Se está volviendo característico de ciertas decisiones del gobierno el asumir que no es necesario realizar lo que evidentemente es un primer paso antes de adelantar el segundo.
Es lo que sucede con la improvisada Reforma Tributaria que aparece como una espada de Damocles sobre el cuello de todos los colombianos sin que se haya establecido ni siquiera el Plan de Desarrollo que concrete a qué se van a destinar esos recursos; no se diga la falta también de saber cuáles serán los compromisos que resulten del proceso de paz y lo que consecuentemente se necesitará para ellos.
Pero en el mismo sentido aparece el caso de las políticas agropecuarias, con la circunstancia de que pareciera no llamar la atención a nadie lo que al respecto sucede.
Parecería un principio de Perogrullo que para poder diseñar una política para el campo lo primero sería tener la información sobre él. Entre nosotros llegó a ser aceptado con mucho trabajo que uno de los principales vacíos, causa de buena parte de los conflictos sociales y problemas para el manejo de la economía, es la falta de una política agraria fundamentada y coherente. Pero pasaron más de treinta años desde el último Censo Nacional Agropecuario sin que se reconociera como una necesidad hacer una radiografía de la verdad de lo que es el campo colombiano; solo en el 2011 se iluminó la mente del gobierno y se tomó la decisión de realizarlo (el anterior fue en 1970).
Contrariamente a lo presentado como resultado de las conversaciones de La Habana, la obligación de realizar ese censo no nace de los acuerdos sino ya existía porque era un requisito lógico para discutir sobre cómo debería tratarse el tema en las mesas. Algo similar a la actualización catastral que también es base para el censo y aparece igual como nacida en los acuerdos.
Pero resulta que ese censo que debería ser la columna vertebral para poder hablar de política agraria pareció no importarle a nadie. Por diferentes razones, entre las cuales que en un sistema de mercado y de 'globalización' no tiene tanta importancia pues no se actúa proyectando el futuro, se pospuso su realización año tras año y apenas mereció una mención por la renuncia del entonces encargado de adelantarlo Dr. Jorge Bustamante.
Como tema adicional tenemos el escándalo alrededor de las inversiones de las grandes empresas en la altillanura que vino a hacer notar la existencia de la Ley 160 de 1994; tan deficiente que desde entonces había sido desconocida y cuando se vino a conocer ha mostrado, más que sus limitaciones, su inaplicabilidad. Ésta fue promulgada por el Dr. José Antonio Ocampo y paradójicamente ha sido en cabeza de él mismo que se ha encargado la Misión para proponer la que deberá remplazarla.
Suena absurdo hacer negociaciones, propuestas y montaje de programas cuando está pendiente la información cierta de cómo es el campo colombiano hoy. Todo lo anterior hace relevante en este momento el saber cómo se está haciendo el Censo y que resultados se pueden obtener de él. O más exactamente, evaluar tanto su montaje como su ejecución.
Pero además de la trayectoria ya mencionada —de aplazamientos y renuncias con cuestionamientos— lo grave es que, como si este proceso no existiera, lo poco que se sabe de él no es alentador:
Parece que no se ha tenido en cuenta algo fundamental para el éxito de cualquier metodología que pretenda conocer la verdad sobre situaciones sociales y económicas en este país, como es el altísimo nivel de desconfianza de la población frente a cualquier pregunta, cuestionario o encuesta. Esta sola circunstancia implica la necesidad de encontrar y aplicar alternativas metodológicas especiales, utilizar estrategias muy imaginativas y eficientes de preambientación entre la población, y realizar un esfuerzo muy grande en la escogencia y capacitación de las personas a cargo de recoger la información. Nada de esto parece estarse haciendo suficientemente bien.
Los mismos encuestadores reconocen falta de capacitación previa, baja receptividad entre los encuestados y no saber bien cómo deben hacer la encuestas: las casillas de los formularios no las llenan los encuestados y corresponde al funcionario resumirlas o completarlas; se destaca la falta de una matriz o esquema que dé sentido a las preguntas que se hacen; se duplica o no se utiliza el completo trabajo de caracterización de suelos que acaba de hacer el Agustín Codazzi; son muchos los datos desechables o inútiles que se compilan (la misma pregunta respecto a cultivos para el boyacense que en una hectárea cultiva papa, que para quien siembra decenas o centenares de hectáreas de algodón en la Costa, y en medio del larguísimo cuestionario, preguntas francamente inexplicables como “¿cuántos gallos de pelea se tienen en el predio?”).
Puede ser que no solo sea ensillar antes de traer las bestias, sino que además enfrentamos la posibilidad de que lo que lleguen sean burros.
