¿Profe, cuándo entramos? preguntan, un sin número de veces al día, más de 9.000 estudiantes que pertenecen a 17 instituciones educativas con, al menos, 130 sedes en varios municipios del departamento de Antioquia, especialmente de Chigorodó, Carepa, Necoclí, San Juan y San Pedro de Urabá, que se encuentran bajo la modalidad de contratación por cobertura, y que, por segundo año consecutivo, están con la incertidumbre de no conocer la fecha exacta de apertura del calendario académico, pues cada semana, desde que iniciaron el año lectivo los colegios oficiales y privados de la región, albergan la esperanza de que les comuniquen oficialmente que el próximo lunes ¡por fin, entrarán al colegio!.
Comienzo que se aplaza cada semana; fue el 16, el 23, el 30 de enero, ¡No!, luego el 6 de febrero, ¡Tampoco!, finalmente les dijeron que será el 13. Llegará ese nuevo lunes y, veremos, ¿qué pasará?. Y es que, aunado a esa incertidumbre, se encuentra el silencio por parte de las autoridades gubernamentales que, a pesar de miles de requerimientos de padres y madres de familia, no han respondido de fondo el porqué no se ha dado comienzo a las clases para los colegios que administran los operadores privados con recursos públicos, pues, por un lado, están omitiendo dar aplicación al numeral 6° del artículo 2.3.1.3.1.4. del Decreto 1851 de 2015, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, que señala que todas las instituciones de los municipios no certificados (como los mencionados anteriormente) deberán ingresar en la misma fecha; y, por otro lado, no se entiende cómo la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaria de Educación Departamental, no ejecutó (¿Será que, al menos, lo elaboró?) medidas o planes de acción que permitieran el ingreso oportuno de estas instituciones, teniendo en cuenta que en el año 2016 sucedió lo mismo, y la excusa de esa vez fue que era un problema propio de contratación de nuevas entidades con los recién posesionados alcaldes y gobernadores. Empero, ¿y esta vez?.
Mientras se surte ese trámite burocrático (¿Será así todos los años?, pues para irse preparando), miles de niños, niñas y adolescentes de la región del Urabá Antioqueño, no solo deben cargar con el olvido del Gobierno central, sino que además, con las consecuencias que genera el retraso en el inicio del año escolar, por ejemplo, y para solo citar cinco factores negativos, tenemos: 1. Solicitud de cupos en colegios oficiales, lo que genera sobrepoblación estudiantil allí. 2. Son obligados a trabajar mientras ingresan a su colegio. 3. Riesgo de reclutamiento por grupos armados ilegales de la zona. 4. No tienen vacaciones a mitad de año, lo que genera un cansancio físico y mental que disminuye las capacidades de aprendizaje. 5. Los jóvenes que ingresan a once pierden, aproximadamente, tres semanas de clases iniciales que pueden ser utilizadas para la preparación de las pruebas de Estado.
Cinco razones por las que padres, madres, estudiantes, rectores, profesores y, en general, toda la comunidad educativa le solicita al Gobierno cumplir, con acciones claras, reales y concretas, su propósito de hacer de Colombia "el país más educado para el año 2025".
