“Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario” es la máxima de la justicia. Pues bien, luego de que la Corte Suprema y la Fiscalía se tiraran la papa caliente entre ellas, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe quedó libre; eso sí, con la salvedad de que continúa vinculado al proceso por fraude procesal y manipulación de testigos (este es solo uno de los tantos que tiene pendiente la justicia contra él, el menos grave, a mi parecer).
Luego de permanecer en detención domiciliaria desde su gigantesca hacienda y tras delirantes, alucinantes e irresponsables declaraciones, Uribe adujo estar secuestrado (el más privilegiado en la historia de la humanidad), a pesar de tener un ejército que salvaguardaba esas carnitas y esos huesitos, poseer numerosas hectáreas para moverse, tener millonarios ejemplares equinos para distraerse, contar con un excelente servicio de atención médica (que le asistió incluso durante su etapa y COVID-19), disponer de un séquito de periodistas (con rodilleras) a sus servicio y disfrutar de una horda de seguidores a las que les podía continuar dando órdenes (incluido ese holograma que se supone es el presidente).
Ahora bien, los colombianos, con un complejo de superioridad respecto a la inteligencia, el aspecto físico y “cultural”, durante mucho tiempo nos burlamos de los peruanos, pero nunca tuvimos el valor de evaluarnos como sociedad, de autocriticarnos y de reconocer que ellos, más allá de los jocosos actores y libretos de Laura en América o de la controversial Tigresa de Oriente, nos llevan años luz en lo que respecta a justicia. Aún sabiendo que la corrupción es global, humana y común, ellos no suelen mirar hacia otro lado, hacerse los pendejos y volverse cómplices cuando se trata de juzgar (de ser necesario) a uno de sus expresidentes e incluso presidentes en ejercicio.
Sin embargo, el problema de la horda de colombianos fanáticos es que creen que un presidente o expresidente es un ser perfecto, impoluto, incorruptible y probo… olvidan o desconocen que son seres humanos, susceptibles de cometer errores, incurrir y/o participar en actos de corrupción e incluso en crímenes de Estado, ya sea por acción u omisión. Acá cabe recordar que los peores asesinos, psicópatas, sociópatas e incluso genocidas creen hacer lo mejor, y también que muchos de ellos han sido idolatrados y apoyados por sus seguidores hasta que la historia les demuestra la clase de monstruos que son las personas por la que decían poner las manos en el fuego… y es que nadie llega conocer a cabalidad a otra persona, ni siquiera así mismo, porque en ocasiones actuamos en forma inesperada ante ciertos estímulos y circunstancias, que llevan a cuestionarnos quiénes somos y hasta de qué somos capaces.
De verdad, a muchos colombianos les cuesta entender, aceptar y respetar que nadie está por encima de la justicia, nadie es nadie, eso incluye a un presidente o expresidente. De hecho, en un país medianamente decente y verdaderamente respetuoso de las instituciones y la democracia nadie repite la historia de Barrabás, gritando para que liberen al ladrón.
Pues bien, la justicia peruana nos ha dado cátedra de independencia y valores. Hasta ahora allá no se habla del "cartel de la toga” o de un fiscal anticorrupción extraditado por corrupto… incluso cinco de sus expresidentes se encuentran presos, investigados o prófugos, en cumplimiento de los preceptos de la verdadera justicia y el certero “el que la hace la paga”.
Alberto Fujimori, quien gobernó Perú desde 1990, en su momento recibió todo el apoyo de los peruanos, ya que con su estilo de mano firme logró someter al grupo terrorista Sendero Luminoso hasta lograr mostrar en una jaula a Abimael Guzmán, líder del temido grupo insurgente. No obstante, para los peruanos “el fin no justifica los medios”, por lo que posteriormente fue juzgado por homicidio con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, e igualmente por ser el autor intelectual de dos masacres de un escuadrón del ejército.
Por su parte, Alan García gobernó Perú en dos mandatos no consecutivos (1985 a 1990 y de 2006 a 2011), y en el 2019 fue investigado por lavado de activos, y tras el operativo de su captura se suicidó... Y Alejandro Toledo gobernó Perú entre los años 2001 y 2006, y en abril del 2017 un juez ordenó "prisión preventiva" para él y su esposa Eliane Karp, tras ser acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht (antes de hacerse efectiva la orden de captura, huyó hacia EE. UU.).
Y ahí no para la cosa, Ollanta Humala gobernó entre 2011 y 2016, fue acusado de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir (se le acusa de haber recibido tres millones de dólares para la campaña de su partido, cortesía de Odebrecht) y Pedro Pablo Kuczynski fue electo para el período 2016-2021, pero dimitió en marzo de 2018, un día antes de que los diputados votaran a favor o en contra de una solicitud de vacancia del cargo. PPK resultó inmerso en un escándalo, tras la difusión de una serie de audios y videos, que le comprometían en compra de votos a los parlamentarios para evitar su salida de la presidencia. Por último, y hace tan solo dos semanas, el actual presidente Martín Vizcarra se salvó de la destitución tras ser señalado de "incapacidad moral".
Como colombiano, se siente vergüenza de nuestra justicia, de cierto sector de nuestra sociedad e incluso del actual gobierno y su partido, que desde el legislativo, ante el actuar de la justicia contra un expresidente, señalan y satanizan a los magistrados, organizan marchas, tuiteratones, malgastan millones en vallas por todo el país. Y ni hablar de ciertos medios que se convierten en feroces abogados de oficio, que saturan editoriales de revistas, entrevistas, programas de radio y televisión, en una desvergonzada, repulsiva y desesperada defensa ante lo indefendible.
Tanta defensa de Uribe contrasta con toda una vida pública cuestionada desde su paso por la Aerocivil, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia (y las masacres en este periodo) y la Presidencia de la República. Ni qué decir de los graves hechos criminales y de corrupción denunciados en relación con su gobierno: crímenes de Estado (ejecuciones extrajudiciales), yidispolítica, caso de las chuzadas, paramilitarismo y falsas desmovilizaciones (con su respectivo comisionado Luis Carlos Restrepo fugitivo), escándalos de notarías, zonas francas, entre otros.
Ni hablar de la lista de allegados al “eterno”, que se encuentran investigados, condenados o fugitivos, entre otros: Sabas Pretelt de la Vega, Andrés Felipe Arias, Diego Palacio, Alberto Velásquez Echeverri, María del Pilar Hurtado, Gral. Mauricio Santoyo, Jorge Noguera, Claudia Daza, Diego Cadena y un funesto etcétera. Hay que estar muy al nivel de esos altos funcionarios o ser el rey de los estúpidos por rodearse de tan malos muchachos y no darse cuenta… Es tal el grado de fanatismo que están en mora de acusar al Espíritu Santo de todos los actos enunciados, antes que permitir que la justicia investigue a quienes corresponde.
Ante su majestad, la impunidad. Y con una justicia que parece comprada o amedrentada, no hay duda que se siente orgullo de la justicia peruana y los peruanos... Por ahora en Colombia solo queda confiar en la justicia divina, porque la humana no solo cojea, sino que no oye, no ve y no entiende…
