En situaciones como la actual, en relación con el COVID-19, no debemos enfocarnos solamente en los costos directamente relacionados con la enfermedad y el sistema de salud, sino considerar también los costos en términos del sistema económico. No se debe olvidar que los malos momentos de la economía tienen impactos importantes especialmente sobre las personas de menores ingresos incrementando la pobreza o la vulnerabilidad y deteriorando la calidad de vida e incluso causando muertes como consecuencia de estas razones.
Por lo anterior, es importante que los gobiernos tomen medidas que mitiguen el impacto sobre la salud de sus residentes considerando siempre que las políticas implementadas sean proporcionales a la situación y minimicen, dentro de lo posible y lo razonable, el daño a la economía. Por ejemplo, el virus común de la influenza o gripe mata cientos de miles de personas al año en el mundo. Actualmente no se cierran fronteras o se ponen ciudades en cuarentena por culpa de este virus y no parecen escucharse voces reclamando que se implementen ese tipo de medidas.
No debe malinterpretarse la anterior afirmación. El COVID-19 y la influenza no pueden considerarse iguales. Un ejemplo de las diferencias importantes entre una y otra está en la tasa de fatalidad. La del primero puede ser unas 10 veces más alta que la de la segunda. Y eso en el mejor de los casos. El hecho de que el COVID-19 dé lugar a un mayor número de casos severos incrementa significativamente la necesidad de atención hospitalaria, lo que finalmente puede sobrepasar la capacidad del sistema de salud, generando una mayor fatalidad directa del virus y otra indirecta relacionada con la incapacidad de atender adecuadamente otras enfermedades.
¿Cómo enfrentar entonces el COVID-19 o un virus similar en el futuro intentando minimizar el daño sobre la economía? Lo primero es que en cuanto aparezca un virus peligroso en cualquier parte mundo, el gobierno debería anticiparle a los colombianos que a medida que vaya apareciendo un número significativo de casos en cada país, se prohibirá la entrada de cualquiera que venga o haya pasado por allí recientemente, a menos que se trate de personas que residan en Colombia. Por razones humanitarias, como bien lo ha explicado el presidente, no podemos dejar en el limbo a quienes, residiendo en Colombia, han pasado por estos países. Por supuesto deberá ejercerse un control estricto de la entrada y el correspondiente aislamiento de los residentes colombianos que provengan de esos países. La salida hacia los mismos también deberá prohibirse (excepto para los no residentes en Colombia). Una vez se declare la pandemia, o se descubran aquí los primeros casos, será importante prohibir la entrada desde y la salida hacia cualquier lugar del mundo.
También deberá informárseles anticipadamente a los colombianos que, en cuanto se detecten los primeros casos en el país, se restringirá al máximo y de manera forzosa la movilidad de los colombianos (incluyendo los vuelos, toques de queda, suspensión de clases presenciales…) en las ciudades donde se detectaron (y en ciudades colombianas a donde hayan viajado potenciales casos asociados), de acuerdo al reporte preliminar que se tenga del contacto que han tenido los infectados. La restricción tendrá una vigencia un poco mayor al periodo de incubación estimado para el virus (en el caso del COVID-19 se estima, de forma aún muy preliminar, que ese periodo puede estar principalmente en el rango de 4 a 10 días). Esto le permite al gobierno disminuir las posibilidades de contagio (ya hemos visto que voluntariamente muchas personas hacen caso omiso de las recomendaciones de distanciamiento y no toman unas mínimas precauciones en su vida social) y un mayor control de las zonas en donde es más probable que puedan aparecer nuevos casos. En cada ciudad en la que se detecten nuevos contagios (o potenciales asociados) se procederá con la misma restricción. Ante un número alto y disperso de ciudades o departamentos en la misma situación, la restricción se hará a nivel nacional.
Una vez terminado el periodo de la restricción máxima, se permite nuevamente una mayor movilidad de los ciudadanos (por ejemplo, se retoman en donde sea necesario las clases presenciales, se levantan o disminuyen las horas de toque de queda) procurando medidas moderadas que, por un lado, minimicen la interrupción de las actividades normales diarias pero, por otro lado, contribuyan a un mayor distanciamiento social. Por ejemplo, la creación provisional de jornadas laborales diferentes para que no todos los trabajadores entren y salgan a la misma hora y se generen congestiones de “hora pico” en el transporte público.
Mientras todo lo anterior sucede, los vuelos internacionales deberán seguir restringidos siempre que la situación afuera siga siendo difícil. Siguiendo estas medidas, es factible que haya primero una normalización del entorno y de la movilidad a nivel interno.
Todo lo anterior pretende evitar caer en extremos. El extremo de hacer poco o nada y permitir que el crecimiento exponencial de los contagios nos lleve a una situación de salud y económica grave o el extremo de confinar todo un país y cada uno de sus municipios durante un periodo largo de forma innecesaria. Lo último resulta especialmente inútil cuando, en situación de pandemia, se sigue permitiendo la llegada de extranjeros no residentes al país.
Finalmente, es importante recordar que la principal herramienta de defensa contra un virus como el COVID-19 está en las manos de cada ciudadano, en su conciencia y en su proceder social, acorde con los principios de autocuidado y solidaridad.
