El mal momento del gobierno actual puede ayudar al Dr. Santos —y sobre todo al país— a enfrentar como toca la realidad que vivimos.
Hasta ahora el manejo o manipulación de imagen había buscado desinformar respecto a la situación por la que atravesamos.
Su discurso de inauguración del Congreso podría estar marcando —voluntaria o involuntariamente— un cambio en la forma como continuará la administración de los problemas, dándole más importancia a resolverlos que a crear expectativas y a vender ilusiones o falsas realidades.
Detrás de las palabras o leyendo entre líneas, lo que queda claro es que, por ser poco lo que hay para mostrar como resultados, solo le queda apostar a las negociaciones de paz para no terminar como una gran decepción como mandatario.
Ya el discurso no es sosteniendo que el país nunca había estado mejor, sino reconociendo que está mal y prometiendo que las futuras medidas corregirán todo. Que estas sean las adecuadas no se sabe ni se sabe si se cumplirán o a quien corresponderá esa tarea; pero la condición para iniciar la corrección de un mal es reconocer que él existe. Es en este sentido que se ve un avance en la retórica presidencial (y gubernamental).
Es verdad que en el discurso citó muchas cifras y estadísticas sobre todo en cuanto a recursos asignados. Pero la población no ve ni vive sus efectos; por el contrario, se vuelve escéptica respecto a lo que pueden producir; no solo en los paros actuales que se pretenden acallar con partidas presupuestales, sino por lo visto en el pasado (por ejemplo los recursos destinados a la emergencia invernal solo se han cumplido en menos de un 70% y hoy no se sabe ni dónde está el resto, ni quien lo maneja).
Pero no es poco progreso el reconocer que el sector industrial y el sector agrario están viviendo una crisis; que la minería disminuye su atractivo y que es el momento de ponerle algo de orden; que lo que se esperaba de los TLC’s no se ha cumplido; que la salud se encuentra enferma y necesita urgentemente una cirugía; que el atraso de la infraestructura en vez de facilitar impide la movilidad que requiere el modelo globalizante; etc.
Claro que hacer promesas es lo natural en una campaña y por eso el énfasis en hablar de medidas a futuro; pero también es cierto que mal podría hacerse en este momento proselitismo alrededor de los resultados de los tres años de gobierno.
El censo agropecuario no será le redención del campo pero sí es la condición mínima para tomar decisiones al respecto; pero la herencia del anterior ministro no es lo que se va a realizar a partir del 2014 sino la de no haberlo realizado en el 2011 y 2012 como lo ordenó la ley. La desindustrialización es un hecho cumplido —y destacado por todos los analistas— luego cualquier programa futuro será un comenzar de nuevo. Los cuarenta y pico billones que se destinarán en los próximos quince años a las carreteras no van a ocultar que en estos años el atraso acumulado —porque en esto no hay que olvidar la contribución de Andrés Uriel— es equivalente a cuarenta años (lo no hecho más lo deteriorado). La afirmación de que lo negativo de los TLC es transitorio y que pronto recibiremos sus beneficios no tiene más sustento que la tautología de que como es bueno el tiempo lo probará, lo cual es negar con el simple deseo lo que la experiencia y los resultados dicen. El comprometerse a informar muy pronto cual será la nueva estrategia para enfrentar el fallo de La Haya respecto a Nicaragua no convence ni respecto a la seriedad del manejo ante la situación ya existente ni respecto a sus posibilidades.
La buena noticia es que para salvar la faz al gobierno solo le queda lograr un acuerdo en La Habana; y eso debería propiciar que se le dé más importancia a lo concreto que a la imagen. Hasta ahora no pareciera que la dificultad principal fuera el contenido de lo que se trata de acordar, sino la presentación y el mecanismo de ratificación. Ni los protagonistas ni los opositores han tocado para nada el tema de lo que se podría estar conciliando; en cambio todas las partes —guerrilla, gobierno y oposición— polemizan alrededor de hasta dónde va la impunidad, de si podrán participar en la política los insurgentes y del tema de si debe citarse a una Asamblea Constituyente o no.
Ante lo que significa un desmonte (así sea algo simbólico) del conflicto armado, y si se le reconoce más importancia a lo que vendría de ahora en adelante que al daño que se produjo en el pasado, es claro que el gobierno podría y debería ser bastante más flexible en esos puntos. Así, entre la necesidad del presidente de mostrar resultados y la lógica de no empantanarse en lo pasado y actuar más en función del futuro, el presidente Santos parece (o podría y también debería) resolverse a plantear en forma clara a Colombia si se la juega con él por la Paz o si sigue a Uribe en su obsesión por la Guerra.
