El día 19 de noviembre de 2019, alrededor de las ocho de la mañana, la policía irrumpió en las instalaciones de Cartel Urbano, ubicado en la ciudad de Bogotá, en un allanamiento que buscaba encontrar una presunta publicidad en contra del actual gobierno y en alusión al paro nacional programado el 21 de noviembre de 2019 (sí, como si hacer publicidad fuera un delito).
Hoy la @PoliciaBogota allanó nuestra sede. Con intimidaciones, en lugar de encontrar explosivos y panfletos, se llevaron evidencia de que somos muchos los #CreadoresCriollos que expresamos inconformismo desde el arte y la cultura. En breve, el comunicado oficial. #CartelSíMarcha pic.twitter.com/rF5ZEOzkiS
— Revista Cartel Urbano (@cartelurbano) November 19, 2019
Los uniformados revisaron todo el lugar y no encontraron publicidad, armas ni nada por el estilo, como podemos observar:
#CartelSÍMarcha | A las seis de la mañana de hoy la Policía Nacional comenzó una serie de diligencias de registro y allanamiento en casas de artistas y miembros del movimiento social en Colombia. En quince localidades de Bogotá y el municipio de Soacha, la policía llevó a cabo 27 diligencias avaladas por una orden de la Fiscalía y con las que se pretendía identificar e individualizar a quienes, supuestamente, hubiesen cometido hechos vandálicos en las manifestaciones anteriores o estuviesen llamando a cometerlos durante el paro del próximo 21 de noviembre. Asimismo, se llevaron a cabo allanamientos en Cali y Medellín. Entre las instalaciones intervenidas por la Policía Nacional está la Revista Cartel Urbano. A las ocho de la mañana un grupo de doce policías ingresó de forma intimidatoria a nuestras instalaciones en el barrio San Felipe y revisó el espacio en busca de pancartas o material probatorio que pudiese vincular al medio a un llamado al paro de esta semana. Aunque la policía no encontró nada que pudiera usar para vincular a la revista con sus suposiciones, sí afirmaron que el medio estaba impedido a usar el video que se hizo durante el allanamiento.Aunque Cartel Urbano no ha llamado al paro hasta el momento y mucho menos a la realización de actos no pacíficos (vandálicos es un concepto que tiene que comenzar a revisarse en los medios nacionales), según lo confirmó la Fundación para la libertad de prensa – FLIP, no estamos impedidos como medio de comunicación a hacer un llamado a la movilización social y mucho menos a utilizar el video con el que se registró la diligencia, a pesar de las afirmaciones intimidatorias de la policía. “Si publica ese video, se le va hondo”, se le escucha decir a uno de los agentes.Vale la pena resaltar que nuestras cuentas de redes sociales están siendo hackeadas desde esta mañana y se han publicado comentarios que ninguna persona del equipo de Cartel Urbano ha hecho. Por otro lado, durante su visita los agentes también decidieron revisar los cuadernos contables.Según comunicó la Policía a la hora del allanamiento, Cartel Urbano aparecía en una lista dada por un informante anónimo de la Universidad Pedagógica, quien señaló cinco puntos en los que se estarían guardando explosivos y material gráfico llamando a la protesta. Según el informante, Cartel Urbano estaría relacionado con los colectivos Puro Veneno, Ak al Konvate y Subversión, organizaciones con las que la revista no guarda relaciones ni laborales, ni subversivas, ni terroristas; en el caso de Puro Veneno y otros colectivos de protesta gráfica, Cartel Urbano ha publicado, en su ejercicio periodístico y al igual que lo han hecho otros medios del país, noticias sobre intervenciones artísticas realizadas por ellos en el ejercicio de la defensa de sus causas.Según nos contó la Flip, no hay registro reciente de allanamiento a un medio de comunicación como el que se dio en Cartel Urbano. Nos aseguran que es la primera vez que el equipo actual de Flip registra un caso de este estilo y es un claro atentado contra la libertad de prensa teniendo en cuenta que la excusa fue encontrar material que llamara a la protesta algo que, como ya se dijo, el medio está en todo su derecho de hacer.El caso de Cartel Urbano se suma a las denuncias hechas por parte de miembros de la sociedad civil y movimientos sociales este martes. Ciudad en Movimiento, el colectivo de agitación gráfica Puro Veneno, Pirotecnia, Congreso