La excusa para desaparecer al esposo de Flor Gallego un 9 de julio de 1996 era el haber adoptado a un niño en el seno de su hogar. Un menor al cual nadie había querido aceptar en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral, porque el grupo paramilitar del Magdalena Medio, liderado por Ramón Isaza, ya lo había dejado huérfano al acusar a sus padres de pertenecer al EPL. Lo dejaron a su suerte en una casa de familia, que al anunciarles el regreso por la criatura, por temor lo entregaron a otros vecinos, estos a otros y estos otros se lo entregaron a Flor.
Cuando cinco hombres armados regresaron por el “muchachito”, tenían más miedo que Flor Gallego con su esposo y sus cuatro hijos, y la que llevaba en su vientre con dos meses de embarazo. Sin arrepentirse por acoger a este menor que todos rechazaban, confrontó a estas personas que tenían algunas distinciones del Ejército. ¿Qué van a hacer con el “muchachito”?
¿Ustedes por qué se están llevando a los campesinos? Vaya métanse a esos montes y se enfrentan con los guerrilleros de fusil, vayan y peleen con ellos, pero ¿por qué con los campesinos? Los cinco sujetos, desesperados, no dejaban de vigilar alrededor y de hablar por radioteléfono; lo último que alcanzó a escuchar de palabras de Hernando de Jesús Castaño antes de irse con el menor fue: “Mija, yo me tengo que ir con ellos. Cuídese mucho”.
Solo 13 días antes, ya habían “despertado” y dado aviso a las dos de la mañana en la casa de sus padres, la Fuerza de Tarea Águila del Ejército de la Cuarta Brigada atentó contra su vivienda con ráfagas de fusil, ni la sagrada Biblia ni la palabra de Dios lograron escapar, como lo asegura ella. Ni los gritos de auxilio bastaron para que frenaran, únicamente cuando descargaron toda la metralla.
“Ese ‘povero’ y ese humero casi no[s] ahogaban, era ráfagas de fusil y de M 60; nosotros gritábamos que auxilio; por favor, no disparen más, somos una familia, después siguieron tirando granadas, pero en otra dirección. Las balas se metieron al closet y traspasó todo lo que había, loza, libros, ropa... quedaron esquirlas en el chifonier, el muro casi lo tumban, el techo quedó vuelto colador, emparamándose totalmente, una hoja transparente quedó en pedazos, los bultos de sal y de cuido quedaron destrozados, el cuido se derramó todo, las lámparas caperuzas quedaron todas quebradas, las bombas de vidrio, los espejos, los cuadros, diplomas, todo quedó destrozado, todo lo de la cocina quedó destruido, la olla a presión nuevecita quedó traspasada, una guitarra que me habían prestado de 100.000 pesos quedó destrozada, la sagrada biblia que incluso tiene la bala incrustada”, relató Gallego ante la CIDH sobre lo que tuvieron que vivir sus familiares.
En la Oficina de Investigaciones Especiales reposa la evidencia de bolsas, vainillas y munición de fusil identificadas con logotipos del Ejército Nacional.
Estos grupos paramilitares llegaron para combatir la subversión, porque en los años noventa llegó primero el EPL (Ejército Popular de Liberación) como un grupo de delincuencia común tras la desmovilización en Urabá que reclutó menores, luego el ELN (Ejército de Liberación Nacional) estuvo de paso; las tomas a la carretera de la Autopista Medellín-Bogotá por parte de estos grupos subversivos en conjunto con la Fuerza Pública son la justificación del Estado para conformar la lucha contrainsurgente en en este territorio.
Este mismo año (1996) miembros del EPL se desmovilizaron en el Carmen de Viboral, algunos se convirtieron en informantes del Ejército Nacional. En las confrontaciones armadas de este periodo quedó en medio la población civil, siendo estigmatizados y acusados continuamente de colaborar con la guerrilla.
“Los ganaderos pidieron que colabore en el tema de la Esperanza, la palabra campesino la utiliza mucho la Fiscalía y los derechos humanos, porque la guerrilla utiliza ese idioma, que mataron un campesino o que lo desaparecieron. Hay que ponerle la cara dura a la subversión porque definitivamente muchos son guerrilleros, porque de alguna manera u otra les colaboran. A nosotros nos tiran duro porque somos autodefensas y eso mismo lo tenemos que utilizar en muchas partes del país donde todo el mundo es guerrillero”, así lo afirmó en su momento el comandante paramilitar, Ramón Isaza, al programa Contravía.
