Colombia ha sido testigo por excelencia durante los últimos 20 años en su historia económica-política y social sobre la cruda, lacerante y aterradora realidad que tendenciosamente se le ocultó a la opinión pública y que gracias a organismos como la JEP, se da a conocer a través de una serie de acontecimientos extremadamente graves no solo debido a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos fundamentales de numerosos sectores de la población, sino por algo más grave y es la utilización del Estado como plataforma política y económica que legitimó intereses de origen ilícito para llevar a cabo una política de exterminio cuyo pretexto histórico fue la lucha antisubversiva, particularmente durante los gobiernos de los expresidentes Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque Márquez.
En efecto y al escuchar con detenimiento las escalofriantes declaraciones y señalamientos del exintegrante de los grupos de autodefensa Salvatore Mancuso, definitivamente se confirma la alianza de importantes sectores políticos y económicos al servicio del Estado con organizaciones delincuenciales trasnacionales ilegales entre los que se encuentran gremios económicos, integrantes de las fuerzas militares, ex vicepresidentes y expresidentes, lo que denota que a lo largo de numerosos hechos victimizantes, se produjo en numerosos sectores de la población una crisis humanitaria de proporciones aberrantes en materia de pobreza, marginalidad y exclusión como rasgo característico de un proceso de acumulación de capital fraudulento que en su momento histórico condujo a la consolidación definitiva del modelo narcodependiente en el ciclo internacional de la cadena de valor asociado al narcotráfico en la que se vinculó la economía colombiana.
El hecho de que el Estado colombiano se haya doblegado a los propósitos e intereses de carácter económico y político impuestos por estas organizaciones delincuenciales, coloca de manifiesto el quiebre abrupto de la institucionalidad democrática y el carácter desmedido de enriquecimiento económico a través del desarrollo de todo tipo de actividades ilegales (narcotráfico) de sectores adscritos a las élites económicas y políticas dominantes en el país.
Veamos entonces algunos de algunos de los hechos que hacen parte de esta nefasta realidad que en la actualidad nos embarga a muchos colombianos y que de alguna forma, reflejan el profundo estado de decadencia de esos poderosos sectores económicos y políticos.
-En recientes denuncias el periodista Gonzalo Guillén divulgó a través del medio informativo “La Nueva Prensa”, la presunta complicidad, encubrimiento y omisión de la Fiscalía General de la Nación en la comisión de graves delitos por parte del Clan del Golfo (denunciados desde el 2008 que incluyen numerosos homicidios ejecutados en la zona norte del país),sin que aún se hagan efectivas las capturas correspondientes a los autores materiales los cuales están plenamente identificados a pesar del acervo probatorio de que se dispone como son las miles de interceptaciones de audio realizadas a integrantes adscritos a esta organización irregular.
De acuerdo a las declaraciones del funcionario analista, investigador y abogado al servicio de la Fiscalía General de la Nación, Fernando Rodrigo Romero Alvarado realizadas el 13 de mayo de 2023 al medio “La Nueva Prensa”, se evidencian los nexos de este organismo con el Clan del Golfo, al encubrir y permitir la comisión de una serie de homicidios desde el 2008 hasta el 2020 en los departamentos de César y Magdalena donde se presumen más de 1.000 asesinatos.
Frente a este singular y complejo panorama surgen las siguientes preguntas:
¿Por qué no se han adelantado las investigaciones pertinentes para ordenar las órdenes de captura y debida judicialización de los autores materiales de estos graves hechos?
¿Puede Corte Penal Internacional en el ámbito de sus competencias internacionales intervenir con el objeto de sancionar, judicializar y penalizar a los funcionarios incursos en estos graves delitos al servicio de la Fiscalía General de la Nación?
-De otro lado y teniendo en cuenta las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP y del ex miembro de los grupos paramilitares Ever Veloza, se confirma categóricamente lo que en su momento expresó en el año 1995 la líder social Gloria Cuartas al señalar a la élite política y económica con poder en Colombia de involucrarse en la guerra no sólo en la región del Urabá, sino en otras regiones desarrollando para tal fin grandes inversiones en armas en articulación directa con grandes multinacionales como Chiquita Brands y Coca Cola en la implementación del genocidio contra la población por parte del paramilitarismo que se estableció como una forma de legitimar intereses sobre el control geoestratégico de recursos carácter minero, de biodiversidad ambiental (ríos, reservas de bosques), precisamente en las regiones de interés económico del capital extranjero.
Una primera conclusión revela por primera vez en la historia política y social colombiana, la utilización del Estado por parte de las organizaciones de las autodefensas para desarrollar sistemáticamente una guerra demencial contra grandes sectores de la población civil para sumirlos en una de las más vergonzosas e inhumanas condiciones de crisis humanitaria y acumular recursos productivos estratégicos de forma ilícita y violenta como lo demuestran las diversas investigaciones adelantadas por el Centro de Memoria Histórica y las numerosas denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país ante el mundo.
Una segunda conclusión es que en las actuales condiciones de narcodependencia internacional al que se articula la economía colombiana, no será posible alcanzar ningún tipo de paz total, mientras subsistan las condiciones estructurales que sustentan una acumulación de capital vinculando no sólo en el circuito de toda la cadena de valor a organizaciones delincuenciales de origen nacional sino que igualmente yuxtapone los intereses económicos de poderosos carteles trasnacionales (Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Los Zetas). De hecho en Colombia y según un informe de investigación adelantado por el medio Semana, hacen presencia al menos 15 carteles extranjeros de cocaína, los más violentos y arraigados son los mexicanos a quienes se les acusa de estar detrás de las masacres que se están presentando en el país (que suman cerca de 70 con cerca de 240 víctimas mortales) y quienes en materia de suministro de droga tienen como principal proveedor al Clan del Golfo.
