La manera como el Gobierno Nacional viene afrontando la explosiva situación de la costa nariñense y del municipio de Tumaco, es equivocada. Es como si las autoridades se hubieran propuesto juntar todos los elementos necesarios para producir un estallido social, estallido que habría podido comenzar la semana anterior con la muerte de los seis recolectores de hoja de coca y las lesiones a otros veintiuno.
En Tumaco los indicadores económicos y sociales son una vergüenza. Baste decir que en el casco urbano de la población el cubrimiento de acueducto es inferior al 30 %, y el de alcantarillado apenas si llega al 5 %. Esto mientras el desempleo supera cualquier límite imaginable y los partidos políticos pertenecientes a la gobiernista Unidad Nacional, han permitido que sus representantes saqueen las arcas públicas locales generando un carrusel de destituciones y el paso de sesenta alcaldes en lo corrido de este siglo.
En paralelo durante los tiempos recientes, cuando se suspendieron las fumigaciones aéreas y crecía la presencia de mafias narcotraficantes, bacrim y minería ilegal, la falta de ocupación del territorio por el Estado y sus efectivos se hacía menos evidente. Situación repudiable porque uno de los argumentos principales para vender el acuerdo de paz fue que tal instrumento implicaría mejorar el control, concentrar recursos y fuerzas en los lugares donde ellos fueran necesarios.
El coctel maldito ha tenido tres ingredientes: coca con el subsecuente narcotráfico; falta de oportunidades para derivar ingresos y ausencia del Estado. Los gobernantes no quisieron entender que se necesitaba una estrategia integral y se focalizaron en arrancar cultivos. Sin fumigación aérea los esfuerzos se dirigieron a la eliminación voluntaria, pero los programas consensuados con la población, no se materializaron. Según ha trascendido apenas han logrado la erradicación voluntaria del 2 % del área sembrada. La situación es consecuencia de que los medios financieros que debe aportar la administración central no han aparecido, y los programas de siembra alternativos no cuentan con las estrategias y el respaldo necesarios.
Las consecuencias de lo anterior no pueden ocultarse. En los últimos dos años las hectáreas de coca sembradas en la región se han multiplicado por tres. Una situación llamada a incidir de manera directa en la generalización de la violencia y el aumento de los homicidios, que se han incrementado cerca del 20 % en la cabecera municipal durante lo corrido del año.
La pregunta que cabe es ¿por qué ha sido tan lento el avance de los programas de sustitución voluntaria con participación de los campesinos? ¿Por qué se prefiere la erradicación forzada? ¿Por qué dar tratamiento de orden público a una situación que tiene naturaleza social?
Responder a estas cuestiones pareciera simple: la sustitución voluntaria de cultivos es mucho más costosa y compleja que la erradicación forzada, y su avance es bastante lento. Un lujo que el gobierno santos no puede darse tras la preocupación expresada por las autoridades estadounidenses. Estas desean resultados rápidos frente a la expansión permanente del área sembrada.
La sustitución voluntaria de cultivos
es mucho más costosa y compleja que la erradicación forzada,
y su avance es bastante lento
Y aquí vale la pena detenerse en unas palabras del ministro del Posconflicto según las cuales la sustitución voluntaria tiene limitaciones, ya que no podría aplicarse a cultivos que superen las 3,8 hectáreas. En otras palabras, todo cultivo que exceda esa superficie tiene el carácter de industrial y debe ser arrasado a como de lugar. Lo dramático es que cultivos como esos son la mayoría, y aunque su propiedad pertenezca a las grandes organizaciones criminales, no puede desconocerse que quienes faenan y cosechan son campesinos que carecen de otras alternativas de sustento. Esos campesinos necesitan soluciones humanas, no balas.
Para acabar de complicar las cosas el manejo de la información referente a los acontecícitosimientos de la semana anterior ha hecho que en la opinión pública cunda la desconfianza hacia la Policía Nacional. No se entiende que contra las evidencias disponibles esa institución filtrara versiones achacando los hechos a alguna disidencia de las Farc. Si esas disidencias están metidas en el negocio del narcotráfico como se presume, ¿que interés podrían tener en atacar a unos trabajadores del campo cuya actividad es indispensable en la producción del insumo principal para aquel negocio maldito?
Los acontecimientos de Tumaco dejan claro que la sospecha de infinidad de colombianos era cierta. Esto es que a pesar de lo firmado en La Habana el gobierno no tenía la organización, ni los recursos, ni la estrategia para erradicar los cultivos ilícitos, ocupar el territorio, crear institucionalidad y generar oportunidades de ingresos en las zonas antes controladas por la insurgencia.
Pero los dolorosos acontecimientos de Tumaco deberían servir, convertirse en oportunidad para visibilizar la tragedia de quienes moran en las regiones abandonadas. Al Estado por su parte, le correspondería entender que la eliminación de los cultivos ilícitos no puede lograrse a sangre y fuego. Solo será posible si se despliegan estrategias que involucren a los campesinos y se llevan al campo acciones eficaces de desarrollo social.
