En los últimos días la ONG FUNAPROH, sus integrantes y líderes wayuu han sido víctimas de amenazas en el departamento de La Guajira. El 24 de enero de 2017 siendo las 6:23 de la tarde, Pablo Ojeda recibió un mensaje amenazante el cual decía lo siguiente “Señor Pablo Ojeda párele a las denuncias con ICBF si no c quiere morir ojo q están todos ubicados”. Pablo Ojeda Gutiérrez, es defensor de derechos humanos de grupos étnicos en el departamento de La Guajira y es el representante legal de la ONG FUNAPROH. Sin embargo, no sólo ha sido amenazado Pablo Ojeda sino otros líderes wayuu y defensores de derechos humanos de La Guajira, sus nombres son: Yelenka Gutierrez, Laurina Gutierrez, Brandon Gonzales, Matilde Lopez, Jose Silva, Judith Rojas, Juan Kambar, Pablo Ojeda y Carlos Blanco. La causa principal de la amenaza es por la acción de tutela que Pablo Ojeda interpuso contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional La Guajira en representación de 600 comunidades indígenas wayuu exigiendo consulta previa para escoger los Operadores o Fundaciones.
Las victimas afirman que detrás de las amenazas están las casas políticas que siempre han ejercido poder en La Guajira, quienes ven en riesgos sus intereses personales en la contratación ya que éstos son los que operan la mayoría de contratos en el departamento. De igual forma, afirman las víctimas que las amenazas provienen de los que siempre han tenido el poder y dominio del ICBF, es decir Alfredo Deluque y su mamá, Jorge Ballesteros y el alcalde de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure donde se ejecutan la mayor parte de recursos del ICBF dado el mayor número de comunidades indígenas que viven allí. Básicamente, esos municipios se han convertido en los focos de corrupción y favores políticos entre los mismos clanes políticos, quienes se quedan con las grandes contrataciones en alimentación pero la comunidad wayuu sigue muriendo de hambre y sed.
En horas de la mañana, Pablo junto a los líderes wayuu amenazados instauraron la denuncia en la fiscalía, pidiendo protección de manera urgente ya que no es la primera vez que los amenazan, sus vidas corren peligro ya que han llevado procesos contra multinacionales mineras como el cerrejón en representación de más de 600 comunidades wayuu.
