Alguna vez escuché, no me acuerdo quién lo dijo, pero expreso lo siguiente: “nací y ya estoy viejo para morir”. Con lo anterior daba a entender que uno puede morir al nacimiento o partir de él. Que la muerte siempre se encuentra al lado de uno y nunca se separa.
Pero por otro lado analizo que la esperanza de vida está altamente asociada con las buenas condiciones de vida que le brinda el contexto al ser humano. Por ello debemos mirar, nuestra biología (procesos vitales), la herencia genética, los ambientes de vida de la familia, las condiciones psicológicas (actitudes, aptitudes, cognición, creencias), la economía, la cultura, las políticas públicas y las buenas relaciones sociales.
Desde lo ambiental, (mundo natural) tenemos el agua, el aire y el suelo; que cumplen funciones vitales para la vida y que son responsabilidad del ser humano.
Su descuido, lo estamos sintiendo, se manifiesta con la contaminación, daño de los ecosistemas, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, deslizamiento de terrenos, maremotos, deforestación, extinción de especies; extracción sin control de los recursos minerales, ganaderías intensivas, uso de combustibles fósiles, desechos industriales y domésticos, desechos no biodegradables, pesticidas, contaminación de las fuentes hídricas, incendios forestales, etc. (la Pachamama dice: prefiero matar a mis hijos antes que yo perecer)
Desde lo socioeconómico, altamente relacionado con las políticas públicas de estado, se encuentran la protección social, que se debe enfocar en brindar buenas condiciones de defensa y accesibilidad en la educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad, convivencia, no discriminación, y transversalmente garantizar los derechos humanos. Estos espacios mal administrados son el caldo de cultivo para incrementar las amenazas de todo orden, los niveles de riesgo y las vulnerabilidades de las personas, grupos, organizaciones y estado.
Adicionalmente se encuentran las relaciones entre la estructura política y la política pública (satisfacción de las necesidades de la sociedad), que se plasma en lo material, moral, ideológico, justicia, legalidad, cultura, acciones sociales, libertad, crecimiento, estabilidad, no exclusión, respeto y enfrentamientos ilógicos entre los partidos políticos, quienes no luchan por lo común, necesidades del ser humano (¿comunismo?), sino por las economías de pequeños grupos o élites.
En este orden de ideas lo planteado más arriba, en conjunto, es un catalizador o caldo de cultivo (contexto propicio) para que emerjan los homicidios.
La ley 599 de 2000 “Código Penal Colombiano”, estipula: el homicidio doloso (Art. 103), el homicidio preterintencional (Art 105), y homicidio culposo (Art. 109).
En consecuencia, para poder encontrar al culpable, calificar el delito y ser castigado el victimario, requiere de la ayuda profesional de la psicología, la sociología, la politología, la estadística, el derecho, la medicina y el investigador criminal que, en última instancia, si trabajan en equipo, se transforman en la ciencia multidisciplinaria que se llama criminología, la cual determina las circunstancias de tiempo, modo, lugar, autores y motivos del homicidio.
Las formas, procedimientos o metodologías para medir y caracterizar la muerte (homicidio), está determinado por actividades puntuales, entre otras como: La noticia criminal, planificación y desplazamiento al lugar de los hechos, recibir el lugar de los hechos, observar el lugar de los hechos, labores de vecindario, búsqueda de los elementos materiales probatorios (EMP) y la evidencia física (EF), documentación, fotográfica, etc., hasta llegar al proceso de judicialización, que sumaría unas 18 actividades. Dentro de cada una de estas actividades se utilizan una serie de herramientas y kits de trabajo (cantidades variables) como: celulares, vehículos, reflectores, brújulas, impresoras, reactivos químicos, microscopios, grabadoras de voz y visuales, etc.
Todas estas tareas o actividades, cada una de ellas requiere de un equipo de trabajo que no está por debajo del involucramiento de 15 personas por caso. Estas personas son, el técnico investigador, el profesional investigador, el asistente de fiscal, el fiscal, los cuales pueden ser uno o más.
En consecuencia, nos podríamos preguntar en términos generales, por los costos de la denuncia como del procedimiento judicial y sus efectos como la probabilidad de ser capturado el victimario, la probabilidad de ser condenado, los niveles de impunidad y la percepción de credibilidad de la justicia.
