El Acuerdo de Paz no se firmó para que las Farc fueran exterminadas, como pregonan muchos. Sino porque se reconoció que eran una parte integrante de la nación colombiana, a la que después de haber despreciado de todas las formas posibles, era necesario vincular de modo democrático y pacífico a la sociedad. Pero considerando que los derechos de las víctimas del conflicto fueran respetados y reparados sobre bases de verdad y justicia.
Cuando el Acuerdo habla de las víctimas, no se refiere exclusivamente a las víctimas de las Farc, sino que comprende también las víctimas de todos los demás actores de la guerra. Es que las Farc no fueron un grupo perverso que se dedicó a violentar a la población del país, sino una organización que surgió como respuesta a la brutal violencia estatal, aplicada en amplias regiones de Colombia. El Estado colombiano provocó y acentuó la guerra.
El Acuerdo partió de reconocer que Colombia vivió un conflicto armado horroroso. Al que se llegó tras una cadena de acontecimientos que fueron acrecentando y agravando la confrontación inicial. Lo de Manuel Marulanda en Marquetalia habría podido solucionarse con unas carreteras, unos créditos, unas escuelas y unos puestos de salud. Pero desde el Estado se optó por un tratamiento de tierra arrasada que originó gravísimas consecuencias.
¿Olvidaron los moralistas de los grandes medios al gobierno de Guillermo León Valencia y su Plan Laso? ¿A Turbay Ayala y su estatuto de seguridad? ¿A las torturas, los desaparecidos, los ejecutados extrajudicialmente en todo el país? ¿Quién se encargó del exterminio de la Unión Patriótica? ¿Acaso el paramilitarismo no fue el resultado de la necesidad de encubrir que eran las fuerzas armadas oficiales las que mataban, torturaban y desaparecían?
Lo reconocen los antiguos jefes de esos grupos. No había operación paramilitar, llámese masacre, desplazamiento forzado, asesinato selectivo, en la que no contaran con una coordinación previa con los mandos militares y policiales del área. Y eso lo sabían muchos alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos del más alto nivel. Uribe se sintió tan seguro de la legitimidad de ese proceder, que ni siquiera intentó ocultar la alianza paramilitares militares en la Operación Orión.
Por desgracia, una guerra a muerte genera distorsiones de la realidad. El que trata con mi enemigo, sin importar la razón, también resulta mi enemigo. Los discursos de odio se encargan de reforzar esa concepción y de acrecentar el número de víctimas. Si hoy, firmada la paz, desde las tribunas mediáticas, voces enardecidas claman por quemar en la hoguera al contrario, cómo habrá sido en tiempos de la confrontación militar. Sobraban los micrófonos que echaban fuego.
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Las Farc no contaron con poderosas cadenas radiales o televisivas al servicio de su causa, no pudieron nunca moldear la opinión como lo hacían sus enemigos
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Las Farc no contaron con poderosas cadenas radiales o televisivas al servicio de su causa, como sí las tuvieron desde el otro bando en la guerra. No pudieron nunca moldear la opinión como lo hacían sus enemigos. Sus boletines los leía muy poca gente, y su adoctrinamiento se producía persona a persona. Así que se hizo casi natural que los rebeldes fueran lo peor en la escala humana, al tiempo que se calificaba de héroes de la patria a sus rivales, sin importar lo que hicieran.
Así pasa con el Mono Jojoy, entre otros. Olvidando a propósito que lo sucedido obedeció a una guerra en escalamiento continuo. ¿Que hubo prisioneros de guerra? Claro que los hubo. Soldados y policías capturados tras haber sido vencidos en recios combates. También había guerrilleros prisioneros, acusados de terrorismo y los peores crímenes. Capturados la mayoría en desarrollo de misiones militares y políticas. Cada fuerza quería libres a los suyos.
El Estado colombiano prefirió hablar de secuestro, de crimen de lesa humanidad. Y se negó de manera rotunda al canje o a cualquier tipo de acuerdo humanitario. Era cierto, los militares y policías prisioneros lo estaban en condiciones muy duras. Porque sencillamente era imposible, en medio de la despiadada confrontación, mantenerlos en condiciones más dignas. Era la realidad, no el producto de maldad alguna. Los guerrilleros presos también soportaban condiciones infames.
Hasta la Corte declaró varias veces un estado de cosas inconstitucional en las prisiones del país, que aún pervive. Los firmantes de paz de las Farc, con nuestra convicción íntima, pusimos fin a la guerra, cesamos toda violencia, hemos reconocido nuestra responsabilidad en esos hechos, aceptando que se trató de secuestros y que fue una gravísima ofensa el sufrimiento que se causó a soldados y policías. Así como a todos los demás secuestrados.
Igual hemos estado en múltiples escenarios del país, dando la cara a las víctimas de nuestras acciones y pidiéndoles perdón. Ojalá el Estado colombiano asumiera una actitud semejante y reconociera su grandísima responsabilidad. Como la gran prensa, hoy empeñada en divulgar que solo hubo un culpable en la guerra. Eso sí que permitiría una reconciliación total, lo que en verdad pretende el Acuerdo Final de Paz de 2016.