Con este discurso desaparecieron otras 19 personas en la vereda, entre ellos a sus familiares: sus hermanos Juan Carlos y Octavio, a su esposo Hernando y a su prima Irene, desaparecida directamente por el Ejército.
En un informe del personero del municipio de Cocorná, en Antioquia, quedó registrado que las desapariciones efectuadas en esta vereda están relacionadas con un ajuste de cuentas de las Acmm (Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio) por el secuestro del ganadero Alberto Ramírez, presunto jefe paramilitar de esta subregión.
Una suerte diferente corrió el personero del Carmen de Viboral. para la época, su audacia para denunciar las primeras desapariciones forzadas ocurridas en la vereda La Esperanza le costaron su vida. El 26 de noviembre del 96 los paramilitares lo asesinaron mientras caminaba por las calles del municipio, porque sus homicidas lo acusaban de pertenecer al ELN.
En la memoria de sus habitantes también quedó registrada la osadía de Helí Gómez, un muerto más por ir contracorriente y negarse al silencio cómplice que rodeó a la Administración Municipal en ese entonces por ser un crimen de Estado.
Las continuas amenazas desplazaron en el 2000 a Flor con sus cinco hijos a la zona urbana del Cocorná. Era frecuente ver la imagen de la madre llevando a Wilder “El Mono”, Juan Diego y Claudia al lado; cargando a la bebé Jazmín en sus brazos y con Seleni jugando por su espalda.
Posteriormente, en 2001 sufre el Segundo desplazamiento al casco urbano de El Carmen de Viboral, al barrio Las Brisas que los vio crecer, lejos de las montañas de El Picacho y el río Cocorná donde obtuvieron sus raíces.
Atrás quedaron esas mañanas dedicadas a la agricultura donde cultivaban café, caña, plátano y tomate. Los caminos de herradura fueron desapareciendo por el desplazamiento de las 120 familias y se olvidaron las tardes en que transportaban los productos en mulas para vender a los municipios cercanos de Marinilla, Cocorná, San Francisco y El Santuario.
Como consecuencia les quedó el desarraigo del campo, las nuevas generaciones ya no saben trabajar la tierra, y en medio del desempleo, en su gran mayoría se limitaron a trabajar en los lavaderos que hay en la carretera.
Dos años sin pronunciar palabra duró Flor a las personas cercanas. Aunque seguía denunciando la situación que estaban viviendo, no terminaba de asimilar lo que había ocurrido, hacía la comida para los pequeños en silencio, amanecía cosiendo las 24 horas para vender la ropa y sostener el hogar, veía cómo las ayudas humanitarias les llegaban a otras personas que no tenían necesidad.
Lavaba la ropa concentrada para intentar no pensar en el hecho victimizante de la desaparición forzada de sus hermanos y su marido.
En 2006 surgió el Movice (Movimiento de Crímenes de Estado) como consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”. En el ámbito nacional este movimiento tiene la voz de esta lideresa, que luego de procesar el dolor por la pérdida se vinculó a esta organización con el objetivo de encontrar la verdad de las personas desaparecidas, reclamando justicia, reparación integral y la no repetición de estos hechos.
“En Colombia hay 23 capítulos, y otros a nivel internacional. No ha sido nada fácil la persecución, el rechazo y la indiferencia del mismo Estado al no querer reconocer estos hechos. Las amenazas (e incluso las desapariciones) a personas que le han venido trabajando a este tema. En la vereda La Esperanza no ha sido un proceso fácil, allá tuvo que ver los agentes del Estado con la desaparición de nuestros familiares. Gracias al Movice se ha podido reconocer que hay paramilitarismo, que el Estado trabaja en conjunto con el Ejército y la Policía”, cuenta Flor Gallego.
Años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos les daría la razón. En 2017 declaró al Estado culpable por la desaparición forzada de 12 personas y el asesinato de otra, por la alianza entre las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y la Fuerza de Tarea Águila del Ejército (Ver caso vereda La Esperanza vs Colombia: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_341_esp.pdf).
