Lo que hay detrás y debajo de las bombas

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El viernes 22 de mayo, en horas de la noche, los noticieros mostraban con bombos y platillos el video proporcionado por la fuerza aérea del bombardeo en zona rural de Guapi. En esas imágenes mudas apenas se podía distinguir la frondosa selva y uno que otro destello, imágenes claramente dirigidas a hacer la guerra más aséptica y consumible para millones de colombianos.

Qué fácil es vender una guerra sin el crujido de las bombas, sin los lamentos agónicos de los guerrilleros moribundos, sin los cuerpos destrozados, sin la imagen de los niños campesinos atemorizados debajo de sus catres, sin la venia de la madre rogando a dios para que esa no sea la última noche. Una guerra a la que se le ve, desde el confort del sillón de la casa, como si fuera un video juego más o una película grabada en un país cualquiera. Imágenes que no muestran lo que de verdad interesa: Lo que hay detrás y debajo de las bombas.

Lo que hay detrás del bombardeo, por el contrario, fue expuesto entre líneas ese mismo viernes en la mañana por el presidente Santos en su alocución cuando afirmó: “Señores de las Farc, es hora de acelerar las negociaciones, ¡¿cuántos muertos más necesitamos para entender que ha llegado la hora de la paz?!”. En esa frase se encuentra contenido todo el sentido del bombardeo y de estos 50 años de confrontación, sentido que no es otro que el de seguir persistiendo en la equivocada idea que aún albergan un número importante de sectores del establecimiento, de la posibilidad de lograr la derrota militar del movimiento insurgente, bien sea en el campo de batalla o en la mesa de conversaciones; y digo esto toda vez que lo que Santos busca acelerar en La Habana no es otra cosa que la aceptación por parte de las Farc de la propuesta gubernamental de justicia, que en lo fundamental se reduce a la cárcel para el movimiento insurgente. Es precisamente esa pretensión la que ha tenido a la mesa de conversaciones en más de un año sin lograr un acuerdo parcial en torno a los temas centrales de la agenda.

De este hecho se derivan por lo menos dos grandes preocupaciones: la primera de ellas, es que la discusión sobre cuál es el modelo de verdad, justicia y garantías de no repetición que requiere la paz nos compete al conjunto de los colombianos y no solo a una de las partes de la mesa, tal y como por medio de las bombas se quiere imponer por parte del Gobierno Nacional. Está claro que las insurgencias tienen responsabilidades que ellas mismas han reconocido, pero pretender que solo estas la tienen es equivalente a plantear que esta guerra ha tenido un solo bando.

Como sociedad necesitamos saber quiénes financiaron la creación de los grupos paramilitares, quiénes tomaron las decisiones que condujeron a las grandes masacres, quiénes del ejecutivo dieron la orden a los altos generales para cometer las violaciones a los derechos humanos, urgencia que no se anida en la sed de venganza, sino en la necesidad que tenemos como nación de construir un relato histórico aleccionador que, aunque doloroso, nos permita garantizar que estos execrables hechos jamás vuelvan a suceder.

Requerimos acordar como país las medidas tendientes a cerrar las grandes heridas que ha dejado esta larga guerra. Sin lugar a dudas un buen o mal acuerdo en este sentido puede marcar la diferencia entre la construcción de una paz estable y duradera cimentada en la reconciliación o un acuerdo de pacificación transitoria hasta un nuevo estadio de guerra tal y como nos ha pasado sucesivamente en nuestra vida republicana.

La segunda preocupación radica en que la lógica sobre la que se erigen los actuales bombardeos es la que en gran medida ha generado el conflicto, la cual no es otra que la de querer dirimir los grandes debates políticos del país a punta de bala, la misma que nos llevó a la guerra de los mil días, al asesinato de Gaitán y al bombardeo a Marquetalia, solo por mencionar algunos hechos históricos. La misma que si no se supera hará inviable más temprano que tarde el proceso de paz. Si algo es claro, es que si queremos en realidad detener la guerra debemos construir como país un consenso en torno a la idea de que debemos transitar y dirimir nuestros conflictos de una forma distinta a la aniquilación del contradictor político.

Lo que hay debajo de las bombas debería ser más claro para nosotros pero lastimosamente no lo es. Lo que hay debajo de las bombas somos los colombianos y espacialmente doce millones de nosotros, cifra que se estima es la población rural de nuestro país. Digo esto porque se equivocan quienes afirman que estas súper bombas “inteligentes” solo afectan a las guerrillas. Se estima que en cada una de estas operaciones entre el costo de las bombas, el desarrollo de inteligencia y la movilidad de las aeronaves, el estado colombiano gasta más de mil millones de pesos, mucho más dinero que el que el estado ha invertido en los últimos años en educación, salud y vías en la deprimida vereda San Agustín del municipio de Guapi donde ocurrió el bombardeo, cifras que develan que mientras el establecimiento siga destinando gran parte del erario público a la guerra será muy difícil solucionar las necesidades básicas de los colombianos.

Pero más allá de estas cifras están las vidas humanas, las autoridades del municipio de Guapi reportan 538 personas desplazadas, mientras que las comunidades de Remedios en Antioquia alertan por 300 desplazados de la vereda Mina Nueva, lugar donde ocurrió también recientemente un bombardeo, hechos que en menos de una semana suman más de 800 personas a las que de un momento a otro les cambia su vida por completo y que pasan a engrosar las ya indignantes cifras que tienen a Colombia como el país con mayor desplazamiento forzado interno en el mundo.

Sumado a esto, y producto del escalonamiento del conflicto del que ha estado acompañado el reinicio de los bombardeos, según la comisión nacional de derechos humanos de Marcha Patriótica, entre el 19 y 29 de mayo se han presentado cinco ejecuciones extrajudiciales, dos atentados, dos desapariciones forzadas, siete heridos y siete ataques contra bienes civiles, todos hechos cometidos contra comunidades civiles rurales. Y esto se da porque, contrario a lo que se cree en las ciudades, las bombas y la guerra caen en las fincas de los campesinos, indígenas y afrocolombianos; entre sus cultivos, en sus fuentes de agua, encima de su ganado y, no en pocas ocasiones, encima de ellos mismos.

Estos elementos, sin lugar a dudas, ponen de presente la necesidad de anteponer a los bombardeos y el escalonamiento del conflicto una gran campaña por el cese al fuego bilateral que permita no solo salvar la vida de miles de colombianos, sino el mismo proceso de paz y empezar a desvertebrar de una vez y para siempre la lógica que ha generado la guerra en nuestro país.