Gustavo Petro dice ser economista, pero el conjunto de fórmulas que ofrece aseguraría el colapso de la economía nacional: ampliar los subsidios sociales sin crecimiento vigoroso es insostenible, y la fórmula de cerrar aún más la economía, dizque para asegurar el empleo, resultaría en tasas famélicas, escaso valor del trabajo y crisis fiscal.
Rodolfo Hernández, por su parte, declara que derrotará a la corrupción, enfermedad que devora al país porque el mal uso de recursos públicos socava la ética nacional e inhibe el desarrollo social, sin especificar de manera precisa cómo lo hará.
Ambos tienen experiencia administrativa como alcaldes: Petro impulsó gasto social insostenible como herramienta para construir cauda electoral en el sur de Bogotá, y demostró escasa capacidad para formar equipo con personas con mejor formación y apreciaciones diferentes de las suyas.
Hernández hizo buena gestión y conquistó el corazón de los bumangueses, pero no evidencia entendimiento claro de la magnitud de la tarea que espera a quien asuma el gobierno de un país cuyo sistema político tiene deficiencias que impiden el progreso.
Toda Latinoamérica tiene problemas similares con el régimen presidencial, inadecuado para las complejidades del mundo actual: el Ejecutivo compra votos para sus proyectos.
No en vano casi todos los países desarrollados tienen régimen parlamentario, en el cual el legislador, responsable de hacer las reglas de lo público, asume la responsabilidad final por la administración; establecer verdaderos partidos, con programas serios, es condición necesaria para el éxito en este régimen.
La región está condenada a esperar magia de sus gobernantes, quienes, por supuesto, no pueden atender las expectativas.
El Estado en Colombia no ejerce el monopolio de la fuerza. De allí se deriva medio siglo de narcotráfico, fuente de efecto nocivo en la ética prevalente y causa de altas tasas de homicidio. El desorden institucional imperante, con desarticulación entre centro y periferia, educación de pésima calidad, comercio internacional basado en petróleo sin ser país petrolero porque no hay consistencia en las cadenas agroindustriales, desigualdad inaceptable, alto desempleo e informalidad desbordada, justicia ineficaz y leyes deficientes, todo invita a cambiar elementos básicos del Estado para enderezar el camino.
Convendría que quien gane la elección reconociera los beneficios de desmontar el régimen presidencial y construir el Estado Social de Derecho a través de un sistema de gestión fundado en estrategias, procesos y estructura coherentes.
Se oyen voces de preocupación por imputación penal a Hernández, sin considerar la presunción de inocencia; por su parte, él ha explicado que el proceso versa sobre un contrato en Bucaramanga que no se celebró, y que no conoce a quien habría sido el contratista.
Además, la candidata a vicepresidente que lo acompaña es profesional idónea, con formación de nivel doctoral, experiencia comprobada como rector universitario y temperamento ecuánime.
En esta materia el contraste entre Petro y Hernández es marcado.
El poder pleno en manos de la burocracia estatal que propone Petro es tan peligroso como el excesivo individualismo. Al ponderar los factores relevantes, en adición a las diferencias en conceptos de economía, hay diferencia decisiva entre los dos candidatos en apertura a diálogo: Hernández declara disposición a oír propuestas diferentes de las suyas, en tanto que Petro se compromete a romper con las élites de un pasado imaginario, sin fundamento en la historia; esa actitud confrontativa es anuncio de escasa voluntad para formar equipo con quienes piensen de otra forma.
Se necesita apertura mental y sentido crítico, y no pretensiones mesiánicas.