Como también les concedió la razón previamente, el 15 de junio de 2010, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia, declarando la responsabilidad de la Nación, el Ministerio de Defensa, y el Ejército Nacional por las desapariciones entre los días 21 de junio de 1996 y 27 de diciembre del mismo año.
Condenando a pagar una indemnización a las víctimas, que hasta ahora es a lo único que se ha limitado, a resolver su responsabilidad con plata, pero sin esclarecimiento de los hechos y con una deuda histórica de justicia que aún siguen exigiendo los familiares.
En el oriente antioqueño es compleja la búsqueda de la verdad. De acuerdo con el Censo Nacional de Memoria Histórica, hay alrededor de 2.792 desaparecidos y realmente han sido muy pocos los que han sido encontrados. Colombia aún tiene pendiente esclarecer el paradero de más de 90.000 personas víctimas de desaparición forzada.
La búsqueda por la verdad desde La Esperanza aún sigue impune; es un caso de indiferencia, de un proceso de 24 años sin descanso. Día y noche denunciando porque ellos no desaparecen de sus memorias, de sus mentes y sus corazones; todavía siguen con la esperanza viva, aunque aún no hayan podido encontrar a nadie.
“Es una vergüenza que en nuestro país haya tantos desaparecidos y que Antioquia sea el departamento donde hay más población víctima. Queremos saber quién dio la orden, cuáles fueron los militares que la ejecutaron. Que se pare el asesinato de los líderes sociales, no más desapariciones, que el Estado no trabaje más con grupos armados; con este gobierno se fortaleció el paramilitarismo”, lo manifiesta sin titubear esta lideresa.
Acerca de las desapariciones y las ejecuciones ocurridas entre junio y diciembre de 1996 en la vereda La Esperanza, el Estado no desmintió que estas hayan ocurrido. El objeto de la disputa es por la memoria y se relaciona con la participación de los agentes del Estado en esos hechos; sobre lo que los familiares han sido enfáticos en afirmar que han sido cómplices y que no lo han querido aceptar desde la institucionalidad.
El 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por estas desapariciones. Los familiares expresan vergüenza porque la Fiscalía habló sobre este proceso a partir de la Ley 975 de Justicia y Paz, precisamente cuando ya iba a finalizar; entonces los llevaron al Magdalena Medio, donde operaban estos jefes; en su lectura, solo para legalizar los recursos, porque estos jefes paramilitares, como Ramón Isaza o alias Macguiver, purgaron ocho años en la cárcel, pero nunca les dijeron realmente qué pasó con sus familiares.
Era muy duro para ellos escuchar de boca de los victimarios que tuvieron a sus familiares varios días amarrados, vendados y que luego los tiraron en un terreno. Luego fueron a excavar, pero no encontraron a ninguno.
“Es terrible uno escuchar esto, la máquina trabajó desde la mañana hasta la noche y no encontró nada. Prácticamente esto lo hicieron para presentar algo, facturar los recursos que ya estaban asignados y después volvieron a hacer la búsqueda en el mismo territorio que no habían encontrado nada. Pese a que hemos soportado muchas mentiras de la búsqueda de nuestros desaparecidos, continuamos pidiendo la verdad. El Estado tiene pendiente el reconocimiento de aseverar que los campesinos eran campesinos y no guerrilleros como los hicieron pasar. ¿Cómo nos dice el Estado que por la pandemia nos quiere hacer un reconocimiento virtual? Eso es un insulto para nosotros”, aclara Flor con vehemencia.
De una manera directa, la CIDH dejó entrever que hubo colaboración entre la Fuerza Pública y los paramilitares porque estos últimos hacían lo que el Ejército no podía hacer. Intercambian información con listas de sospechosos de ser guerrilleros para que los asesinaran. Las continuas reuniones en La Piñuela dejaron constancia de sus nexos, como el préstamo de vehículos oficiales para que realizaran las ejecuciones extrajudiciales.
Con la Fiscalía aseguran haber tenido muchas dificultades porque estudiaron a 90 soldados que estuvieron en La Piñuela, que es en Cocorná, el municipio contiguo al Carmen de Viboral, solo con el objetivo de tener algo que mostrar frente a la CIDH, pero la investigación la han dilatado porque en ese lugar solo hubo nueve militares implicados y no eran 90. Para los familiares es claro que el motivo con esto fue prolongar las pesquisas y que la Fiscalía pudiera demostrar que sí estaban realizando su trabajo, cuando para ellos no era así.
