Luego de tres años y medio de administración y con un alto déficit en Viviendas de Interés Prioritario – VIP (se han construido 2.000 de las 70.000 inscritas en el Plan de Desarrollo de la administración) el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Orrego, anuncia que construirá 372 viviendas para familias desplazadas y víctimas del conflicto en siete predios propiedad del Distrito, ubicados en sectores residenciales de alta valorización y donde viven las personas con mayor poder adquisitivo.
Apartándonos de la polémica generada por estas declaraciones, los comentarios en medios informativos y las posiciones de otros actores, analicemos esta medida desde el punto de vista de las políticas públicas: los pasos que se deben dar para su construcción, socialización y puesta en marcha dentro de los gobiernos democráticos y la administración pública denominada humana que pretendemos existe en Bogotá.
Primero: la decisión de la alcaldía y la sorpresa relativa que la misma ha causado en diferentes sectores, pertenece al denominado fenómeno NIMBY (not in my back-yard) que puede traducirse como “no en mi patio trasero” y que es una tendencia mundial cuando se habla de medidas de inclusión y reinserción. Por un lado, los ciudadanos quieren construir relaciones equitativas y de convivencia, y por el otro, no desean que dichas medidas se produzcan cerca de sus lugares de habitación porque tienen resistencias con el deterioro de la seguridad y la desvalorización de sus predios. Los prejuicios de los afectados merecen al menos ser considerados y estudiados, si se trata de un proceso de construcción de una política pública de convivencia como el que con tanto bombo anuncia constantemente el burgomaestre local.
Los individuos, cada vez más encerrados en sus razones y defensa de los intereses particulares, desconocen el bien colectivo. La autoridad local, por su parte, no realiza la imprescindible información de la medida de forma transparente e incluyente, con un diálogo abierto entre los diferentes actores implicados; solamente lanza el bumerang informativo, generando una polémica innecesaria, polarizante y divisionista entre los ciudadanos, que ahonda el resentimiento y abre las recientes heridas de violencia social. La manera de abordar esta situación no es culpabilizando a los ciudadanos por egoístas sino socializando, despejando dudas y deliberando.
Segundo: ¿Cómo hacerlo bien? Si el propósito es generar convivencia y desaparecer las odiosas barreras de “estratos sociales” que existen en la ciudad, además de brindar viviendas de calidad a personas que sufrieron la violencia y la segregación de los conflictos nacionales, habrá que tomar medidas asertivas e inteligentes para lograrlo. Veamos algunas:
1. Los problemas complejos, como el de la convivencia, exigen soluciones complejas. Hay que admitir que no todos saldrán ganando pero también que dicha decisión no puede tomarse a “pupitrazo” por el alcalde local sino que exige una deliberación, un consenso y una autoridad que escuche y responda.
2. Definir los criterios de la política: esto implica trabajar en criterios políticos que determinan la decisión, dejando de lado los oportunistas o polémicos y el cálculo electoral. Detrás de estos criterios hay una política en marcha de la administración y una responsabilidad de la misma en las decisiones que se tomen.
3. Pensar en compensaciones: Es apenas lógico que un poseedor de un bien, reciba una compensación por la pérdida de valor del mismo a consecuencia de una política de la administración local. En el análisis de políticas públicas, las compensaciones por situaciones no deseadas suelen ser válidas y recomendables. Pensar, por ejemplo, en un alivio al impuesto predial o de valorización para los residentes o cualquier otro beneficio similar que calme los ánimos y genere la deseada convivencia.
4. Convocatoria a debate de todos los actores implicados: Una vez aclarados y estipulados los criterios y las posibles compensaciones, convocar a todos los implicados: residentes, nuevos residentes, el gobierno nacional que impulsa las viviendas de interés prioritario, las organizaciones y empresas del sector, las juntas de acción comunal, la policía de los cuadrantes, etc. y abrir el debate. Si el alcalde piensa que una medida como ésta debe ser tomada calladamente y sin participación ciudadana, no podrá esperar que se generen lazos de convivencia o que se rompan barreras sociales con la misma, es decir, no se cumplirá con el objetivo que argumenta.
5. Escuchar y responder: en un debate serio, es preciso contar con documentadores que reciban todas las inquietudes y dudas de los actores. Luego, con un tiempo suficiente para el estudio de las mismas, se debe citar a un nuevo debate y dar respuesta cada una de ellas. Esto no implica aceptarlas pero sí ofrecer los argumentos de por qué si o por qué no. Esta actividad puede tomar tiempo y demorar las decisiones, pero es indispensable en la democracia participativa y en el logro del objetivo propuesto. La deliberación descarta la posible arbitrariedad de la medida y puede generar mejoras en la misma a partir de la ideas que se planteen.
6. Autoridad y deliberación: la sabia combinación de estas dos variables y el transitar de modelos jerárquicos y autoritarios a modelos relacionales y participativos, logrará despejar dudas y temores, posibilitará que los habitantes actuales y los futuros se conozcan y se generen los primeros acercamientos, descartará las peticiones imposibles y llevará a tomar la decisión teniendo en cuenta que el Capital Social, la paz y la Convivencia Ciudadana no se decretan ni se firman, se construyen.
7. De clientes a ciudadanos: al realizar un proceso de construcción de la política pública de Convivencia y Vivienda Incluyente sin Estratos de esta manera, se pasará de un modelo de atención al cliente al modelo de escuchar al ciudadano. Los habitantes ya no serán los clientes de los políticos que esperan sus decisiones y subvenciones, sino los ciudadanos participativos de las decisiones públicas. La administración pública no es una empresa que presta servicios sino que ofrece políticas púbicas, y lo hace para todos los ciudadanos y no solamente para su clientela electoral.
Y como suele suceder con todas las políticas públicas, habrá ganadores y perdedores. A la vez que se propiciará y trabajará en esa futura convivencia incluyente que debe ser capaz de construir Capital Social, en lugar de resentimientos y odios.
Que alguien le cuente al alcalde.
