Durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, disparó toda su artillería verbal contra su antecesor Enrique Peñalosa y contra los árbitros que en breve deberán dirimir un pleito por $1,2 billones entre los operadores del relleno sanitario de doña Juana y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (UAESP).
A Peñalosa lo acusó de haber aceptado a las volandas, cinco días de dejar su cargo, la integración del tribunal para reabrir un caso que, según ella, ya había sido fallado a favor del distrito. A los árbitros, los juristas Alberto Yépez, Rodrigo Durán y Luis de Brigard, les achacó una insuficiencia intelectual porque a su juicio les falta comprensión de lectura al no haber entendido un fallo anterior que le habría puesto fin a la billonaria controversia.
En ambas partes, tanto en las oficinas de la UAESP, como entre los socios del Centro de Gerenciamiento del Relleno Doña Juana (CGR) entre quienes están hubo sorpresa por lo que decía la mandataria porque en realidad Peñalosa no intervino en la integración del tribunal, cuya convocatoria estaba considerada en una cláusula del contrato de operación del relleno. Tampoco tuvo injerencia en la selección de los árbitros ya que, según lo establece la ley, estos son seleccionados de común acuerdo entre las partes. Nadie la secundó en la descalificación de los árbitros porque entre ellos hay exmagistrados de altas cortes y catedráticos del más alto nivel.
El fallo anterior al que se refirió la alcaldesa es en realidad un laudo declarativo dictado en 2017 por otro tribunal arbitral que decidió que el consorcio CGR, responsable del manejo del relleno, tendría que hacerse cargo de la construcción de la planta para el tratamiento de lixiviados (líquidos producidos por las basuras) y del engranaje para la disposición final de los recursos, aunque le garantizaba el derecho a cobrar por las obras. CGR tuvo que pagar también la cláusula penal que era de $2.000 millones.
Lo sustancial de la disputa está ahora en que CGR reclama que el Distrito no le pagó la remuneración justa en el periodo comprendido entre 2010 y 2018 porque mientras le tocaba pagar en promedio mensuales $300 millones por el servicio de energía, más el pago de nómina, la UAESP apenas le desembolsaba $400 millones, con lo cual era muy difícil conservar el equilibrio económico.
La UAESP replica que CGR no cumplió con su obligación de presentar desde el comienzo un cálculo riguroso y técnico sobre las inversiones y los gastos. Por esa razón no habría una base cierta para los cobros y las cifras podrían estar infladas.
Por lo que se encuentra en el expediente, durante la administración de Enrique Peñalosa las partes tuvieron acompañarse -como lo dispone una jurisprudencia del Consejo de Estado- y acudir ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para que reajustara técnicamente los pagos.
La CRA dispuso que el operador, que recibía $1.351 por cada tonelada de lixiviados podría cobrar en lo sucesivo $5.553 y que la remuneración por cada tonelada de residuos dispuestos debía incrementarse de $12.526 a $28.146.
Las cifras del $1,2 billones de busca cobrar CGR a instancias del Tribunal sale, según sus representantes, de un cálculo de lo que dejó de recibir durante ocho años. Según ellos, no se trata de un “cobro retroactivo” sino actualizado. Insisten en que, aun así, ya han logrado invertir cerca de la mitad de los $100.000 millones que vale toda la planta cuya construcción ha estado bajo su responsabilidad.
La UAESP ha objetado algunos aspectos del informe de auditoría técnico presentado por el consorcio sobre su situación financiera. Esa auditoría fue hecha por la firma de Andrés Escobar. La Procuraduría comparte los reparos y en su concepto le ha pedido al Tribunal que desestime las pretensiones del demandante.
Aunque la Alcaldía Claudia López ha dicho que no habrá más plata “para contratistas incumplidos” y que por eso no debe salir un solo peso más del bolsillo de los bogotanos, la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios prohíbe cargar a la tarifa los costos de los procesos judiciales. Para eso debe existir un fondo de contingencias.
¿Quién tiene la razón? Eso lo dirá el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Este pleito es uno de los más altos que enfrenta el Estado, pero hay antecedentes que otros de similar magnitud que en su momento fueron fallados en contra del Distrito. Uno de ellos lo ganó en 1997, antes de ser servidor público, Guillermo Asprilla, padre del actual senador Inti Asprilla. Se relacionó con un derrumbe en el relleno de Doña Juana, operado en aquella época por Prosantana. Al Distrito le tocó desembolsar $220.000 millones, cifra que a valor presente bordearía el billón de pesos.
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