Cuatro versiones diferentes dio Ramón Isaza sobre el paradero de las víctimas: primero dijo no saber nada al respecto, luego aseguró que fueron los militares, incluido el general Alfonso Manosalva Flórez, y otros tres que ya habían fallecido, más tarde aseguró que los habían arrojado a unas fosas comunes y por último, que los habían tirado a los ríos Magdalena, Samaná y Calderas.
Este ciclo de violencia sin esclarecer deja una herida y un duelo sin cerrar, expresado por Flor en este poema:
“Verdugos, ¡Malditos!
Los asesinos que desaparecieron la vida, sembrando el dolor,
incertidumbre y drama en la esposa, su hermana y su madre.
Qué buen amante has tenido montes y colinas donde te han escondido en clandestino.
Tal vez muchos otros lloran y yo en el inmenso dolor me encuentro entre lágrimas fulgares.
Mi adorado, siempre tendrás vida. Eres el mejor amante, él que nunca se olvida.
Lágrimas de sangre hemos derramado esposos, madres y hermanos preguntándonos por el paradero
para que dejes de ser desaparecido.
Nadie puede ni me ha explicado con certeza si fueron o no sobrevivientes,
o si es el momento de los responsables.
Cuando empezaron a desaparecerlos
nos mostraron el sinsentido y la confusión.
Vi por la ventana, la puerta y el camino tus últimas palabras: “Mija, cuídese mucho”,
solo quedaron tus huellas de la esencia y la mirada.
Sigues a pesar de todo en el fondo de mi alma, ahí no desapareces.
Sigues en el capital de mi cuerpo, de nuestro cuerpo, soy testigo de ti y de los otros.
Hernando de Jesús Castaño, desaparecido el 9 de Julio de 1996 en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral,
a manos del Ejército Nacional y las AUC, junto a mis dos hermanos Octavio Gallego y Juan Carlos,
desaparecido el 7 de Julio de 1996”.
Primero desaparecieron nuestros familiares y ahora Cornare quiere desaparecer nuestros ríos.
Lo que le decía don Eliseo Gallego a su hija Flor, mientras disfrutaban de los típicos paseos campesinos para bañarse en el río, era que a las nuevas generaciones les iba tocar luchar por defender los ríos en una subregión que abastece el 70 % de Antioquia y representa la mitad de las microcentrales de energía en el país, porque el municipio de El Peñol es el laboratorio del desplazamiento colectivo para producir la represa de Guatapé, que beneficiaron especialmente al Estado y a los empresarios, pero que a los campesinos no les dejaron nada, sino afectaciones y expropiaciones; por eso insisten en que ya pagaron su cuota de sacrificio con su biodiversidad.
Luego de la muerte de Eliseo por pena moral, como la pronosticó él mismo, tras la desaparición de sus dos hijos, Flor se convirtió testigo de cómo iban a empezar a desaparecer los ríos en el oriente antioqueño por la implementación de microcentales, como en el caso de Alejandría, Marinilla, Sonsón y su municipio de origen de Carmen de Viboral, quien comparte sus fuentes de agua con Cocorná, territorios que empezarían a ver las visitas de estas empresas sedientas por sus manantiales.
Ni tener quebrantos de salud como consecuencia de la desaparición forzada de sus seres queridos, como la gastritis que heredó de consumir maracuyá en su adolescencia, algunas varices que la agobian o el paso del tiempo son un impedimento para que Flor siga recorriendo las montañas y los ríos en el oriente, contando su historia y despertando conciencia en el campesinado, como lo hizo cuando aprobaron la quinta microcentral en Cocorná:
“Los campesinos son los que tienen la autonomía, el poder sobre el territorio, es el que conoce a sus comunidades. Se ha levantado en medio de todas las dificultades, sabe qué es lo que tiene que defender y sabe lo que es propio de sus territorios. Yo soy de La Esperanza, llevo 20 años en el Carmen de Viboral por la Guerra, soy la piedra en el zapato de las administraciones porque les digo lo que pasó con los desaparecidos y con los ríos. Tenemos que mirar la falta tan grave que tiene Cornare y estas empresas, ¿por qué? Porque pasan por encima de unas comunidades organizadas, llevamos más de 24 años desde que desaparecieron nuestros seres queridos. Tenemos una ley 1448 donde hay unos principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿dónde están esas garantías? Lloré con el dolor más duro al enterarme de que Cornare aprobó el proyecto del río Cocorná para construir la quinta microcentral en el territorio.
