de los colombianos. Una política fundamental para lograr este objetivo debe estar orientada a la formalización y dignificación del empleo y la disminución del desempleo.
Para nadie es un secreto que Colombia vive un gran déficit de trabajo digno y que, históricamente ha sido clasificado por la Cepal como el tercer país latinoamericano con la mayor tasa de desempleo, precarios estándares de calidad del trabajo, alta inestabilidad del empleo y baja representatividad del empleo asalariado, lo cual explica el bajo número de cotizantes a la seguridad social, en especial al sistema pensional. Existe la necesidad de generar más trabajo decente a través de nuevas políticas públicas, el cumplimiento de convenios internacionales y el mejoramiento de la distribución del ingreso.
También es de conocimiento general, la problemática que afronta el egresado de las universidades para lograr integrarse al campo laboral. Su oportunidad de conseguir empleo es mínima, casi inexistente, pues no cuenta con la debida experiencia requerida por los empresarios para contratarlo. Por eso, es de suma importancia la formalización y ejecución en la práctica no sólo de la ley del “primer empleo” sino, de la eliminación de la odiosa diferenciación de salarios entre mujeres y hombres, que actualmente persiste en el campo laboral.
Finalmente, es necesario que en el texto de la reforma se comprometa al Gobierno Nacional con la formulación de políticas públicas orientadas a lograr la eficiencia de la administración en todos sus niveles, evitar de forma inmediata el desangre de las finanzas públicas a través del derroche de sus altos funcionarios y lograr la ampliación de la base de aportantes al régimen pensional.
Economista Especialista en Finanzas Públicas
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