En sendas publicaciones de los diarios el Heraldo y el Universal noticiaron y editorializaron, lo que a su modo de ver, perciben los ciudadanos sobre las decisiones de los jueces de la república en sus actuaciones por cuenta del frágil y laxo sistema judicial y las supuestas concesiones que le otorga a los delincuentes. Desde ese día esperaba que algún representante o vocero de la Judicatura de manera oficial, particular, colegial o gremial (sindical), saliera en defensa de los judiciales a nivel regional o por lo menos aclarara a la opinión pública que lo expresado en dicha noticia y editorial no es totalmente cierto. (Ver editorial)
Y es que para el ciudadano común y desprevenido que lee este tipo de noticia y columna de opinión, por cierto sesgada desde mi punto vista, o cuando escucha o ve en la televisión la reproducción de las declaraciones de los alcaldes de Bogotá y Cartagena, solo para citar dos, da por cierto o asume como verdad lo hay expresado o reproducido sin ningún tipo de análisis por parte del medio de comunicación. Lo mismo ocurre cuando al televidente le muestran dentro un seriado de abogados y temas de corazón unas escenas en donde se recrea lo que sería el trasegar de abogados, fiscales y jueces en las actuaciones que se surten ante los despachos judiciales, situaciones que distan mucho de la realidad jurídica y procesal (tema para otra columna de opinión en otra ocasión).
Es que en parte le asisten razón al periodista que escribió la nota o el que editorializó, al señor alcalde de Bogotá y Cartagena de estar en desacuerdo con la decisión del juez de dejar libre o no dictar una medida de aseguramiento contra los implicados en el caso de agresión a un policial en Transmilenio “que tuvo frente a él y lo soltó” tal como lo informo el medio de comunicación, de no proferir la orden de captura solicitada por la fiscalía contra los responsables de la tragedia del desplome del Edificio de Blas de lezo, y al libretista y director del seriado de televisión al sacar al aire la escena tal cual como la editaron; porque todo ellos saben de procedimiento penal, lo mismo que yo sé de periodismo, de administración pública, urbanismo y de guion y dirección de tv, o sea.
Bien vamos por parte, primero sea preciso decir que esta columna no busca dar una clase magistral de procesal penal porque sería un desafuero de este servidor judicial, abogado en ejercicio sin especialización en el tema pero si con experiencia en el quehacer diario en materia penal. Ahora bien comencemos con el editorial del diario Universal, precisándole al director o periodista editorial que en materia penal como en otras ramas del derecho, la justicia (contadas excepciones) es ROGADA, y recordarle que la Libertad es el derecho fundamental y bien más preciado que tiene el ser humano incluso por encima de la vida, la salud, el trabajo, educación, etc., tanto es así que hay una acción constitucional de Habeas Corpus que da prelación a cualquier trámite que este adelantado el operador judicial y ordena resolverlo en un término perentorio de 36 horas, por encima de fallos de tutela inclusive, pero siguiendo el tema para dictar o decretar una medida de aseguramiento privativa de libertad, es necesario que el fiscal de turno primero la solicite y luego fundamente la necesidad y la urgencia de la medida, si lo primero no ocurre el operador judicial (Juez) no puede tomar otra medida que decretar la libertad del indiciado, porque de oficio así observe que debe decretarla le está prohibido pues incurría en prevaricato, ahora si la solicitud se formula y el fiscal de turno no la fundamenta (jerigonza jurídica como afirma el editorial) no le queda otro alternativa que juez que negarla y dictar la libertad.
En lo sucedido en Bogotá ocurrió lo primero el fiscal en su leal saber y entender después de imputarles el delito a los implicados en el caso de agresión a un servidor público, determino que no era necesario solicitar la medida de aseguramiento, con el resultado que todos conocemos y que aprovecho el señor Burgomaestre Enrique Peñalosa sin conocimiento de causa o mejor con sus conocimientos de admiración publica y especialista en urbanismo que le han valido a proponerles a los bogotanos la venta de la ETB, la construcción de un Metro Elevado en vez de subterráneo como el de las grandes capitales del mundo y de urbanizar y pavimentar una reserva natural como la Van der Hammen, temas estos que se los dejos a los ambientalistas y capitalinos, salió a echarle la culpa al juez que tomo la decisión, y es aquí donde entra la irresponsabilidad de los medios de comunicación que reprodujeron la nota sin siquiera investigar el otro angulo de la noticia y satanizaron al operador judicial y por ende a toda la judicatura.
