El dragoneante del Inpec John Milton Jiménez Arboleda, en carta a los periodistas, cuyos apartes fueron publicados por El Espectador, asegura que lo tienen detenido como chivo expiatorio de lo que no fue una fuga de la custodiada cárcel La Picota, pues a Matamba, el jefe del Clan del Golfo, en Nariño, “lo desaparecieron” días antes de declarar ante la Fiscalía, contra un grupo de generales y coroneles activos y retirados, quienes le ayudaron con las tropas a combatir al Sábalo y otros grupos armados que le hacían competencia en el narcotráfico, la minería ilegal y extorsión.
Otoniel, antes de la extradición para que no siguiera hablando, implicó entre los oficiales que trabajaron con paramilitares de las AUC y el Clan del Golfo, además de empresarios y políticos como el renunciado candidato presidencial Luis Pérez, a los excomandantes de las FFAA, Mario Montoya y Leonidas Barrero, candidato del Centro Democrático a la Gobernación del Cauca, en 2015, también señalado, según investigaciones de la Fiscalía filtradas a medios de comunicación, de ser El Padrino, de Matamba, quien, cada mes, repartía entre oficiales activos y retirados, $400 millones.
Ya varios generales y coroneles retirados del Ejército, en declaraciones ante la JEP y las madres de Soacha, habían confesado su participación en el asesinato de jóvenes de extracción popular, quienes entre el 2003 y 2008, en los gobiernos de Uribe, fueron engañados con falsas promesas de trabajo lejos de sus hogares, para ser acribillados a mansalva y después uniformados y armados para presentarlos como guerrilleros muertos en combate con el fin de mostrar resultados y de paso cobrar ascensos, jugosas recompensas y vacaciones (falsos positivos).
Al desarrollar durante cuatro días el paro armado, que sin presencia efectiva de ejército y Policía para perseguirlos, paralizó 11 departamentos, confinó a la población aterrorizada, dejó un saldo de varios muertos, heridos, entre ellos algunos miembros de la fuerza pública y quemó 186 vehículos, el Clan del Golfo acaba de evidenciar el fracaso de la política de seguridad democrática, iniciada por Uribe en 2002 con la promesa de no negociar y vencer por las armas a los grupos armados, continuada por Santos, en su primer gobierno, y después que este (desobedeciendo a Uribe, pacto el acuerdo de paz con las Farc), fue resucitada por Duque, a la par que inútilmente intentaba acabar con la JEP, frenaba la restitución de tierras, la reforma agraria integral, la reforma política y del sistema electoral, mientras que, con el sofisma de “Paz con legalidad”, intentaba hacernos creer, a la ONU y a los países cooperantes, que estaba cumpliendo lo fundamental de los acuerdos.
También evidencia la decadencia de la política de seguridad democrática la despiadada represión que contra la protesta popular desencadenó la Policía acompañada por particulares armados, causando 82 muertos registrados y muchos tuertos, contrastando con la pasividad para enfrentar a los del Clan del Golfo que mantuvo aterrorizada y encerrada a la población del departamento donde Uribe tiene su hacienda el Ubérrimo, mientras en la capital, Montería, el ejército escoltaba y vigilaba el club social en el que pomposamente se celebró el matrimonio de hijos de dirigentes políticos ligados al saqueo del departamento, la corrupción administrativa, narcotráfico y el paramilitarismo.
El hacer trizas el proceso de paz propuesto por los ultraconservadores y guerreristas del Centro Democrático, fue un éxito, pues lograron fortalecer las disidencias y sus variantes, la Nueva Marquetalia, además del ELN, el EPL, el Clan del Golfo, las bandas de carteles regionales y urbanos, como la Oficina de Envigado y la Cordillera que explotan el narcotráfico, minería ilegal, la extorsión, el sicariato y la usura del “gota a gota” que exprime a los rebuscadores del día a día.
Ya el ELN y las disidencias habían impulsado paros similares en zonas que controlan en Arauca, Cauca y otros departamentos, pero no a la escala del ejecutado por los paramilitares reciclados de las AUC, más soldados profesionales y oficiales retirados, que en gran número engrosan las filas del Clan del Golfo, según declaró a El Espectador un Mayor del ejército.
Más guerra, concentración de propiedad rural y quema de selvas por parte de narco-hacendados-ganaderos-palmicultores que apoyaron los gobiernos de la seguridad democrática, en medio de la ineficacia de las fuerzas armadas para controlar los territorios y de la corrupción de altos mandos militares, trabajando en llave con bandas delincuenciales y alcahueteados siempre y cuando obedezcan y pongan la inteligencia militar al ser vicio de Álvaro Uribe, es resultado del sistema que quiere perpetuar Fico Gutiérrez, ofreciéndose como salvador de la debacle de país que nos entregan sus patrocinadores, después de 22 años de repartirse el poder y el país.
¿Será que esta vez también les creen, o las encuestas aciertan, marcando la hora de buscar otro camino?
