Parodiando la conocida frase de la campaña entre Bush y Clinton, debemos recordarla con destino a la Junta del Banco de la República. Venimos de una crisis que comenzó con el estallido social en 2019 y se prolongó durante 2020 y 2021, con consecuencias que aún padecemos, y luego de ñapa llegó la pandemia a quedarse: la economía y el empleo se fueron al suelo.
Las intervenciones del gobierno para paliar las consecuencias solo funcionaron con el asistencialismo, puesto que los recursos para defender las empresas y el empleo fallaron estruendosamente: fueron billones de pesos que terminaron en su mayoría en manos de las grandes empresas y algunas de las Pymes con capacidad de lobby; se perdieron alrededor de 600.000 empresas y 4,5 millones de empleos, justamente las MiPymes son la casi totalidad de estas cifras (en febrero de 2021 la cuenta iba en 509.370 micronegocios cerrados).
La inflación que el mundo entero está padeciendo es en los países desarrollados una combinación de excesos de demanda por la irrigación de dinero al bolsillo de TODOS sus integrantes (no a una parte selecta como en Colombia) y la crisis de oferta por la incapacidad de las navieras de movilizar la carga en medio de la recuperación. Ahora se suman las consecuencias de la invasión imperial rusa a Ucrania sobre la disponibilidad mundial de fertilizantes y alimentos, especialmente el trigo y otros cereales indispensables para los hogares.
El pico de inflación que muestra Colombia es derivado de una caída en la oferta de alimentos por el enorme encarecimiento de costos y es este el gran impulsor del padecimiento de la mayoría de los trabajadores formales que viven con menos de dos salarios mínimos, 17,5 millones de compatriotas, sumados al trabajo informal que corresponde al 48 % en esta patria. Con un dato altamente preocupante: solo el 49,8 % de los trabajadores ocupados cotizan para pensión, luego el 51,2 % están en ocupaciones informales, 3,2 % superior a lo informado por el Dane.
El 93 % de los productos de la canasta familiar han sido afectados de forma variada en el primer trimestre del año (Dane), resaltando que el alza del 19,94 % en los alimentos impacta de manera grave a los estratos 1,2 y 3 pese al aumento del salario mínimo en el 10,07 %.
En una inflación de oferta lo peor que se puede hacer es resolverlo con medidas que impactan la demanda: en una caída de la oferta, si se frena además la demanda enviando “señales” de aumento en la tasa de interés de referencia, el aumento del IPC no se impacta de fondo y solo magramente reduce las expectativas de inflación, peor aún en momentos de tanta incertidumbre política con el país completamente polarizado entre las propuestas de Petro que, siendo o no realistas, teniendo o no sustento objetivo en la realidad económica le hablan a la base social de un cambio verdadero que independiente de lo antedicho si se compromete y los interpreta a ellos.
Tendría que hacerse justamente lo contrario: bajar un poco las tasas de interés para preservar la demanda e incentivar el empleo, al tiempo que se dirigen recursos que subsidien los costos al campesinado para mitigar el alza de insumos indispensables, que se asuma responsablemente el costo de la seguridad social y la carga laboral en las MiPymes; en otras palabras, enfocar toda la batería de herramientas que tiene el Estado para estimular la oferta, incluyendo, como ya hizo, reducción de aranceles e importaciones selectivas, en vez de “quitar el sofá” o buscar en la “ortodoxia” económica una medida gravísima que busca río arriba las causas de la inflación cuando esta se ha desbordado por causas que nada tienen que ver con la tasa de interés. Lo “que hay que leer”, señores de la Junta, son las causas objetivas del estallido social y no seguir “añadiendo leña al fuego”.
