Las presentes notas tienen relación con el estudio realizado por FESCOL a partir de una encuesta de la firma Cifras y Conceptos a 1.800 personas en 13 ciudades del país, con el fin de ubicar las diferentes tendencias políticas en temas como el papel del Estado, la economía, impuestos, programas sociales, aborto, cadena perpetua, medio ambiente, extracción de petróleo, sistema de salud, entre otros, que presentó El Espectador (30-4-2022), como “Estudio del País que va a votar el 29 de Mayo”.
Los acontecimientos del paro armado del Clan del Golfo, acaecidos del 6 al 9 de mayo del año en curso, a 20 días de elecciones presidenciales, con 180 vehículos quemados en 11 departamentos y 141 municipios, a raíz de la extradición de alias Otoniel, están indicando no propiamente el fin de la organización criminal, como lo dijo el presidente Duque, sino todo lo contrario, la vigencia del narcoestado colapsado de la oligarquía dominante, y el comienzo de las transformaciones democráticas en las próximas elecciones del 29 de mayo.
El fenómeno del narcotráfico ha sido recurrente en los gobiernos de los últimos 50 años de la historia del país (1970-2022), sin que hasta el momento se haya podido presentar un proyecto político democrático con posibilidades reales de poder que le pueda poner fin a semejante tragedia nacional, con la excepción del Cambio por la Vida que está proponiendo Gustavo Petro y Francia Márquez para las elecciones del 29 de mayo.
Las causas del fenómeno están más que diagnosticadas por organismos de investigación, pero las soluciones de los sectores dominantes que han detentado el poder no han querido atacar las causas reales y verdaderas del problema.
El Clan del Golfo, ahora influidos por los grandes narcotraficantes mexicanos del cartel de Sinaloa, así como todas las formas de violencia legal e ilegal, incluidas las disidencias de las Farc, las guerrillas del ELN, y sectores contaminados de la burguesía, el Ejército, la Policía y de los cuerpos de Inteligencia del Estado, han sido permeados y penetrados hasta el fondo por el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de la gasolina, y por la corrupción del estado a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Por eso, para poder atacar el fenómeno con perspectivas reales de solución, es decisivo el cumplimiento e implementación del acuerdo de paz de La Habana y del Teatro Colón (2016), que en todo caso es un Tratado de Paz a nivel estatal, constitucional, nacional e internacional, pero que hasta ahora ha tenido una lectura equivocada por parte del gobierno de turno, en el sentido de que dicho acuerdo fue “la entrega de las fuerzas militares del Estado a la guerrilla de las Farc”, por lo cual el foco de la guerra en el gobierno que termina estuvo dirigido a las guerrillas del ELN y de las disidencias de las Farc, dejando de lado el fenómeno del paramilitarismo y de los grandes carteles financieros del narcotráfico.
Este enfoque guerrerista ha impedido focalizar las políticas públicas que puedan dar comienzo a la solución del problema, como son el tratamiento de los cultivos de uso ilícito mediante programas alternativos rentables para los campesinos que no tienen otra alternativa que el cultivo de la hoja de coca para poder subsistir, a lo cual el gobierno ha propuesto la continuación de la fumigación con glifosato de los cultivos de coca, a pesar del fracaso evidente y de las consecuencias nefastas de esta política.
Y cómo el fenómeno requiere un tratamiento político, multilateral e integral que contenga toda una estrategia en el corto y mediano plazo para erradicar el problema del narcotráfico, la corrupción y de la falta de democracia real, pues tenemos que contar necesariamente con la necesidad de implementar una reforma agraria integral y democrática que se encargue de resolver el problema de la tenencia de la tierra para el campesino, con medidas de vías terciarias, aspectos de tecnología, interconexión, salud, educación, vivienda, recreación, créditos, mercadeo, no solamente para resolver el problema de la autosuficiencia y soberanía alimentaria, sino también para la creación de un mercado interno que permita la creación de economías de escala con valor agregado para la exportación y competitividad en el mercado internacional.
