El vicepresidente German Vargas Lleras sorprendió esta semana con declaraciones en contra de la Reforma Tributaria que el gobierno (del cual él hace parte) viene impulsando en el Congreso de la República. Es evidente que la preocupación del vicepresidente no está relacionada con el impacto económico que pueda tener, en general, la Reforma Tributaria en los bolsillos de las familias, por ende, su rechazo no tiene que ver con alguna posición de política económica que se aleje de las exigencias que los organismos financieros multilaterales le vienen haciendo al gobierno para mantener la disciplina fiscal y la capacidad de pago tras la caída de los precios del petróleo que ha afectado en buena manera los ingresos del Estado.
La vinculación estrecha que Vargas Lleras tiene con el sector de la construcción, quien ha sido el principal beneficiario de la inversión pública durante el gobierno Santos, en primera medida, en lo relacionado con la adecuación de infraestructura vial para la cual fue contemplada una inversión desde el orden central por un monto de 21.2 billones de pesos en la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, en segundo lugar, se encuentran en marcha más de 150 proyectos de construcción de vivienda que se están adelantando con el objetivo de construir 77 mil viviendas para ahorradores, quienes cumpliendo con los requisitos del programa, pueden acceder a un subsidio del gobierno que cubre una parte de la vivienda, y financiar el resto del valor del inmueble a través del crédito. Para ello, el gobierno a través del Fondo Nacional de Vivienda destinará el 86% de los 2.21 billones de pesos a los que asciende el valor total del programa, los 0.3 billones restantes serán cubiertos por las cajas de compensación familiar que hagan parte del programa.
En ese orden de ideas, las declaraciones del vicepresidente en contra de la eliminación de la exención del impuesto de renta derivada de la enajenación de Vivienda de Interés Social, son la caja de resonancia de todo el sector de la construcción representado en CAMACOL, cuya presidenta, Sandra Forero Ramírez, había manifestado hace más de una semana que “eliminar este beneficio haría nula la posibilidad de ofertar nuevos proyectos de vivienda social y afectaría profundamente la ejecución de los programas de política pública, caso en el cual 230 mil subsidios estarían en riesgo de perderse. Esto corresponde al 77% de los recursos que ha dispuesto el Gobierno para fortalecer la política integral de vivienda.”
Por ello, no debe sorprender a nadie que la ficha clave de Cambio Radical para las presidenciales de 2018 manifieste su descontento con una medida que afectara los principales bastiones de su partido, el ministerio de vivienda a cargo de la exalcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera y el actual alcalde de esa ciudad Alejandro Char, teniendo en cuenta que actualmente se vienen desarrollando 14 proyectos de vivienda en el departamento del Atlántico, muchos de ellos construidos sobre terrenos que eran propiedad del prestante alcalde. Esto devela la intención de Vargas Lleras quien, por un lado, defiende los intereses económicos de los sectores económicos poderosos a los que representa, y por otro, inicia un proceso de proselitismo político populista adjudicándose las banderas de la vivienda social.
Lo más sano es que el vicepresidente deje de utilizar los recursos de la inversión pública para su campaña presidencial dando prontamente un paso al costado para que pueda ejercer su proselitismo de forma independiente al de los intereses de la cosa pública. De esa manera se dejara entrever los impactos reales que la Reforma Tributaria tendrá sobre los bolsillos de los colombianos y la imposibilidad del actual gobierno, y el congreso de la república, para encontrar fórmulas que permitan oxigenar las finanzas del Estado sin afectar los ingresos de las familias.
