La política gubernamental de paz atraviesa enormes dificultades. Desafortunadamente, es a Gustavo Petro a quien le correspondió ensayar fórmulas de acuerdo con los diversos grupos armados, cuando precisamente estos grupos parecen empeñados en demostrar que no tienen el menor interés en cesar sus actividades. Justo cuando los enemigos de las reformas y el cambio empujan el país al odio contra el actual gobierno.
Con las autodefensas llamadas comúnmente Clan del Golfo se rompieron las aproximaciones a raíz de sus incumplimientos del Cese al Fuego. El gobierno juzgó que aprovechaban las conversaciones para continuar delinquiendo sin la presión de la fuerza pública. Lo preocupante es que las hostilidades hacia ese grupo no han mostrado resultados de importancia, al tiempo que su expansión y criminalidad sigue en aumento.
Hasta el punto de hablar de un enfrentamiento entre esta organización y el denominado Tren de Aragua en Bogotá, en donde se disputan el control territorial y los negocios ilícitos en varias localidades, dentro de las que se mencionan Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, extendiéndose a otras como Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. El microtráfico y la extorsión parecen ser la causa de su guerra.
Por su parte, lo que ocurre en el departamento del Cauca con las disidencias de Mordisco, indica que el proceso de diálogos hacia la paz con esa organización se encuentra en un atolladero difícil de superar. Petro tuvo la generosidad, rayana en la ingenuidad, de otorgarles pleno reconocimiento político, omitiendo la responsabilidad de ese grupo en los crímenes contra los firmantes de paz, sin que se manifestara por parte de ellos un cambio en su actitud criminal.
El gobierno consideró que se trataba efectivamente de una organización sólida, estructurada nacionalmente, con jerarquías y dirección central, con la que se podían pactar fórmulas de acuerdo que serían respetadas sin vacilaciones. La realidad es que se trataba de un archipiélago de grupos pegados con babas a una dirección central, cada uno con sus propios intereses ilícitos, sin concepción ideológica ni política, que se adjudican un discurso de 60 años de antigüedad.
Igualmente, se habla de contactos con la otra disidencia, la Marquetalia de Segunda, de la que no se sabe si realmente existen fuerzas, pero que ocasionalmente sale a los medios en la medida en que los Comandos de Frontera u otras bandas armadas en el sur del país aparecen disputándose el control del narcotráfico y la criminalidad. De remate, las raras apariciones de Iván Márquez con sus palabras patrioteras apoyando al gobierno, le causan a este más daño que beneficios.
Algo parecido a lo que le ocurre cada vez que Antonio García decide postear, con su ya retrógrado tono de máximo profeta de la revolución colombiana. Uno tiene la impresión de que el gobierno está obligado a mostrar algo, algún tipo de resultado positivo en los diálogos con el ELN, por lo que los desarrollos del Cese al Fuego firmado con ellos, pese a sus problemas continuos, y los encuentros del Comité Nacional de Participación se presentan como logros de trascendencia.
La verdad, todo esto se opaca sobremanera con las palabras del comandante. Se ha ido más de una vez en contra del actual gobierno, sin tener la mínima prudencia para reconocer que se trata de un gobierno de izquierdas, elegido democráticamente por las mayorías del pueblo colombiano, comprometido en un esfuerzo por cambiar para bien el país, dispuesto a realizar reformas que chocan diariamente con los intereses de los grupos económicos más poderosos.
Petro confiaba alegremente en alcanzar un acuerdo de paz con el ELN durante los tres primeros meses de su gobierno. Esa organización, y en particular su comandante, parecen vivir cuatro décadas atrás
Como cualquier politiquero uribista, Antonio García señala la corrupción como uno de los mayores problemas del gobierno Petro, a lo que agrega su fallida política de alianzas con sectores de la política tradicional, sin dejar de acusar al alto mando militar y policial de estar comprometido hasta el tuétano con el paramilitarismo, ciego ante las consecuencias que todo esto acarrea contra el presidente y el futuro del proyecto transformador del país.
Duele pensar que Petro confiaba alegremente en alcanzar un acuerdo de paz definitivo con el ELN durante los tres primeros meses de su gobierno. Esa organización, y en particular su comandante, parecen vivir cuatro décadas atrás. Aseguran que continuarán indefinidamente en armas y defienden abiertamente el secuestro, sin percatarse del significado de su confesión, según la cual el ELN debe su existencia a la práctica de este, sin la cual perecería irremediablemente.
Como si el país clamara fervoroso por la subsistencia de ese grupo. Lo que el pueblo colombiano anhela es la paz, que se acabe de una vez por todas la violencia, sin que nos traigan a cuento a Yuval Harari. Tenemos que construir un país democrático y mejor, por difícil que resulte. Habrá que pasar por enormes obstáculos. Pero los pueblos pueden abrir ese camino sin guerras. Estas son el recurso favorito de los poderes dominantes.