Primero el Estado nos manda a todos a una Guerra, a masacrarnos, a desplazar, a perseguir a los campesinos. Ustedes saben que a quienes ellos encuentran en el campo, no son a los grupos armados, es a nosotros que estamos en las parcelas, en nuestras fincas, en nuestras casas; los grupos armados están escondidos en sus guaridas como siempre lo hacen. A quienes nos atacan es a nosotros, quienes pagamos por esa guerra en la que no tenemos nada que ver. A mí me parece muy doloso porque hace 24 años me desaparecieron mis familiares y que ahora llegue Cornare y estas empresas a desaparecer nuestros ríos, mis muchachos, no. Para nosotros el río lleva la memoria de los desaparecidos, lleva la memoria de todas estas masacres y lleva la memoria de todo el ecosistema que está aquí en este territorio.
Por eso hay que luchar, hay otros medios, no nos podemos dejar convencer de que eso ya lo aprobaron y que ya no hay nada qué hacer. Aquí estamos estas comunidades, y esas comunidades tenemos que mostrar esa resistencia. Tenemos que buscar los medios de comunicación porque a ellos les duele mucho que nosotros saquemos eso al público, a ellos no les gusta. Yo les voy a contar algo, Ramón Isaza, nos decía a nosotros en las audiencias: “yo admiré mucho a esa gente de La Esperanza, porque nosotros desaparecíamos uno y ellos ahí mismo denunciaban, desaparecíamos dos o tres y ahí mismo volvían y denunciaban, y le decía a mi hijo Omar, vaya mate a toda esa gente y déjela tirada por allá”.
Eso es una cosa muy dura y muy terrible, mis muchachos, porque la desaparición forzada es el dolor más duro, es un crimen de lesa humanidad porque sacarlo a uno y desplazarlo de su territorio, eso nos puede pasar con estos proyectos, porque nosotros sin agua no tenemos vida, el agua es la fuente de vida, no el recurso natural, porque el recurso se cobra, el agua no es para quitárselo a nadie, tenemos que pensar en las futuras generaciones. Ya hemos gozado nuestros ríos con nuestras familias, yo me bañaba en el río Cocorná cuando era novia de mi esposo, con mis hijos, vengo con las comunidades a hacer el sancocho. Nosotros no podemos dejarnos quitar esa vena arteria de nuestro cuerpo, si no la quitan ¿qué será de nosotros? Ese río es el que le da la vida a todo este territorio, sin ese río este territorio no va a tener la misma fortaleza, ni las plantas ni los cultivos, sin que ese río esté fluyendo”.
Los campesinos y habitantes de los municipios del oriente antioqueño cuentan cómo Cornare (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare) era una organización social que surgió como una iniciaitiva de la sociedad civil querida por todas las personas en esta subregión, la cual pretendía cuidar el medio ambiente, los ríos y la riqueza natural, pero luego se convirtió en un fortín político que empezó a ayudarle a las multinacionales como Pramming, EPM, Isagen, Lareif, Argos, Hidroeléctrica del Alto Porce S. A. S., Hzenergy, Gen +, Hidrotolima, entre otras empresas a las que les dieron licenciamientos ambientales para que extrajeran los recursos, la energía y el dinero para los empresarios, mientras que los habitantes del territorio se quedan sin su patrimonio cultural, social y ambiental. Ahora es el fortín de las castas locales en el que hay 114 funcionarios, camionetas de alta gama que resaltan a simple vista y en la entidad que han recibido más de 800 quejas por daños ambientales.
