La muerte de las hasta ahora 254 personas en Mocoa, entre ellas más de 40 niños y niñas por las avalanchas de varios rios no es un desastre natural, es un desastre político. El país no tiene un plan real y financiado de adaptación al cambio climático en razón a que intereses económicos poderosos se lo impiden.
El nuevo vicepresidente debería tomar en sus manos tareas de adaptación al cambio climático en Colombia y mirarlo como lo que es: un problema de seguridad ciudadana, el mayor de Colombia. El anterior vicepresidente era un negacionista del cambio climático, igual que su partido Cambio Radical, muchas de las casas llamadas gratuitas están alejadas de los centros de las ciudades y en territorios de riesgo climático. Los militantes de Cambio Radical se dedicaron desde sus puestos de poder a eliminar las decisiones ambientales que podían impedir el establecimiento de barrios hechos por sus constructores, autopistas privatizadas 4G o zonas de exploración minera.
El Cambio climático es producido por el consumo de carbón y petróleo y gas natural en el mundo desarrollado que arroja gases efecto invernadero y provocan trastornos profundos y crecientes del clima, junto a la corrupción de la clase política colombiana produjo un arma letal: no solo el incremento inusitado de las lluvias en Putumayo, sino la muerte en Mocoa por imprevisión absoluta de su clase política
Si los municipios siguen haciendo Planes de Ordenamiento Territorial como plantillas calcadas y pagadas a contratistas corruptos y aprobados por concejos ignorantes o, peor, supeditados también por corrupción a especuladores inmobiliarios, y grandes terratenientes y compañías mineras, condenarán a mucha gente a la muerte.
Los tiempos de la adaptación al cambio climático, serán más lentos que los eventos climáticos cada vez más fuertes. Hay que comenzar ya. Entre menos se mitigue la emisión de gases efecto invernadero en los países desarrollados, y Trump ya anunció no hacerlo, más costosa será la adaptación de nuestros territorios y nuestra población para salvar la vida.
Buena parte de nuestra población rural y urbana está situada en zonas de alto riesgo climático por su condición económica y la desigualdad social, la violencia ha llevado a miles de familias a vivir al lado de quebradas, ríos y pendientes en sitios con remoción en masa.
Nosotros hicimos un esfuerzo por enseñarle al país como se tomaban medidas de prevención del riesgo. Bogotá en el POT 2013 hizo el primer plan de adaptación al cambio climático de Colombia, pero de inmediato Camacol, el gremio de los constructores, el gobierno nacional, con su ministro de vivienda Henao y la magistrada Elizabeth García González, amiga del procurador Ordoñez, quien había nombrado a un familiar suyo, lo suspendieron.
El POT que adaptaba a Bogotá al cambio climático decretado en el 2013 por la Bogotá Humana hoy es legal, pero está suspendido por una magistrada del Consejo de Estado, cuando el Consejo de Estado negó tener competencia para estudiar su legalidad.
Luego hicimos el IDIGER con su Fondo por más de cien mil millones de pesos para comprar tierras que liberaran el espacio al agua junto a humedales, ríos, quebradas y para reubicar más de cinco mil familias de las quince mil que hay que reubicar en la ciudad capital.
Los planes de ordenamiento territorial no son para privilegiar intereses económicos poderosos sino para privilegiar la vida y la sostenibilidad de la población en el territorio.
Es por eso que la justicia colombiana debe comprender un nuevo ámbito del derecho: la justicia climática. A diferencia de jueces como la magistrada García, o Velilla, o como aquel que detuvo la construcción de vivienda social para privilegiar parqueaderos del estrato seis de Bogotá, se necesita una justicia que comprenda que la sostenibilidad ambiental, afectada por intereses económicos poderosos, es también la sostenibilidad de la vida humana.
Simplemente no se puede vivir de manera permanente, ni construir urbanizaciones y asentamientos humanos en zonas de alto riesgo climático. la Nación debe financiar la reubicación de la población que habita en estas zonas de riesgo y su presupuesto debe ser suficiente y prioritario. Implica una verdadera reforma agraria y urbana que el país está en mora de hacer.
En cada territorio hay que elaborar un mapa de riesgo climático que debe ser la base para elaborar los planes de ordenamiento territorial. Ese ordenamiento implica liberar espacios al agua y reubicar su población
Hay que hacer mapas de riesgo en el territorio con modelos probabilísticos climáticos y escenarios diferentes de aumento de temperatura global. La Universidad Nacional en red con otras universidades y Planeación Nacional están llamados a cumplir esta tarea.
Hace un mes leí el plan nacional para la adaptación al cambio climático que hizo el gobierno. No es sino retórica. No tiene recursos, delega en las débiles autoridades locales la responsabilidad. La adaptación al cambio climático es una responsabilidad local, nacional y mundial.
Adaptar a Colombia al cambio climático implica enfrentar intereses económicos poderosos. Por eso es que suspendieron el POT de Bogotá. Implica reconocer que hay un interés general sobre el particular, la vida sobre el mercado, implica construir bienes comunes en el territorio.
Liberar los espacios del agua, ordenar el territorio alrededor del agua, ubicar la población en zonas de bajo riesgo climático, una nueva agricultura de alimentos que ocupe todas las tierras fértiles y que no emita gases efecto invernadero, democrática en la tenencia de la tierra, pluritécnica, con uso de semillas ancestrales más resistentes y propias al clima, una restauración de los ecosistemas en Colombia. Y un respeto absoluto al agua.
Hoy registramos que en un solo hecho ocurrido en Colombia superó el número de muertos de Perú por calentamiento costero del Pacífico: Que nuestro país está más atrás que Perú y Ecuador, que hoy no cuenta un solo muerto, a la adaptación a los trastornos profundos del clima que cada vez serán más poderosos.
Desde Bogotá Humana criticamos al gobierno nacional que manejará el cambio climático como una estrategia de atención del desastre y no de prevención del riesgo, ahora recogemos las consecuencias de tal equivocación e imprevisión en cadáveres.
El ordenamiento territorial alrededor del agua es vital para salvar la vida. Se vuelve el compromiso progresista a escala nacional.
