Más allá de las cenizas, un incendio deja también una serie de especulaciones que van desde el cómo sucedió y qué lo causó. Y en Apía, la conflagración que acabó con diez mil archivos judiciales, sí que las tiene.
La estela de dudas que dejaron reducidos a la nada, documentos, equipos y el inmueble de al menos un siglo, dejan abiertos interrogantes en algunos de los habitantes, que, sin ahorro de palabras, advierten que las hipótesis podrían incluir la mano criminal o fallas eléctricas.
Pero más allá del morbo con que se untan los comentarios locales, la casona de bahareque y tejar, por donde pasó la mayoría de apianos cuando servía de sede del colegio Valentín Garcés, recopilaba en archivadores y equipos de cómputo los expedientes de los juzgados promiscuo del circuito y municipal.
Procesos provenientes de Pueblo Rico y Santuario(Risaralda) se sumaban a los locales, e incluían algunos delitos por narcotráfico, microtráfico, homicidio, secuestro simple, peculado por apropiación y abusos sexuales, como lo confirmó el juez Rodrigo Ramos García.
"De esos procesos que se quemaron, algunos estaban vigentes y otros tenían un valor más histórico. Lo cierto es que es imposible recuperarlos todos. No obstante, la ley establece la reconstrucción de expedientes y para eso podemos ayudarnos de los archivos de la Fiscalía, Policía e instrumentos públicos, entre otros", adujo el juez.
Los procesos más vigentes, registrados hasta el 31 de octubre del presente año, sumaban 53 por todo tipo de delito dentro del sistema penal oral acusatorio; 83 civiles; 6 laborales y 20 varios. "Esta información la recuperamos en internet", explicó el togado.
Fueron los bomberos locales más la asistencia de los de Santuario, los que lograron después de cinco horas, apagar el fuego que acabó con la centenaria estructura donde también tenían sede la Sijín, la escuela de bachillerato rural, el núcleo educativo, los scouts, la escuela Vida Silvestre, el archivo municipal y de las Empresas Municipales.
"Asistimos con 16 unidades y dos máquinas, las pérdidas todavía no se cuantifican y las investigaciones requieren de un profesional, pero no tenemos recursos para pagarlo", expresó el capitán Luis Alberto Gaviria.
Hasta la fecha no existe autoridad que diga cuáles fueron las causas, todas se remiten a los resultados de las investigaciones, sin la certeza de saber quién o quiénes la ejecutan.
"Falta hacer un estudio riguroso que nos diga qué fue lo que pasó realmente y otro, que detalle si el suelo quedó en condiciones para ser usado nuevamente", precisó Jorge Orlando Zapata, secretario de Gobierno que dio aviso a los bomberos cuando se percató del incendio.
Para el juez Ramos, el no haber recibido una amenaza en el tiempo que lleva al frente de los juzgados y el hecho de que los delitos recaen en el sujeto y no en el expediente, le apuntan a descartar la intervención de manos criminales.
"No creo que nadie se haya favorecido con este incendio, más bien todos nos perjudicamos, porque en lo que concierne a nosotros, apenas nos estamos acoplando a la nueva sede", concluyó Ramos.
El sofoco producido por las llamas que amenazaban con llegar hasta su casa ayudada por los vientos, despertó al tendero Arnulfo Cano. Luego, las explosiones lo sacaron tajantemente de la cama.
"El calor era fuerte, se sentía muy cerca y llegué a tener miedo. Cuando me asomé, la casa ya estaba en llamas y en menos de hora y media se acabó", indicó el comerciante que vive justamente en la esquina colindante donde el fuego apareció.
Lo cierto es que ese 7 de noviembre nunca lo olvidarán y cada vez que pasen por la edificación en ruinas, recordarán los salones y pasillos donde alguna vez, recibieron sus primeros conocimientos.