de los Pueblos, Sindicato de Maestros de Antioquia, Grupo Estudiantil Anarquista y una estudiante de la universidad Javeriana del colectivo Degénero denunciaron los allanamientos y presiones. Asimismo, la revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes nos dijo que recibió cartas presionando para que se bajaran contenidos de su plataforma.Entre los allanamientos a viviendas de líderes y lideresas del colectivo Ciudad en Movimiento está el caso de Johana Hincapié a cuya casa entraron a las seis de la mañana. Según se lee en el documento del colectivo, la policía revisó exhaustivamente la habitación de Johana y en el acta de la diligencia la policía registró que no encontró ningún elemento extraño, ni incautó cosa alguna.“De los 7 miembros de la fuerza pública dos personas se negaron a identificarse. Era una mujer que grabó todo el procedimiento con una cámara de video y un hombre que permaneció todo el tiempo en la puerta. La mujer se negó a identificarse, fue grosera con Johanna y finalmente después de exigirlo, presentaron su identificación de patrulleros de policía desde lejos, sin posibilidad de verificar los datos. Johanna y los habitantes de la casa se negaron a firmar el acta, ya que la policía se negó a incluir en el acta que dos miembros de la policía no estaban uniformados y se habían negado a identificarse”, dice el documento.Laura Suspes, miembro del colectivo feminista Degénero, cuenta que cerca de las 6:10 de la mañana agentes de la SIJIN llegaron a su apartamento para hacer un allanamiento con una orden para buscar elementos bélicos y de propaganda a la violencia en la marcha del 21 de noviembre. "Revisaron mi apartamento, mi biblioteca, mi computador y celular, además de los de mi hermano", dice.Tras cerca de dos horas de procedimiento, y después de no encontrar nada incriminatorio, los agentes le informaron a ella que en los próximos días le darían razón de si procedía o no a una eventual orden de captura. Durante el allanamiento los oficiales tomaron fotos a panfletos sobre educación pública y gratuita que ella planeaba repartir en el paro nacional.Por su parte, voceros de Puro Veneno aseguran que tienen conocimiento de que al menos cinco órdenes de allanamiento tenían explícitamente el nombre de Puro Veneno. Agregan que parte del material incautado incluye carteles, stickers, esténcil y banderas que hacen referencia explícita a Puro Veneno. “Todas las órdenes eran legales, sin embargo, varios de los casos de los que tenemos conocimiento, al menos órdenes de allanamiento se realizaron con irregularidades, como por ejemplo intentos de algunos de los Policías de ingresar sin que los dueños de las casas se dieran cuenta, bolsas con algunos objetos de los que no tenemos conocimiento”.Las acciones de hoy se suman a la campaña de desprestigio e intimidación que han venido llevando a cabo ciertos sectores del gobierno de cara al paro del 21 de noviembre. La presencia militar en el centro de la ciudad y frente a la universidad Javeriana entre otras zonas, que comenzó este fin de semana (a pesar de que el gobierno afirme que no está militarizando la ciudad), deja claro, junto a los allanamientos de hoy, la incomodidad que siente el gobierno en curso frente a los cuestionamientos de su gestión.Desde Cartel Urbano rechazamos los allanamientos ocurridos el día de hoy y la criminalización de la protesta social en el país. Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, artistas, colectivos, gestores culturales, periodistas y miembros del movimiento social a no dejarnos intimidar y alzar nuestra voz de manera pacífica este jueves. En Cartel Urbano paramos.
Publicado por Revista Cartel Urbano en Martes, 19 de noviembre de 2019
Esto lo único que demuestra es la impotencia del gobierno Duque y cómo este de un forma silenciosa y sutil quiere amedrentar a los manifestantes, militarizando la ciudad con Ejército y Policía, "supuestamente" para garantizar el derecho a la marcha.
Sin embargo, acá el objetivo es claramente otro: es evitar que las personas salgan a marchar, aunque paradojicamente esto lo único que provoca es un efecto contrario y una confrontación.
Además, esto lo único que produce es indignación y le da más motivos a las personas para salir a marchar el 21 de noviembre de 2019.