En cuanto a la impunidad se tiene cuatro (4) tipos: la impunidad social, donde los hechos no son reportados a las autoridades, la comunidad ya no cree en el sistema de justicia del país; la impunidad prejudicial, el hecho es conocido por la fiscalía, la cual no judicializa, ni investiga, a pesar de tener conocimiento del homicidio y su autor; la impunidad relativa, tiene que ver con avances en el proceso penal que se dan sin una investigación por parte del fiscal y que al final del proceso se sale de competencia del fiscal; y la impunidad absoluta, es la que surge por el vencimiento de términos, se queda sin resolver y en consecuencia no se le puede aplicar una condena.
Los medios abiertos de información dicen que la impunidad se encuentra en los 32 departamentos, como mínimo, por encima de un 90%.
Sumemos a lo anterior los tiempos que se llevan en una investigación de un homicidio, el cual esta establecido entre uno (1) a cuatro (4) años y de pronto hasta más (Jorge Pizano, Jaime Garzón, Álvaro Gómez, Luis Carlos Galán, etc.).
De acuerdo con Cohen (2007) señalado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), febrero 16 de 2011 (N-16), los costos provenientes de las diferentes formas de violencia se pueden abordar desde: 1. Lo contable (costos directos e indirectos), 2. Modelos de crecimiento económico (perspectiva macroeconómica), 3. Preferencias declaradas (impacto sobre el bienestar de las personas), 4. Preferencias reveladas (inferir el valor del crimen a partir de los precios del mercado), 5. Satisfacción con la vida (perspectiva microeconómica-niveles de satisfacción con la vida) y 6. Valor de la vida (valor asignado por las personas a sus ganancias potenciales de esperanza de vida, correlacionadas con las reducciones de los niveles de violencia).
No olvidemos lo leído hasta ahora, con el fin de ir sumando la información a lo que viene ahora.
Los homicidios los podemos abordar, analizar, como se ha visto desde varias perspectivas. Las siguientes se asocian.
A. Por valoración subjetiva, que se relaciona con la significación que le dan las personas a los escenarios violentos donde pueden estar afectados directamente, indirectamente o existe un daño colateral (¿Qué siente cuando se encuentra en esta situación? ¿Cómo califica la muerte y su justificación? ¿Cómo califica sus pérdidas y bienestar social?):
- No se ha visto afectado
- El bienestar se ha disminuido, por los aumentos en los índices de mortalidad violenta y los impactos sociales (paranoia, inseguridad, injusticia, etc.)
B. Por las condiciones, causas, entorno o contexto del hecho:
- Accidental o no intencional. Son homicidios donde no existe motivación alguna, el azar entra en juego, como los niveles de riesgo y vulnerabilidades del entorno de la víctima.
- Intencional, determinado. En este tipo de homicidios existen motivaciones entre las cuales se identifican, venganza, celos, malas relaciones intrafamiliares, control o domino territorial, intereses políticos (violencia política), humillación, deudas (prestamos ilegales), extorsiones, creencias, prejuicios sociales, cambio de las condiciones sociales -política-, odios, limpieza social, uso excesivo o abuso del poder, ocultar corrupción, conflictos armados, disturbios civiles, huelgas, ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), ideológicas (cultura, religión), gratificación sexual, beneficios económicos, etc.
C. Caracterización del hecho o contexto situacional. Estudio del homicidio y para ello se documenta con información de:
- Ubicación geográfica
- Fecha y hora del hecho
- Clase de victima (características físicas, rol, estatus, profesión, ocupación, genero, reconocimiento social, etc.)
- Autor o autores
- Armas y medios de transporte utilizados
- Modus Operandi
- Motivaciones
- Repercusiones y gravedad del hecho (percepción y niveles de seguridad)
- Afectaciones sociales y económicas
D. ¿Quién o quiénes se benefician de la muerte
- El victimario (homicida)
- La organización (criminal, política)
- La sociedad
- Familiares
- Iglesia, funerarias
- Grupos Políticos
E. A partir de cifras, datos, registros estadísticos.
Las estadísticas no son muy bien manejadas en términos de estandarización y homogenización de los conceptos, criterios, parámetros, los cuales sirven para garantizar la calidad como de seguridad de los productos y servicios.
