Injustificada resulta la reacción de triunfo que asumieron algunos líderes del petrismo ante la forma como terminó el reciente paro de los mercaderes del transporte.
A tales líderes se les olvidó que el paro fue una respuesta de estos señores a la justificada intensión del Gobierno de ponerle fin al subsidio de que gozan los precios del ACPM, que no son otra cosa que costos de producción de esta importante actividad económica.
El haber tenido el Gobierno el propósito de reducirle $ 6.000 a tal subsidio, y lograrlo en solo $ 800, da para que los únicos que puedan cantar victoria sean los más encopetados dueños de esta área de la producción, que son los que se benefician con los billones que vale, más no la población colombiana, que los verá salir del presupuesto nacional sin ningún beneficio para ella.
Las del paro fueron jornadas dramáticas. Nos hicieron recordar otras similares de las oligarquías chilenas, adelantadas para truncar las transformaciones progresistas que lideraba Salvador Allende, sin importarles tener que poner bajo tierra la cabeza de este importante líder popular y de miles de chilenos más.
Este fue un mensaje claro de hasta dónde pueden llegar las castas oligárquicas al sentir que se les está moviendo el piso, y lo menos sensato ante circunstancias parecidas es ocultar la cabeza, en lugar de asumir con más empeño las tareas de concientización, organización y movilización, únicas capaces de poner fin a las dificultades por las que pasan los pueblos.
Este es el momento en que, en lugar de estar festejando triunfos inexistentes, deberíamos estar reflexionando con nuestro pueblo en torno a inquietudes como las siguientes:
¿Por qué razón y hasta cuándo los combustibles en Colombia se tienen que cotizar a precios de la bolsa de Nueva York?
¿Por qué el fisco nacional debe pagar a los productores e importadores de combustible la diferencia entre los precios nacionales e internacionales?
¿Por qué quienes se benefician de manera directa del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles se niegan tan tozudamente a financiarlo y, por el contrario, imponen la congelación de dichos precios, como ocurre con el que se paga por el ACPM, que lo tiene así desde hace ya cerca de cinco años?
¿A santo de qué el erario se está utilizando para sufragarle costos de producción a algunos sectores privilegiados en Colombia, como es el de los transportadores?
Y por último, ¿Por qué se aceptan y protegen los paros empresariales, en lugar de declararlos ilegales, como ha ocurrido tantas veces con los paros de los trabajadores?
A aclarar estos interrogantes ante las masas debieran estar dedicados nuestros líderes.