Esta inconformidad la expresan cientos de habitantes, tal como lo manifestaron desde MOVETE (Movimiento Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño) en la marcha con cerca de 600 personas, tomándose la Autopista Medellín-Bogotá el 28 de junio de 2019, protestando hasta Cornare por la implementación de las microcentrales, donde Flor expresó ante el auditorio estas palabras:
“Si les mueve las generaciones futuras no estarían haciendo lo que están haciendo. ¿Qué tenemos en el río Cocorná? ¿Ustedes saben lo que pasó en el río del 8 o en la vereda La Aurora? Se tuvieron que desplazar los campesinos porque las fincas se quedaron sin agua y privatizaron las zonas comunes por donde circulaban. Ahora viene la otra arremetida con los proyectos 1, 2 y 3, no se han dado cuenta que en la vereda La Esperanza y San Vicente hubo más de 26 desaparecidos a finales de los 90 y a principios del 2000. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas como yo que tiene a su esposo y a sus hermanos desaparecidos y que llevamos un proceso de más de 20 años con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado a reparar a sus víctimas. Allá llegan con esos proyectos sin pedir permiso porque no estamos de acuerdo, sin una socialización y exigimos que se respeten los desaparecidos del oriente antioqueño. Donde hubo desplazamientos, masacres y persecución, casualmente llegaron ustedes con ayuda de políticos y empresarios a hacer negocios con pequeñas centrales hidroeléctricas”.
En la reunión que sostuvo con el presidente del Concejo del Carmen de Viboral y el actual alcalde John Fredy Quintero la recibieron seguros y confiados para conversar tranquilamente, pero no sabían por lo que se les iba a preguntar:
• Flor: ¿Ustedes por qué desconocen la vereda San Vicente que es del Carmen de Viboral? Ahí es que quiere hacer la microcentral Pramming en el río Cocorná.
• Alcalde: No, pero es que eso es de ese municipio y no le compete a esta Administración Municipal – se defendía el alcalde-.
• Flor: (Volvía a insistir) ¿Ustedes por qué dejan que las empresas se lleven los territorios y desconozcan las comunidades?
• Alcalde: (Abrió los ojos, sin quedarle más opción que escuchar el malestar de Flor Gallego)
• Flor: Ustedes van a permitir que aquí nos construyan otra microcentral y que después utilicen esa energía para hacer minería en el cerro El Picacho.
Ante la venta del territorio, la consigna que lleva Flor por más de 24 años ante los medios, los escenarios participativos y los oídos de las nuevas generaciones que escuchan su relato sigue siendo el mismo:
“En el oriente antioqueño tenemos que tener esa memoria de lo que pasó con el embalse de Guatapé, de lo que pasó con el exterminio al movimiento cívico, de los líderes y lideresas desaparecidas en esta subregión. Que hoy tenemos aproximadamente cerca de 60 pequeñas microcentrales en el oriente antioqueño (pendientes por implementar, aunque ni Cornare tenga la cifra exacta), que no hubo solo más de dos mil desapariciones en el oriente, que ahora desaparecerán los ríos, las quebradas como en Granada o en Marinilla. Nuestros ríos, nuestras comunidades y territorio son un patrimonio de la humanidad; ese patrimonio debe ser cultivado y protegido. No podemos dejar que se vuelva a repetir esto, si anteriormente masacraron, asesinaron y desaparecieron, y ahora que llegan a despojar y a desplazar nuestras comunidades; si desaparecieron nuestros seres queridos, no desaparezcan nuestros ríos porque ellos llevan la memoria de nuestros desaparecidos; esta memoria hay que trabajarla en los colegios, en las escuelas y en las universidades”.
Con la posesión del gobernador Aníbal Gaviria, escuchó la noticia de cómo se iban a aprovechar de las aguas del oriente antioqueño y eso la preocupa porque Cornare y la Gobernación de Antioquia pasan por encima de los procesos organizativos, de todos esos movimientos que surgieron como rechazo a las microcentrales en esta subregión. El oriente es una región rica en agua, la vereda La Esperanza tiene 17 fuentes hídricas, por eso esto va ligado con la consolidación del Área Metropolitana en Rionegro. Los militares cuando llegan a un territorio, llegan a defender los proyectos hidroeléctricos y no a defender a las comunidades, como lo ha constatado ella en el proyecto hidroeléctrico de Aures Bajo en Sonsón. Ante eso, su apuesta es por la memoria para que no se vuelva a repetir la historia de la guerra y se proteja el medio ambiente para que la gente siga disfrutando de los atractivos turísticos de la región, como: el río Melcocho en Cocorná, la quebrada La Planta en San Luis, los termales de Nariño, el río Churimo en San Rafael, entre otros ríos.