No es con medidas como la extradición de Otoniel, con la cual el presidente Duque quiere resolver el problema del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de gasolina, la corrupción y la violencia desbordada del narco-estado paramilitar, y que además pone en duda la soberanía de nuestra justicia nacional, dejando expósitas a las víctimas del conflicto armado ante la ausencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para poder cubrir con el manto de impunidad a los principales responsables de los crímenes de estado hoy llamados “falsos positivos”.
Obviamente hace falta acompañar estas políticas reformistas democráticas con una profunda reforma a las fuerzas militares y de policía, para poder abandonar la doctrina del enemigo interno y de la defensa nacional con las cuales han sido formadas para la guerra contra el pueblo, por una doctrina democrática y nacionalista de la verdadera soberanía nacional y popular, libres del narcotráfico y de la tutela yanqui, para que puedan ser garantías en la construcción de una nueva democracia avanzada.
Además es absolutamente necesaria una reforma profunda al sistema electoral, que tenga en cuenta el origen y la composición del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, su independencia financiera, administrativa y tecnológica; la democratización de los partidos y movimientos políticos, la financiación de las campañas políticas y el manejo democrático del Congreso de la República. El manejo errático de los resultados electorales del 13 de marzo son una muestra elocuente de la falta de claridad en una de las remas fundamentales de un sistema democrático.
Estos elementos programáticos están definiendo en forma sustancial la estrategia fundamental para poder darle curso a la terminación del narcotráfico en Colombia, y consecuentemente, desmontar el narco-estado colapsado de la oligarquía dominante, para lo cual, obviamente, tenemos que conquistar el poder político en las próximas elecciones del 29 de marzo.
De tal manera que el paro armado del Clan del Golfo (6-9 de Mayo); el artefacto terrorista, ubicado en la Sede del Pacto Histórico del Municipio de Bello, Antioquia, (9 de mayo); la suspensión temporal del alcalde de Medellín, Daniel Quintero (10 de mayo); por parte de la procuradora nacional, Margarita Cabello Blanco, por participación en política; la misma que ha hecho el Ministro de Gobierno, el de Defensa, el Comandante del Ejército, y el mismo presidente de la República, con el silencio cómplice de la Procuradora; constituyen los eslabones de una sola cadena que tiende a intensificarse y multiplicarse a 15 días de las elecciones presidenciales del 29 de Mayo.
Entonces no es cierto que “La sociedad colombiana se caracteriza por una cultura política que va del centro hacia posturas más conservadoras; que anteponen la autoridad y el orden sobre los derechos y libertades individuales, al tiempo que propenden por un Estado de bienestar que esté por encima del libre mercado y pueda intervenir en la economía”, como concluye el “Estudio del país que va a votar el 29 de Mayo”. (El Espectador 30-4-2022)
Como se puede ver con claridad, la polarización real de la sociedad colombiana no es más que el dominio de la libertad del mercado neoliberal a costa de los derechos y las libertades individuales reales de la gente del común, que se expresa en estos momentos en el programa electoral del fascismo neoliberal y en el programa electoral de la democracia avanzada. Las demás posiciones del llamado centro político, no hacen sino llevarle agua al molino de la reacción política, fascista, militarista y paramilitar, de un narco-estado colapsado por la oligarquía dominante.
Obviamente, para poder construir este macro-proyecto democrático, económico, político, social y cultural, el Pacto Histórico tiene que construir un movimiento de masas pluralista, que parta de las condiciones y características diversas de las distintas regiones de Colombia, que le dé el sustento político y social al nuevo gobierno del cambio democrático, y que tenga como base fundamental a los trabajadores, no solo empoderándolos con su organización gremial y política, sino también haciéndolos partícipes en la construcción del nuevo proyecto económico y cultural, y en la dirección de los puestos claves del nuevo Estado democrático y popular.