Si se realiza una comparabilidad de ellas (estadísticas), pero haciendo referencia a los homicidios, entre el Instituto de Medicina Legal, Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Centro de Paz de la Universidad Externado, Plataforma Delfos: Tecnología Educativa, Fiscalía General de la Nación, mediante su Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA); los datos varían de una entidad a otra, lo que indica no unificación de los datos (estandarización y normalización) y por efecto no permite monitorear, analizar, perfilar y hacer seguimiento real a los delitos en Colombia.
La Fundación Ideas para La Paz (FIP), en sus análisis corrobora lo anteriormente dicho (Las cifras delictivas: Difusión y transparencia).
La importancia de tener, manejar y conceptualizar los datos, registros de una manera clara coherente, está en que ello permite la comparabilidad y coherencia internacional de las estadísticas y de hecho valorar la capacidad de análisis a nivel local, nacional e internacional. De hecho, impide las malas interpretaciones y manipulación de la información.
Por lo anterior y con miras a generar una buena política de criminalidad y especialmente con el delito de homicidios, se presentan unos análisis estadísticos que recurren a manejar los cocientes demográficos, dentro de los cuales se denotan las tasas, probabilidades, razones y proporciones. Estas son:
- Número de muertes por densidad poblacional.
- Número de muertes por costos de investigación.
- Número de muertes por número de capturados (victimarios).
Por lo anterior me detendré en el numeral dos (2), que es hacer el miramiento de lo contable (Cohen-2007). Para ello lo que hago es una simulación en valores por actividad que se debe ejecutar en el procedimiento de investigación y judicialización del delito de homicidio, teniendo en cuenta los gastos de personal (salarios) y el costo horario de los equipos, maquinaria (depreciación, intereses de capital, seguros, impuestos, etc.); informes, papelería, entrevistas, desplazamientos, combustible, etc. y los costos asociados con la víctima.
En consecuencia, los costos funerarios (asociados a la víctima) que conlleva el alquiler o compra del cofre fúnebre, arreglos florales, certificado de defunción, obituario, cremación y cenizario, desplazamiento de familiares y amigos, embalsamiento, entierro en lote alquilado o comprado, mantenimiento del lote, misa, clase de iglesia, tipo de salón de velación, traslado del fallecido, velación de 24 horas, puede oscilar entre COP$31.700.000 y COP$55.641.520, valores que pueden ser aún más elevados.
Los costos en la investigación y del sistema penal para el delito de homicidio, mensualmente, y haciendo una aproximación es de un valor de COP$163.665.784, en el cual se incluye los recursos humanos (mínimo 15 personas por caso), materiales tecnológicos y financieros.
Para un año la suma sería de COP$1.963.898.407 y según lo establecido que puede durar cuatro (4) años la investigación y el juicio, es de $COP7.855.957.628, por caso.
Los valores anteriores los debemos asociar (multiplicar) por la cantidad de delitos de homicidio, registrados y sus porcentajes de impunidad, en unos tiempos determinados.
Creo que ustedes están deduciendo, que para el Estado sale mucho mas barato pagarle a la familia de la víctima, su muerte, incluida una excelente indemnización que supere la establecida 600 SMLV ($10.300.000), que el gasto burocrático en el proceso penal.
En síntesis, es más barato costear un entierro que buscar y condenar al culpable. Siendo sarcástico, a los valores dados, para un entierro, se le pueden sumar el pago a algunas personas que lloren y otras que se desmayen en el proceso de entierro, y aún así, sigue siendo más barato que un juicio. Es más, se le puede pagar a un mariachi.
Por otro lado, los victimarios deben hacer conciencia, que, si van eliminado personas e incrementan sus actos, sus clientes disminuirán y en consecuencia sus ingresos. Esto también conlleva a que la ciudadanía, los sectores comerciales y los diferentes sectores gubernamentales alineen de manera coherente sus acciones y que haya una verdadera aplicabilidad de la justicia. Pero solamente se dedican es hacer consejos de seguridad.
Por último, no olvidar la lectura, en las2orillas, de “Restructuración de la Policía Nacional”, parte I y parte II, ¿Sumercé se siente enfermo?” parte I y parte II.
