Una vez más la administración distrital nos sorprende con su gran capacidad de implementar actos administrativos sin ningún sustento técnico ni jurídico. En esta ocasión en particular me quiero referir al tema de las tarifas de los parqueaderos en Bogotá.
Desde diciembre del año anterior se venían escuchando noticias sobre las intenciones de la administración distrital por realizar un incremento en la tarifa de los parqueaderos. Más exactamente, el 28 de diciembre, El Tiempo publicó una breve nota al respecto, en donde el argumento técnico que exponía el secretario de movilidad es que “mientras que todos los demás transportes han subido su costo, el uso del automóvil en cuanto al estacionamiento no ha tenido incremento en los últimos cinco años. Si generamos este aumento, podría haber un equilibrio en comparación con los otros medios de transporte que hay en la ciudad”. Sin embargo, más allá de esta retórica no se presentó ningún sustento técnico para validarlo, porque desde cuando se estableció un equilibrio en los usos del transporte en Bogotá, dónde está el estudio o el modelo que valida esa afirmación?
Adicionalmente, se ha promovido el mensaje que estos aumentos son acordes a la política distrital de promover el uso de la bicicleta, a pesar de que no se ha presentado (o no encontré yo) el primer estudio en donde se analice cómo se afecta la relación entre uso del auto y el de la bicicleta ante un cambio en el precio de los parqueaderos (Sí, así como lo leen un poco enredada la relación pero bueno, supongamos que es factible de medir y que es como sugiere la alcaldía).
Ahora bien, en 2017 la Secretaría de Movilidad continuó trabajando en el Decreto y más exactamente para el mes de abril de este año se empezó a comunicar en medios los nuevos cambios que se realizarían y finalmente para el 04 de mayo se realizó la firma del mismo y se dio a conocer que definitivamente el incremento en el valor por minuto de estacionamientos por fuera de vía sería del 10%. Si bien el incremento es superior al realizado al salario mínimo, no se generó mucho ruido al respecto y los bogotanos empezaron a pagar otro incremento adicional a los que ya se han realizado este año en términos de impuestos, gasolina, transporte público y demás.
Sin embargo, la administración Peñalosa no nos comunicó que iba a hacer un ligero cambio a las definiciones establecidas en el acuerdo 356 de 2008 en donde se deja en claro que los parqueaderos “a nivel, pisos en afirmado o césped y los asociados a un uso” tendrán un factor por características del estacionamiento de 0,5, sino que ahora en el Decreto 217 de 2017 se determinó que ahora solo los parqueaderos “a nivel, pisos en afirmado o césped” tendrán el factor de 0,5.
Este pequeño cambio produjo de inmediato un cambio de categoría de los parqueaderos de centros comerciales, los cuales desde que se realizó un derecho de petición en 2014 se dejó en claro que hacían parte de esta categoría y que no podrían exceder el cobro de 48 pesos por minuto de ese entonces.
Esta simple modificación provocó un incremento exorbitante en el precio de este tipo de parqueaderos pasando 48 pesos según el Decreto 550 de 2010 a 105 pesos en el nuevo Decreto. Este incremento evidentemente afecta a las personas que acuden a estos sitios a realizar diferentes actividades.
La pregunta que surge acá es, ¿desde cuándo una administración puede modificar un acuerdo del Concejo de esta forma, afectando a la ciudadanía en general? Y sí, es a la ciudadanía en general porque casi todas las personas en esta ciudad acuden a los centros comerciales a realizar diferentes actividades comerciales o de recreación. En este caso se está beneficiando a todos como es eslogan de la administración distrital o se está perjudicando a la ciudadanía para favorecer a unos pocos?
Lamentablemente, siguen las dudas sobre la capacidad técnica y la buena fe de esta gestión en Bogotá.
