Cuando entramos de lleno al modelo neoliberal de la economía se inició, sin pérdida de tiempo, un proceso de privatizaciones que les dio una vuelta de tuerca a los servicios básicos. Al Estado, los departamentos, los distritos y los municipios se les declaró interdictos (incapaces de seguir prestándolos) y los particulares, con aureola de eficiencia en sus testas, fueron premiados con jugosas concesiones en serie.
Hubo avances en la eficiencia, sin duda, pero no todo fue color de rosa en relación con las tarifas y su asignación por estratos. En unos casos la privatización tuvo carácter nacional, como en los puertos; en otros, distrital o municipal, como en el agua, y en otros regional, como sucedió con la venta de energía en el caso específico de la Costa Caribe. El balance de esta última experiencia resultó desfavorable para los elogiados administradores privados, y nefasta para los aporreados usuarios de una luz que oscurece más de lo que alumbra.
En el techo de la crisis enfrentada por los desaguisados de la traumatizante Electricaribe –que se amontonaron con serias complicaciones financieras–, los gobernadores y los alcaldes de la región precipitaron, con denuncias bien fundadas, la intervención de la empresa, y en su auxilio el gobierno central la recapitalizó con poca fortuna en las expectativas ($135.000 millones). No facturaban leyendo los contadores, sino con consumo estimado, o sea arbitrariamente y esquilmando a muchos usuarios que no podían reclamar sin pagar primero. Casos hubo de residencias y oficinas desocupadas por meses a las que llegaban, sin haber consumido un kilovatio, recibos por un millón de pesos o más.
La divulgación de un nuevo marco tarifario y la noticia de que la Nación suscribe una garantía por $320.000 millones para Electricaribe, a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, alejan la posibilidad de liquidarla y cambiar de operador. La Financiera de Desarrollo Nacional y el BBVA aportarán $160.000 millones cada uno para alargar por 2018 la operación de la filial de Gas Natural Fenosa en la Costa. ¿Qué habrá detrás de ese respirador artificial? Alguna intención lo aconsejó en momentos en que los gobernadores y los alcaldes costeños exigen apartarla del camino.
La suscripción de millonaria garantía de la Nación para Electricaribe
aleja la posibilidad de liquidarla y cambiar de operador.
¿Qué habrá detrás de ese respirador artificial?
Se esperaría que con los $320.000 millones no se repita la falla que tornó inservibles los $135.000 millones girados a Electricaribe, ya descalificada, por el estallido de sus desaciertos. Más pico y pala para el hueco fiscal cavado por los derroches que forzaron la reforma tributaria de 2016. La irracionalidad en el gasto se respira y le corresponderá al próximo gobierno revelar el monto de lo dilapidado. El gasto en propaganda –innecesaria, además, porque las realizaciones hablan por sí solas– supera los 5,6 billones de pesos. Imaginen el resto. Ya asoma el garfio de otra reforma tributaria.
Son ocho los departamentos que han padecido los formidables descuidos de Electricaribe, como la falta de mantenimiento de su infraestructura y los continuos daños en el cableado, los transformadores, las subestaciones y los postes. Culpaban de la consagración de semejante ineficiencia a la escasez de recursos. ¿Acaso no demostraron solvencia cuando entraron en concurso para operar? No hay subterfugios que justifiquen las irresponsabilidades administrativas y técnicas de una sociedad que consideramos apta en lo suyo. Su trasiego accidentado es el mejor testimonio de su indudable ineptitud.
No sería la primera vez que en Colombia se premie la ineficiencia, pues son muchos los intereses que convergen alrededor de las concesiones, y que se brincan con impudicia las advertencias inquietantes de los organismos de control, como la más reciente del contralor Edgardo Maya al cantar, como un riesgo inminente para el Estado colombiano, la posibilidad de que Fenosa recobre la operación de Electricaribe. Ya el ministro de Minas reconoció en Cartagena que la Nación no tiene cómo evitar que vuelva y juegue.