En Cartagena ha ocurrido algo igual, los señores fiscales no fundamentaron la solicitud (tecnicismo o jerigonza como afirma el diario en su editorial) de la medida de aseguramiento o de orden de captura, y con esto quiero dejar claro que no les estoy endilgando la culpa a los fiscales sino que todo lo contrario por ser seres humano igual que los jueces de la republica son falibles y pueden equivocarse, lo malo es escudarse en la figura del juez y dejar que este cargue con la culpa del sistema; y es que los requisitos para que se conceda o decrete una medida de aseguramiento u orden de captura son objetivos, además de basarse en los medios probatorios obtenidos en los que se pueda inferir razonablemente que el imputado pude ser autor o partícipe de la conducta que se investiga.
Bien para el caso de Cartagena en el que el señor juez de garantía negó la solicitud de Orden de Captura contra los implicados en caso del edificio de Blas de Lezo y solicitada por el fiscal delegado del caso, el periodista saco la noticia teniendo como fuente al señor Alcalde Manolo Duque, actuación que por cierto se surtió dentro de una audiencia reservada y que ninguno de los presentes podía filtrarla sin faltar a su deber legal, pero la decisión del togado se filtró y se convirtió en noticia.
Pero como el periodista que escribió la nota no acudió, ni busco el otro ángulo de la noticia, no podía saber los motivos en los que se basó el togado para negar la solicitud, y es que la fiscalía tampoco le informó o no le dijo a Manolo que en la carpeta de la fiscalía estaba acreditado que los Hermanos Quiróz ya habían acudido por medio de sus apoderados judiciales ante la fiscalía a solicitar que los escucharan y que estaban prestos a comparecer para interrogatorio o imputación. Luego está más que mal que el fiscal solicite captura cuando los indiciados han solicitado ser escuchados en versión libre, capturas que de haberse ordenado serian improcedentes y que se vendrían abajo en la respectiva audiencia de legalización de captura.
Lo que reprocho no es que la decisión se haya filtrado, sino es que esta vez la fiscalía falto a la honestidad y valentía escudándose y dejando que el agua sucia recaiga sobre el togado y toda la judicatura, satanizándola y poniendo en peligro la vida y la integridad física de los jueces, pues no falta el desadaptado que quiera tomar justicia por su propia mano y atente contra estos últimos, todo por complaceré al mandatario de turno o la sociedad que a menudo no quiere una justicia sino sangre en la arena como en la antigua Roma, y es que es frecuente que las víctimas y los miembros de la comunidad afectada perciban que la justicia no responde a sus necesidad o expectativas, manifestando su frustración contra las autoridades muchas veces incitados por los medios de comunicación que con sus publicaciones agudiza aún más las heridas y los conflictos sociales en vez de ayudar a sanarlos y transformarlos.
Termina el editorial manifestando que la gente ya no cree en la justicia y termina injuriando a los policías, mientras que los responsables (los jueces) son invisibles, una vez más satanizándolos y echándole el agua sucia. Sin embargo, olvida el editorialista que son los padres de la patria los que legislan y hacen las leyes y al poder judicial o judicatura aplicarla, todo ello en concordancia con la constitución, gústenos o no y es que el juez tiene la obligación de fallar en Derecho, observando la norma y la jurisprudencia. Por último, comparto el final del editorial en el que se debe revisar las leyes, no para que los jueces no dejen libres a los hampones por tecnicismos o por las argucias jurídicas de sus abogados por cuenta del frágil y laxo sistema judicial y las supuestas concesiones que le otorga a los delincuentes, sino para que de verdad para que nuestros padres de la patria legislen no en beneficio propio sino para que haya una recta e imparcial justicia.
Para finalizar, quiero dejar esta pregunta suelta en el aire, en este país de doble moral: ¿será que a Manolo, Peñalosa, el Director, editorialista o periodista del diario, en el hipotético caso de verse el o un familiar inmerso en un proceso penal, harían o dejarían que el abogado contratado para su defensa hagan uso de esos tecnicismo o argucias que menciona el editorial para lograr su libertad o una resolución más benigna para su caso?
